El trabajo de espionaje ilegal sin orden judicial se dio a través del software israelí «Pegasus» afectando a más 65 personas confirmadas y se ha transformado en el escándalo más grande del gobierno español hasta el momento siendo denominado «CatalanGate» pues las principales víctimas son políticos independentistas y sus círculos cercanos. Entre ellos se encuentra el abogado chileno Gonzalo Boye, quien señaló a RESUMEN que «el gobierno español ha entrado en una deriva francamente preocupante».

Por Alejandro Baeza

En julio de 2021 una investigación publicada por el Washington Post reveló una lista de 50.000 personas a nivel mundial víctimas del software de espionaje israelí Pegasus, en su mayoría periodistas, políticos, activistas y líderes sociales.

El software permite extraer correos electrónicos, textos, libros de contactos, datos de ubicación, fotos y videos, y se puede activar el micrófono y la cámara de un teléfono para grabar de forma encubierta al usuario.

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Desde Amnistía Internacional (AI) se realizó un análisis a los teléfonos y comunicaron entonces que el software espía se utilizó para «facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a gran escala en todo el mundo».

Por su parte, en una entrevista con el periódico británico The Guardian, el informático perseguido tras revelar información de espionaje masivo por parte de la NSA, Edward Snowden, señaló que este software ah permitido que regímenes represivos pongan bajo vigilancia a sus disidentes.

En este sentido fue el periódico estadounidense el 18 de abril publicó información investigada por Citizen Lab de la Universidad de Toronto que políticos, activistas, abogados, periodistas catalanes han sido espiados con teléfonos intervenidos de manera ilegal por el gobierno español, escándalo denominado como CatalanGate.

«Dos grandes entidades de la sociedad civil (‘mnium Cultural y ANC) y los principales partidos políticos catalanes (ERC, Junts per Catalunya y CUP) que apoyan el derecho a la autodeterminación, han sido los principales objetivos de esta vigilancia a través de ciberespionaje.» consignó una publicación en RESUMEN hace unos días, por el periodista catalán Marc Serra Torrent.

«El entorno de éstos -incluyendo a familiares, amigos, abogados y periodistas- también han sido víctimas de Pegasus. Los últimos 4 Presidentes de la Generalitat de Catalunya (Gobierno catalán) y los 2 últimos Presidentes del Parlamento de Catalunya han sido víctimas de este espionaje. También del entorno del expresidente de ‘mnium Cultural, o los dos últimos presidentes de la Assemblea Nacional Catalana. Han sido víctimas 3 eurodiputados en activo del Parlamento Europeo y un asesor de una eurodiputada. Igualmente, existen víctimas no adscritas a ninguna organización, pero que son simpatizantes de la causa soberanista. Los casos que se han podido detectar son los de las personas de las que Citizen Lab ha podido analizar sus dispositivos móviles; pero cientos de dispositivos de militantes y activistas del movimiento no han sido todavía analizados. La cifra real de víctimas en Catalunya podría ser aún mayor, por lo que esto es seguramente sólo la punta del iceberg» agrega la publicación.

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Una de las víctimas es el abogado chileno Gonzalo Boye, viñamarino con una destacada carrera en el Estado español como defensor de mediáticas causas, una de ellas la de los líderes independentistas catalanes.

Es por esto último que figura dentro de las 65 víctimas de espionaje e intervención ilegal de su teléfono por parte del gobierno del país ibérico. Consultado por RESUMEN respecto a estos hechos, Boye indicó que se trata «de un ataque masivo de -queremos pensar- estructuras paraestatales o estatales españolas hacia un grupo de la minoría nacional catalana y también a alguno de sus abogados entre los que me encuentro yo. El gobierno español ha entrado en una deriva francamente preocupante, con mucho nerviosismo y tratando de dar explicaciones de todo tipo menos la única que estamos esperando que es que se abra una investigación efectiva, es decir, una investigación en los tribunales para depurar las responsabilidades legales por estos hechos que son delitos graves».

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Asimismo, fue enfático en señalar que le resulta aún más sorprendente que la ministra de Defensa, Margarita Robles, haya llegado a amenazar con consecuencias legales por denunciar estos estos hechos y a quiénes están cometiendo la acción ilegal.

Finalmente, indicó que este tipo de acciones lo que hacen es recordar la época de persecución política del franquismo. «La situación es grave, es preocupante y por supuesto yo confío en que los juzgados españoles se hagan cargo del tema, pero si no se hacen cargo del tema como no se han hecho en otras ocasiones, la gran ventaja es que estos espionajes han afectado a otras jurisdicciones y reclamaremos a esas otras también» concluyó.