[resumen.cl] El pasado viernes, vecinos y vecinas integrantes de diversas organizaciones sociales se reunieron frente al Municipio de Coronel para protestar en contra de la instalación de un terminal marítimo de combustibles de Copec (Grupo Angelini). Además apuntaron a las autoridades por su gestión en materia ambiental. Esta semana la Municipalidad de Coronel realizó una acción administrativa en la Contraloría Regional anunciando que busca revertir la aprobación del terminal.

En noviembre de 2019 el proyecto Terminal de Productos del Pacífico de Copec había sido rechazado por una votación de 5 contra 4 en la Dirección Regional de la Comisión de Evaluación Ambiental. Pero esta decisión fue revocada por la dirección del Servicio de Evaluación Ambiental desde Santiago, donde dieron luz verde al proyecto de Copec.

Este proyecto de terminal marítimo de Copec en el acceso norte de Coronel, incluye 7 estanques para el acopio de combustibles con una capacidad de 19 mil metros cúbicos. Estos se encontrarían ubicado a solo 300 metros de recintos educacionales y de las poblaciones Escuadrón Sur y Jorge Alessandri.

Los manifestantes presentes acusaron que «a 10 meses transcurrido el rechazo del proyecto de Copec el municipio no ha hizo uso de ninguna de las facultades que le entrega la Ley General de Urbanismo y Construcciones para congelar el uso de suelo para industrias peligrosas y así impedir la instalación de Copec y otros futuros proyectos industriales»

Este lunes, el municipio de Coronel recurrió a la Contraloría Regional para revertir la aprobación de este terminal marítimo

Manifestantes también apuntaron al Plan Regulador Metropolitano del Gran Concepción

Las organizaciones sociales denuncian que el municipio no ha trasparentado sus acciones en el proceso del Plan Regulador Metropolitano de Concepción. En ninguna de sus observaciones se habría opuesto al relleno de los humedales, a la expansión de los parques industriales y la posible construcción de infraestructuras sanitarias o vertederos. Estos proyectos podrían empeorar la crisis socioambiental que vive la ex comuna minera.