Diversos denunciantes evidencian los problemas con la búsqueda de reparación y justicia por abusos sexuales cometidas al interior de la iglesia Católica y las distintas estrategias para desgastar y desalentar a las víctimas, que van desde sugerir denunciar de forma interna, hasta limitar el acceso a la ayuda terapéutica necesaria.

Por Francisca Alvear

José Lara, víctima de abuso sexual,  denuncia los obstáculos que ha generado la Iglesia Católica en su proceso de reparación. En su testimonio, Lara relata los hechos que le causaron un trauma complejo y estrés postraumático, así como las dificultades que ha enfrentado desde entonces para obtener justicia y apoyo. Además, la Red de Sobrevivientes de Abusos en Entornos Institucionales ha revelado cómo las víctimas son sometidas a una serie de dificultades adicionales tras atreverse a denunciar.

Ante las acusaciones, en el Consejo de Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas de la Arquidiócesis de Concepción declararon a Resumen que están "comprometido en condenar cualquier forma de abuso y comprometerse a investigar y abordar las denuncias de manera justa".

José Lara relata que cuando tenía 21 años, fue enviado por el sacerdote Reynaldo Méndez Sánchez a Santa Juana. Durante el viaje, declaró el afectado, Méndez Sánchez lo sometió a situaciones incómodas, acota que "se transformó en una persona totalmente autoritaria dando órdenes, ya no era ese cura amable, yo me sometí a la orden".

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Fue durante el viaje, declaró la víctima, que el sacerdote lo habría obligado a consumir alcohol hasta perder el conocimiento. "Me acuerdo de que me tomé los dos primeros sorbos de la copa de vino y ya no quería más, él me dijo que me la tomara toda de un solo sorbo para que pudiera ir a descansar y me la tomé. No sé qué le habrá echado ahí, porque tanto PDI, en su momento como Carabineros, sospecharon que algo tenía la tercera copa, desde ahí yo me borré", relató Lara.

José no tomó acciones legales de inmediato, sino que pasaron años antes de que pudiera denunciar. "Uno verbaliza cuando puede y está preparado, no cuando quiere. Después de 13 años, en 2015, yo hice la primera denuncia en la Fiscalía de Concepción".

La lucha por la justicia en este caso ha sido larga. Finalmente, por acumulación de causas, la Fiscalía Centro Norte, que tenía los casos, decide entrar a formalizar a Reynaldo Méndez. "Después en 2021, 2022, la iglesia dictamina la resolución del juicio canónico que se llevó en su contra y sentencia la expulsión del sacerdote Reynaldo Méndez Sánchez, que fue condenado en 2023 a cinco años de libertad vigilada por otro abuso sexual y por violación". Condena que para Lara no es suficiente, ya que «sigue libre".

José Lara recibió una reparación económica por daño moral y sesiones terapéuticas, pero enfrentó problemas cuando las autoridades del Consejo de Prevención Abuso y Acompañamiento de Víctimas del Arzobispado de Concepción suspendieron estas últimas. El afectado declaró a Resumen que sería María Cristina Benavente, asistente social del Arzobispado de Concepción, quien cuestionó la necesidad de las sesiones y trató de limitarlas, lo que implica una seria vulneración a las víctimas de abuso sexual. "Me empiezan a cuestionar las sesiones porque yo usaba un SOS, o sea, agregaba una sesión más, semana por medio, por así decirlo, porque yo las necesitaba, los abusos no se olvidan de un día para otro", enfatiza Lara.

"Sabiendo, porque esta es una confirmación científica, que las secuelas de este tipo de delitos son para toda la vida y que un sobreviviente de abuso no va a estar en terapia 1 año o 2 y después se va a dar el alta, eso nunca es así", explica Eneas Gallardo Espinoza, fundador y coordinador de la Red de Sobrevivientes de Abusos en Entornos Institucionales.

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En agosto del 2023, José Lara fue citado a una reunión por el Consejo de Prevención, encabezada por María Cristina Benavente, asistente social. "En esa reunión, ella está con el abogado con el que redactó la escritura pública, en junio del 2022, en la cual queda estipulado, en el punto noveno, que yo tengo acceso y que ellos me tienen que pagar las sesiones". Lara acusa, que Benavente afirma que está en un exceso de sesiones terapéuticas, "sí, le dije yo, para usted eso es un exceso de sesiones, no todos sanamos de un día para otro, como usted piensa, no todos tenemos la virtud de decir: estamos reparados", finaliza.

Ahora, Lara está luchando para recuperar sus sesiones de terapia y para que el Consejo de Prevención deje de interferir en su proceso de sanación. Además, considera que Benavente, "está más preocupada por los intereses financieros del Arzobispado que por su bienestar». Agrega que "en la escritura pública yo no tengo ni fecha de inicio ni fecha de término en mis sesiones, es ella la que está cuidando los intereses y el bolsillo al arzobispado de Concepción y al arzobispo", concluye.

Denuncian obstaculización por parte de la Iglesia Católica

La Red de Sobrevivientes de Abusos en Entornos Institucionales acusa a la Iglesia de desgastar y desalentar a las víctimas de abuso sexual. Fundada en 2018 como respuesta a la falta de apoyo y justicia, la Red de sobrevivientes ha revelado cómo las víctimas son sometidas a una serie de dificultades adicionales tras atreverse a denunciar.

Según los testimonios recopilados por la red, la estrategia de la Iglesia comienza con la sugerencia de denunciar los abusos directamente a la institución eclesiástica en lugar de recurrir a las autoridades policiales o judiciales. "Primero están cometiendo otro delito básicamente, al proponer que vayas a denunciar a la iglesia y no en tribunales o en la fiscalía o en la policía, porque si tú lo piensas, cuando tienes que denunciar un homicidio o una violación, no vas a la institución en donde ocurrió, vas a la policía", comenta Gallardo.

Una vez que la víctima ha dado el paso de denunciar, expresan desde la red, se enfrenta a una serie de obstáculos en su búsqueda de ayuda y reparación. La Iglesia ofrece asistencia terapéutica, pero bajo condiciones que restringen la libertad del denunciante, como la elección del terapeuta o la duración del tratamiento. Además, acusan, se estarían reportando retrasos en los pagos por parte de la Iglesia, lo que obliga a las víctimas «a suplicar por la asistencia prometida».

La valiente denuncia de José Lara pone de manifiesto la necesidad urgente de reformas en la forma en que se aborda el abuso sexual dentro de la Iglesia Católica y otras instituciones, así como la importancia de brindar un verdadero apoyo y reparación a las víctimas.

«Mi vida no es la misma que la de alguien que nunca sufrió abusos», afirma Lara. «Necesito terapia porque hay muchas cosas que aún tengo que sanar, eso no lo quieren visibilizar y María Cristina Benavente, representante del Consejo de Prevención, Abuso y Acompañamiento de Víctimas del Arzobispado de Concepción, no es una persona idónea para que esté en ese lugar, en ese cargo".

El Consejo de Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas de la Arquidiócesis de Concepción, insiste en que su postura es "condenar cualquier forma de abuso y comprometerse a investigar y abordar las denuncias de manera justa, siguiendo el magisterio del Papa Francisco, quien ha llamado a una acción diligente en estos casos", y además expresan contar "con un consejo arquidiocesano de prevención, que cuenta con tres áreas: Recepción de denuncias, acompañamiento de víctimas y programa de formación básica en prevención".

La Red de Sobrevivientes afirma que demorar los pagos de terapias y entorpecer el proceso de justicia y reparación «es una estrategia diseñada para cansar a las víctimas, para que desistan de buscar justicia».