Luego que pescadores fueran desalojados de la ocupación del lugar donde busca construirse una planta desalinizadora tras la orden de la Delegada Presidencial de Valparaíso, han proliferado cuestionamientos respecto a los permisos con los que cuenta la empresa para dar paso a la edificación de obras.

Por J. Arroyo Olea

El jueves de la semana pasada, pescadores artesanales fueron desalojados por Carabineros de Fuerzas Especiales mientras mantenían -por tres meses- una ocupación del terreno donde busca instalarse el proyecto Aconcagua, que contempla la construcción de una planta desaladora capaz de producir 1.000 l/s de agua dulce y un acueducto para su transporte de 105 kilómetros, encabezada por la empresa Aguas Pacífico.

Sin embargo, la ocupación de pescadores aún se mantiene, esta vez al lado la entrada a la faena, lo que ha permitido el monitoreo en el lugar de la situación. Ante esto, un nuevo antecedente se suma a la situación que se está viviendo. Este 12 de agosto, mediante una declaración pública. la empresa señaló que «no ha iniciado la edificación de su planta y no lo hará hasta contar con los permisos pertinentes conforme al avance de obras». En este sentido, apuntan a que las obras que se han desarrollado corresponden a obras asociadas a Subestación Eléctrica Puchuncaví. Asimismo, señala que su permiso de edificación ingresado al Departamento de Obras Municipales en abril de este año recibió observaciones y está actualmente en trámite.

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Antecedente de esto fue la información manejada por la propia Dirección de Obras Municipales de Puchuncaví, quien en un oficio respondió al concejal Ricardo Quero que la empresa no contaba con permisos de obras.

El hecho ha generado indignación por la comunidad y organizaciones que se movilizan cuestionando el proyecto de desalinizadora, más aún luego que del desalojo desarrollado tras una resolución de la Delegación Presidencial de Valparaíso, dirigida por la militante del Partido Comunista Sofía Alejandra González Cortés.

Por su parte, la Coordinadora Chao Desaladora Quintero-Puchuncaví -con una carta que lleva más de 50 adhesiones de organizaciones- señaló que el 11 de agosto «gran contingente de FFEE de carabineros llegó a primera hora de la mañana a la carretera F30-E para cuidar la obra ilegal de la planta desalinizadora de la empresa Aguas Pacífico, la que no cuenta con los permisos para avanzar con la construcción». En esta línea declaran denunciar «con repudio absoluto que la obra ha sido vigilada por una patrulla de carabineros 24/7 desde el desalojo hace nueve días, debilitando la tan necesaria seguridad en ambas comunas, poniendo a una empresa por sobre el resguardo que corresponde a sus funciones.»

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Fotografía principal: Fundación Terram