Ricardo Valdenegro, quien defiende a joven santiaguino en querella por quemaduras provocadas por compuestos químicos en el carro lanza aguas, analizó con RESUMEN el panorama nacional de la violencia de Estado en la represión de la protesta.

Por Christopher Cortez

El licenciado perteneciente a la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), sostiene una querella contra funcionarios de carabineros que resulten responsables por el accionar de un carro lanza aguas el pasado 27 de noviembre de 2020, cuyo chorro impactó en una persona que resultó con quemaduras de hasta segundo grado.

La acción judicial fue declarada admisible el pasado 11 de enero por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, bajo los cargos de "delitos de lesiones y abuso contra particulares". A partir de ahora, se espera que se establezca el plazo de investigación y, luego de eso, recién determinar culpabilidades y/o medidas, de acuerdo a los antecedentes que se recopilen.

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"La querella, fundamentalmente, tiene un carácter jurídico-político, para señalar que en nuestro país se están violando de forma sistemática los derechos humanos. Y una de las formas, es a través de la limitación y prohibición de la manifestación pacífica por parte de los ciudadanos", expresa el abogado.

"La policía ha instado a usar los carros sin el cumplimiento de los protocolos, porque debe haber un uso proporcionado de la fuerza. Los que hemos participado en movilizaciones, podemos visualizar que, en gran parte de ellas, Carabineros pone término a las manifestaciones pacíficas sin siquiera advertir (como la norma lo establece). Eso es un problema serio", añade, recordando que los carros de Fuerzas Especiales (FF.EE.) están para restablecer el orden público, no para restringir, mitigar o exonerar el derecho a manifestarse.

En la misma línea, señala que lo que se busca con este tipo de querellas no solamente es que paguen los responsables, quienes, dicho sea de paso, va desde funcionarios que realizan las acciones en terreno, hasta la cabeza máxima de la institución, según describe, sino que además una indemnización que repare en cierto porcentaje el daño provocado y, a nivel macro, marcar precedentes para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir.

Especial énfasis han puesto desde el CODEPU, organización de la que es parte, en los compuestos químicos que se han utilizado para reprimir las manifestaciones desde iniciado el Estallido Social en octubre de 2019. "Hoy en día, se está utilizando el gas CS que es un compuesto químico prohibido incluso en las guerras, pero, paradójicamente, está permitido para los civiles. Eso es una situación desproporcionada y que no corresponde, porque estamos hablando de armas químicas tan potentes como las que se usaron en la primera guerra mundial", establece Valdenegro.

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"Este compuesto está generando daños importantes a la salud de las personas, como quemaduras de distinto grado o posibles paros cardiorrespiratorios", comenta. Además, se atreve a puntualizar que "algunas de las muertes que sucedieron durante el Estallido Social por estas afectaciones, lo más probable es que sean producto del compuesto CS, ya sea por el carro lanza aguas o por el carro lanza gases". Por lo demás, expertos internacionales ya han establecido que este tipo de armas pueden resultar dañinas para la salud y no se ocupan de la manera adecuada.

El panorama en cuanto al trabajo de la policía uniformada para con los ciudadanos y ciudadanas, parece no tener punto de retorno. "Los que están obligados a resguardar los derechos de los civiles, resguardan a los que son delincuentes con nombre y apellido, que andan armados y a cara descubierta", asegura el licenciado.

Pero no sólo pasa por actos en terreno, sino también por la negligencia de las instituciones: "te puedo hablar de la experiencia que hemos vivenciado. Un par de casos han sido trabajados por la fiscal Ximena Chong y Mariela Santana, donde se han esforzado bastante pero no están los medios, porque fiscal tiene 'miles' de causas y éstas, que son importantes, se dilatan por parte de los organismos. Además, el contexto aumenta el retraso. Muchas veces, por otro lado, la gente no denuncia por la desconfianza hacia la justicia o, incluso, por miedos o amenazas".

Por ejemplo, en el caso de la emblemática población Bajos de Mena, les han comentado de amedrentamientos y otros actos graves. "Hemos presenciado cómo Carabineros lanza agua de guanaco o bombas lacrimógenas a casas donde viven niños y adultos mayores. La barbarie de terrorismo de estado que se está generando es bastante grande", detalló.

Por último, indicó cuáles son los pasos a seguir en caso de sufrir con el armamento químico de las fuerzas represivas: "Si eres mojado por un guanaco y presentas alguna enfermedad o síntoma, fotografíate. Además, guarda la ropa en una bolsa sellada y fotografiada. Acude a un centro médico para que hagan una constatación de lesiones o un informe médico. Después de eso, acércate a una organización de derechos humanos y haz la denuncia o querella criminal en caso de abuso o tortura. Para adelante, hay que conseguir material audiovisual, la prensa alternativa siempre está recopilando información", cerró.