Por Alejandro Baeza

El acuerdo que impuso la clase política para crear una nueva Constitución tiene, como uno de sus elementos más exóticos, un organismo al que bautizaron como «Comisión Experta», un comité que tendrá la función de tutelaje para el debate constitucional.

Conformada por 24 expertos «designados» que repiten la fórmula de los senadores designados de los años noventa, la década que tanto añora la clase política, -y un concepto que aplica perfecto al ser el «Consejo Constitucional» una réplica de la forma de elección del Senado– será un órgano esencialmente santiaguino. El poder centralizado tendrá la misión de «cuidar» el debate para no repetir lo que para ellos fueron «errores» del proceso anterior.

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Y si bien la propuesta de Constitución rechazada el 04 de septiembre tenía aspectos criticables o discutibles, uno de los que sí representaba una transformación importante en relación a nuestros 200 años de República era, precisamente, el paso adelante en descentralización, tanto en materias de ciertas autonomías territoriales, regiones especiales y asambleas locales.

El -incluso insuficiente- espacio abierto en la Constitución rechazada fue posible en gran medida porque en la Convención había representantes de todo el país, que trabajan en sus ámbitos en sus comunidades, ya sean académicos, organizaciones sociales o políticos.

En cambio, si analizamos los 24 nombres de las y los «expertos» vemos cómo son todos no solamente representantes de la más añeja clase política, aunque un par sean jóvenes en su edad biológica, sino son también personas de los círculos de poder santiaguinos, ya sea del ala progresista o conservadora.

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Las excepciones corresponden a Leslie Sánchez (PPD), licenciada en ciencias jurídicas y sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción; Magaly Fuenzalida (FRVS) de Valparaíso y periodista de la PUCV; y Paz Anastasiadis (DC), abogada de la Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar. Es decir, la representación territorial, salvo Sánchez, está circunscrita prácticamente al Gran Valparaíso, que no es precisamente en lo que se piensa cuando se habla de descentralización.

Si somos más laxos con el concepto, también podríamos aceptar a Domingo Lovera (RD) y Teodoro Ribera (RN) que, si bien nacieron en San Felipe y Temuco respectivamente, a temprana edad se trasladaron a Santiago, donde terminaron sus estudios escolares y universitarios.

Este asunto ha pasado sin siquiera cuestionarse en un ecosistema mediático totalmente santiaguino, para quienes esto es tan normal que ni llega a ser tema. Pero no se trata de simples detalles simbólicos o estéticos. En asuntos bien concretos, todos los centros de poder empresarial, las gerencias o edificios corporativos se encuentran en Santiago, particularmente en un par de comunas del sector oriente. Lo mismo ocurre con el Poder Judicial con la Corte Suprema, el Ejecutivo, las sedes de absolutamente todos los partidos políticos del país, así como los principales medios de comunicación que hegemonizan el debate. Todo está en Santiago, es en este espacio material concreto -oficinas, cafés, colegios, universidades, piscinas, bares o nightclubs específicos- donde se tejen las redes de los distintos poderes e instituciones.

Y es que para elite la pérdida de poder no sólo tiene que ver con cuestiones económicas, de recursos naturales o regulación laboral, también representa el control sobre las instituciones del poder, concentradas geográficamente y a las que pueden acceder por apellido, redes de influencia o cuoteo político.

Así, todo hace indicar que este tutelaje santiaguino de los «expertos» es un episodio más del peso de la noche portaliana de una elite capitalina sobre un pueblo al que, o desprecia o le tiene miedo.