Durante un mes de intensas movilizaciones, las y los trabajadores de la salud mental en el sistema público pusieron sobre la mesa una serie de problemáticas que aseguran, llevan años sin ser respondidas por las autoridades y que gracias a su protesta y organización, podrían ver la luz. Los compromisos van en la línea de la disminución de brechas de personal y especificación de funciones, infraestructura e inversión.
Este lunes, funcionarios de los distintos Centros de Salud Mental (Cosam), pertenecientes al Servicio de Salud Concepción (SSC), depusieron su paralización, tras un mes de marchas, concentraciones y constantes emplazamientos a las autoridades de salud en el Biobío. El acuerdo «soluciona la parte que tiene que ver con las condiciones laborales de los trabajadores, una parte pequeña de la brecha y el tema de la infraestructura", aseguró Ricardo Alarcón, delegado y psicólogo del COSAM Leonor Mascayano.
La premura de los y las funcionarias de la salud mental se debía al paralelo que persiste entre sus malas condiciones laborales, y la notoria alza en la demanda de pacientes para esta área. Lo anterior se entrelazó con demandas catalogadas como «históricas» por los trabajadores del sector, quienes, durante el mes de movilización, acusaron que la respuesta desde el Minsal siempre fue «de falta de presupuesto».
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Tras múltiples movilizaciones, las y los funcionarios presionaron la presencia de la ministra de la cartera de Salud, Ximena Aguilera, quien tuvo que hacerse parte de las negociaciones ante la imposibilidad, por parte del Servicio de Salud Concepción y del Hospital Guillermo Grant Benavente, de terminar con la suspensión de los servicios al interior de los COSAM que funcionan bajo su alero. "Fue quien selló el acuerdo, nos permitió avanzar en esto", señaló el Gestor de la Red Asistencial penquista, Víctor Valenzuela.
Fueron tres los puntos conseguidos por las y los funcionarios, que podrían mejorar, en el corto plazo, algunas de las tantas falencias del sistema de salud mental, que al igual que en el resto del sistema de salud pública, permanece colapsado y que entrega a la población atenciones diferenciadas; con precariedades para algunos y comodidades para otros, por ejemplo, para quienes se atienden en el Hospital Clínico Militar de Concepción, de manera ágil y expedita.
En definitiva, las autoridades de la salud -nacionales y regionales- comprometieron, según palabras del director del Servicio de Salud Pública; Respecto del acuerdo, Valenzuela Álvarez indicó que establece tres ámbitos de acción: «primero, una reestructuración y definición clara de funciones y manuales organizacionales para mejorar las condiciones de trabajo del personal; segundo, una disminución de las brechas en recursos humanos y, tercero, la destinación de más de 3 mil millones de pesos para realizar inversiones en infraestructura en los diferentes dispositivos de salud mental de la Red».
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Ricardo Alarcón, parte de la vocería de los y las funcionarias del Servicio de Salud Concepción, aclaró que parte de los compromisos asumidos aun deben ser respaldados por la dirección de presupuesto.
En esta línea, es preciso apuntar las críticas del sector hacia el presupuesto en Asalud publica para el 2025, y en específico para la salud mental, dando cuenta de que, «lo que nos llama la atención, sobre todo para el área de salud mental, es la falta de presupuesto destinado a recursos humanos. Gran parte del área de salud mental está pensada más bien en infraestructura, que es justamente uno de los puntos en donde nunca hemos estado en desacuerdo con la Dirección del Servicio de Salud. En la parte de recursos humanos es donde hay más limitaciones, y es justamente lo que estuvimos dándole más relevancia, tanto a las conversaciones con el director del Servicio de Salud, con la Dirección del Hospital, y cuando llegamos a nivel nacional, a la Comisión de Salud del Congreso, en el Senado.
El dirigente agregó que, «la salud mental es una de las áreas más dejadas de lado en el presupuesto de salud en general. Como un dato, la salud mental cuenta con un 2,6% calculado, aproximado, de todo el presupuesto que se destina de la nación a salud. Consideramos que la administración que tome el desafío de darle relevancia a la salud mental, sea esta, sea la próxima, la que fuere, va a recoger un tema estructural que no se ha podido solucionar en los últimos 20 años».
Pese al acuerdo tomado entre funcionarios y autoridades de gobierno, pareciera que no está del todo zanjado el monto del presupuesto anunciado desde el SSC o la consideración de una baja en la brecha de personal.
Con respecto al mes de intensas protestas, Alarcón enfatizó en que, «que la unión de los trabajadores de los 10 dispositivos que estábamos en movilización fue relevante, de demostrar que en realidad esto no se trata de hacer un acto de porfía porque sí, sino que tenemos argumentaciones técnicas que dan cuenta de estas postergaciones argumentales».
El vocero concluyó: El conflicto no ha terminado en su totalidad, dado que necesitamos la respuesta de la Dirección de Presupuesto Nacional, por lo tanto, la movilización se mantiene en alerta y estamos en constante reunión. Vamos ya a constituir las mesas técnicas para bajar estos acuerdos a políticas realizables que ejecuten este acuerdo».