Tres años se cumplieron este martes del asesinato de Pablo Marchant Gutiérrez, quien, realizando una recuperación territorial en el sector de Casa Piedra, en la ruta que une Tranapuente con Carahue, fue asesinado por personal policial. Peritajes apuntan a una ejecución extraoficial y hoy su madre, familia y redes de apoyo luchan por obtener justicia.

Por JC Contreras Jara

Fue durante la madrugada del 9 de julio de 2021 que, en medio de una acción de sabotaje y control territorial contra Forestal Mininco, propiedad de la familia Matte, cayó abatido Pablo Marchant. Tras meses de hermetismos, en noviembre del mismo año, se conocieron los resultados de un informe tanatológico que apuntaba a una ejecución y al impacto de dos disparos contra el cuerpo, uno en uno de sus brazos y otro con apoyo en la cabeza.

Cabe destacar que durante los primeros días después del asesinato de Marchant, desde el Servicio Médico Legal de Temuco no plasmaron en su informe dichos sucesos, pese a que en sus testimonios, la pareja de Carabineros implicada en el asesinato del joven comunero declaró que Pablo no les disparó y que el tiro en la cabeza con el que lo abatieron fue percutado a corta distancia y que no portaban cámaras GoPro. De ahí en adelante las irregularidades fueron en aumento.

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En la actualidad, su madre, Miriam Gutiérrez, es quien ha llevado adelante el proceso de búsqueda de justicia, apelando siempre a la ejecución de su hijo y a la impunidad del caso, que luego de tres años no cuenta con ningún formalizado. Lo anterior, pese a que se conoce la identidad del funcionario policial que le habría disparado, quien fue identificado como Hugo Huenchuvil Antil. 

Solo gracias a la insistencia de su madre y de las redes de apoyo con las que cuenta, el caso de Pablo Marchant sigue vivo y a la espera de nuevos peritajes, los que consistirán en la exhumación de su cuerpo, análisis que podrá esclarecer el mecanismo en que fue asesinado el pasado 9 de julio de 2021. 

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Además de la permanente insistencia judicial de su madre, Miriam Gutiérrez, y de sus redes de apoyo, también existe una querella patrocinada por el INDH contra quienes resulten responsables. En la acción legal, la institución de Derechos Humanos se refiere a los balazos percutados por personal policial contra Marchant, dando cuenta de que ««ambos impactos balísticos resultan necesariamente diferentes y separados temporalmente», lo que daría cuenta de que primero fue herido e inmobilizado y después ejecutado.

Actualidad del caso

En concreto, fue a principios de marzo de este año que el Ministerio Público se sumó a la solicitud de la familia de Pablo Marchant de exhumar su cuerpo, cuestión a la que le dio luz verde el Juzgado de Garantía de Carahue en una audiencia realizada el pasado 7 de mayo. Tras este último hito, es la Fiscalía la que debe entregar un informe de factibilidad que de paso a la exhumación, la que se aplazó para fines del presente mes. 

Actualmente, la familia de Pablo Marchant no solo lucha contra la impunidad de su asesinato, la que se extiende por tres años, sino que con las barreras económicas que afectan a una familia popular para acceder a justicia. Para sortear esta situación,  la solidaridad de quienes forman sus redes de apoyo ha sido fundamental en la obtención de recursos para solventar nuevos peritajes.

Por ello, el llamado de la madre y hermana de Pablo, como de sus redes de apoyo, es seguir participando de las actividades que tienen como finalidad, no solo difundir su situación judicial, sino que también ser sostén de todos los gastos adosados a esta investigación. 

A tres años del asesinato y ejecución extrajudicial de Pablo Marchant, su caso podría comenzar a dilucidarse con los próximos peritajes a realizarse durante las próximas semanas, y con ello, conocer el nivel de implicancia que tiene, una vez más, Carabineros de Chile en el asesinato de un comunero mapuche en contexto de recuperación territorial.