Por Alejandro Baeza

Apenas tres semanas antes del plebiscito, las directivas de los partidos políticos oficialistas -algunos financiados por SQM- publicaron una serie de «acuerdos» de espalda a la población para realizar reformas a la nueva Constitución en caso de aprobarse, en el actual Congreso electo con la Constitución de Pinochet, la institución más desprestigiada del país y así en muchos aspectos, dejarla igual al régimen político actual, imponiendo así de facto una Convención Mixta.

El anuncio no sólo enreda innecesariamente el debate a pocos días de la jornada plebiscitaria, sino que demuestra el interés transversal de la clase política por evitar cambios sustanciales al régimen político en los pocos aspectos que se logró avanzar en la Convención para darle más poder a las comunidades. Además, simbólicamente, sólo puede ser visto por la población como una nueva cocina de la clase política (porque lo es).

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La idea de una Constitución redactada de manera conjunta entre delegados electos para este propósito y representantes del Congreso ya estuvo presente en la segunda papeleta del plebiscito de 2020 (llamado «plebiscito de entrada»), donde el 80% de la población dio un rotundo NO en una muestra de profunda desconfianza no sólo a la clase política, sino a toda la institucionalidad del Estado, por ello es que se creó la Convención Constitucional que en un año de trabajo creo la propuesta que el próximo 4 de septiembre solo tiene dos opciones: Apruebo o Rechazo, nada más, sin ninguna otra interpretación.

El acuerdo de los partidos de Gobierno, sin decirlo, pretende pisotear la soberanía popular que eligió sus delegados y delegadas para redactar una carta magna que será plebiscitada.

Probablemente por el terco (y errado) análisis del progresismo que -comprándose las defenestradas encuestas- insiste en creer que debe acercarse al centro para ganar votos, sacrificando al mundo popular, que votará Apruebo igual y dando un gesto a la derecha pinochetista.

En concreto, el texto firmado por todos los partidos del Ejecutivo retrotrae avances importantes logrados en el debate constitucional como en ámbitos de descentralización y autonomías territoriales, dando cuenta de una nueva imposición del poder santiaguino a lo que eran logros históricos (por eso no es de extrañar también al PC firmando, quizás uno de los partidos más centralistas de Chile).

Asegura el financiamiento fiscal al sector servicios privado, en educación y salud, sin Contraloría rigurosa. Comiéndose por completo la campaña de derecha, el oficialismo asegura y respalda a las AFP al indicar en el texto que «En materia de pensiones, nos comprometemos a que la implementación del derecho a una pensión digna será en base a un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad».

Asimismo, y en concomitancia con su actuar en el Wallmapu, el Gobierno querrá restablecer el estado de emergencia tal y como existe en el actual régimen, desechando el acuerdo democrático de la Convención «proponemos establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar».

Además, el poco avance que tuvo la propuesta de nueva Constitución para quitarle al menos algo de borbónico poder el presidente, es eliminado de un sopetón al quitarle una de las atribuciones más importantes al Congreso para equiparlo a la mayoría de las democracias del mundo al señalar » creemos necesaria la eliminación de la atribución de presentar mociones parlamentarias que irroguen directamente gastos al Estado.», es decir, dejarlo tal cual como está ahora, manteniendo el hiperpresidencialismo.

Con este escenario actual, lo único en que tenemos certeza que será aplicado serán las normas transitorias, el resto todo está por verse, pues nada asegura que no se vengan nuevos acuerdos o intentos de cambios a futuro.

Esta idea de «aprobar para reformar» sólo circula en los pequeños círculos del poder, pero no tiene un correlato en los sectores populares que se manifiestan y hacen campaña por el Apruebo.

Por eso es importante que la población salga con banderas, lienzos y cánticos que dejen en claro que no queremos esta cocina, tanto en las manifestaciones de campaña por el Apruebo o en las celebraciones del eventual triunfo de éste.

Lamentablemente, fue la misma Convención que permitió pudiera suceder esto al aprobar un artículo transitorio que establece que «hasta el 11 de marzo de 2026, para la aprobación de los proyectos de reforma constitucional, se requerirá del voto favorable de cuatro séptimos de las y los integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado», pero si bien el Congreso electo con la Constitución de Pinochet puede legalmente, no debe ni tiene la legitimidad para tocar la nueva Constitución. Todo cambio debe hacerse con la institucionalidad del nuevo pacto social. No queremos otra cocina. No podemos permitir que nuevamente la elite pase por encima de la soberanía popular que muchos quiere hacer que gane el Rechazo, incluso ganando el Apruebo.

¿Se atreverán a decir de nuevo «no lo vimos venir»?