Tras la autorización por parte del Juzgado de Garantía de Carahue, Fiscalía tiene un plazo máximo de 30 días para entregar el informe de factibilidad que permitirá ejecutar las pericias sobre el cuerpo de Pablo Marchant Gutiérrez.
Por JC Contreras Jara
Fue a principios de marzo que el Ministerio Público se sumó a la solicitud de la familia de Pablo Marchant de exhumar su cuerpo, buscando así esclarecer el nivel de participación de Carabineros en su asesinato, perpetrado el 9 de julio de 2021 al interior de un fundo de Forestal Mininco, propiedad del Grupo Matte, en medio de una acción de sabotaje y recuperación territorial.
Luego de la decisión de Fiscalía, era el Juzgado de Garantía de Carahue el que debía fijar la audiencia en la que se discutiera la realización de la exhumación del cuerpo de Marchant, accediendo a ella el pasado 7 de mayo. Tras la determinación del tribunal y el informe solicitado al Ministerio Público, se podrían estar concretando nuevas pericias tanatológicas a mediados de junio próximo.
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Pese a que Miriam Gutiérrez, madre de Pablo Marchant, señaló a Resumen que, «esto es muy importante, porque da paso para conocer la real verdad de lo que pasó con Pablo ese día», acotó que, «ha pasado mucho tiempo para llegar a esto, habiendo pericias súper importantes que se podrían haber realizado y haber formalizado a los carabineros implicados en el asesinato de mi hijo».
Cabe destacar que el caso de Pablo Marchant lleva tres años rondando en la absoluta impunidad, sin ningún formalizado hasta la fecha, pese a que se conoce de la presunta participación de al menos un funcionario de Carabineros en su asesinato, hablamos de Hugo Huenchuvil Antil. Además de la permanente insistencia judicial de su madre, Miriam Gutiérrez, y de sus redes de apoyo, también existe una querella patrocinada por el INDH contra quienes resulten responsables. En dicha querella, la institución de Derechos Humanos se refiere a los balazos percutados por personal policial contra Marchant, dando cuenta de que ««ambos impactos balísticos resultan necesariamente diferentes y separados temporalmente», lo que daría cuenta de que primero fue herido e inmobilizado y después ejecutado.
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Fue la propia familia de Marchant la que gestionó pericias tanatológicas 4 meses después de su asesinato, en julio de 2021, a manos de funcionarios de Carabineros, las que apuntaron a una ejecución. Gutiérrez exigió al Ministerio Público y el Servicio Médico Legal, «realizar todas las pericias que tienen que hacerse para que se llegue a la verdad, de forma seria, que no se deje nada en duda».
Por lo pronto los pasos a seguir dependen del cumplimiento por parte de Fiscalía del informe de factibilidad que permitirá al Servicio Médico Legal realizar los peritajes al cuerpo de Marchant Gutiérrez, teniendo un plazo estimado a vencer a mediados de junio.