[resumen.cl] Ya son siete meses sin justicia para Pablo Marchant, comunero mapuche asesinado por efectivos policiales. RESUMEN conversó con familiares del joven para conocer la situación actual de las investigaciones, un escenario cruzado por la impunidad y la persistencia en la lucha por conocer la verdad.
Siete meses han transcurrido desde que Carabineros de Chile asesinaran a Pablo Marchant en el sector de Casa Piedra, hecho que ha demostrado con el paso del tiempo las diversas irregularidades de parte de la policía y los mecanismos judiciales encargados de desarrollar la investigación, y por el cual se responsabiliza a los funcionarios Hugo Huenchuvil Antil, Eduardo Mora y Guillermo Santander.
Y es que el escenario tras el asesinato de Marchant ha estado cruzado por antecedentes relevantes para avanzar en las investigaciones. La declaración de los agentes policiales que da cuenta de un disparo ejecutado a corta distancia y sin poseer registros de sus cámaras corporales, sumado a las pericias tanatológicas que confirmaron que el joven militante de la Coordinadora Arauco Malleco – CAM fue ejecutado con un disparo en la cabeza dan cuenta de aquello. Sin embargo, la falta de movimiento en la causa ha generado un clima de impunidad.
RESUMEN conversó con familiares de Pablo Marchant, para conocer la situación actual del caso y cómo este ha decantado en lo que han denominado «una impunidad brutal».
En este sentido, Miriam Gutiérrez, madre del joven, enfatiza en que todo el proceso ha sido irregular, desde el asesinato de Pablo hasta la situación actual de la investigación. «A mi no me avisó nadie, ni Carabineros, ni Investigaciones, nadie se acercó a mi para darme alguna explicación, absolutamente nada; toda la información yo la tuve de las comunidades donde él vivía y ayudaba», indica Miriam respecto al proceso mediante el cual se enteró del asesinato de Pablo Marchant.
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Ante esto, plantea que actualmente «no hay respuesta de nada, es un caso silenciado, como si no hubiera pasado nada, como que lo mataron nomás y no hay nada», considerando el letargo en las diligencias, la falta de comunicación de parte del Ministerio Público y cómo no se le ha entregado documentación elemental al abogado de la familia.
Así, Miriam Gutiérrez señala que el fiscal que lleva la causa ha justificado la lentitud de la investigación en que «él trabajaba así, que si no había nada él no iba a llamar». Para la familia del joven la situación se torna crítica ante la presencia de impunidad por parte de los agentes del Estado, enfatizando en que «necesito respuestas, saber algo, que me ayude a llegar a la verdad y a la justicia», declara la madre de Pablo.
Respecto a las responsabilidades del asesinato, Miriam plantea que «creo fielmente que hay una orden que hace que maten a mi hijo, que hace que lo ejecuten», lo cual se relaciona al contexto político que se ha desarrollado en Wallmapu donde se ha priorizado «cubrir a las forestales porque hay un sistema atrás que las envuelve».
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Por su parte Camila Marchant, hermana de Pablo Marchant, dio a conocer elementos que son desconocidos para la familia y la luz pública, como lo sería la existencia de una comunicación entre Carabineros que sería clave en el asesinato del joven.
En este sentido, Camila es clara en plantear que «no solo vamos a estar tranquilos cuando estén presos los que hicieron el asesinato, sino que también quienes lo ordenaron porque vamos a seguir hasta que salga a la luz los nombres de quienes dieron la orden para matarlo».
Sobre este punto, Miriam Gutiérrez explaya que «sé que el Gobierno los va a cubrir y tapar [a las policías], porque está acostumbrado a hacer esto, ya lo ha hecho en varias oportunidades, pero quiero que se termine con toda esa mentira y que lleguen a una resolución con el pueblo mapuche, porque no puede seguir ocurriendo esto, no pueden seguir muriendo jóvenes que buscan la libertad del pueblo«.
La familia del joven es clara en enfatizar no solamente en la presencia de impunidad sobre el caso, sino que en la urgencia de avanzar en la investigación, formalización y condena de las personas responsables. Para Camila Marchant es esencial comprender que «no queremos que pasen 20 años para que se formalice, queremos que apuren el proceso ahora porque estamos con angustia (…), queremos que los asesinos estén presos, que se diga la verdad y que todos sepan que la causa por la que luchaba mi hermano era justa, era digna».
Por su parte, Cristina Gutiérrez, tía de Pablo Marchant, se refiere a todo el proceso que continúa para obtener justicia. En este sentido, señala que «esta lucha va, somos gente sencilla pero también no nos van a pasar a llevar, vamos a luchar así como él luchaba por el pueblo, hasta llegar a la claridad».
Asimismo, Ana Gutiérrez, también tía del joven, enfatiza en que como familia «queremos justicia y la verdad de cómo se mató a Pablo. No puede pasar nunca más, que se ejecute a una persona, porque a nuestro sobrino lo ejecutaron».
Y es que tras ya siete meses sin Pablo, Miriam Gutiérrez se mantiene firme al plantear que «vamos a llegar hasta el final», aclarando que «el Gobierno está silenciando y callando para que se olvide» y que por eso mismo busca «agradecer a la gente que está apoyando en este proceso duro», tanto personas individuales como colectividades y comunidades. Así, vuelve a enfatizar en que como familia «queremos que se haga justicia y paguen como tiene que ser, y que tengan una sentencia justa porque ellos no debían haber matado a mi hijo».