[resumen.cl] Fue un 21 de diciembre de 1907 cuando se cometió la matanza obrera más grande de la historia de Chile y de América Latina: Miles de trabajadores salitreros junto a sus familias fueron acribillados por el Ejército al interior de la Escuela Santa María en la ciudad de Iquique. Una fecha que marcó fatalidad como dice la cantata, pero que debe estar siempre presente en la memoria del pueblo chileno.

Este 21 de diciembre es una de las fechas más negras en la historia de Chile. La Matanza de la Escuela Santa María terminó de la forma más criminal con la vida de miles de mineros, sus esposas, hijos e hijas, quienes desde las oficinas salitreras, caminaron por el desierto de Atacama para llegar al puerto de Iquique a reclamar por un pago justo.

La huelga fue declarada el 10 de diciembre de 1907. De las 84 oficinas salitreras de Tarapacá, paralizaron 76, involucrando a unos 37 mil pampinos, según indica el historiador Iván Ljubetic. Dos días después, comenzaron la caminata hacia Iquique, donde llegaron el día 15 de diciembre. Paralelamente, mientras los miles de obreros y sus familias emprendían rumbo hacia la ciudad, el Estado dirigido por el presidente Pedro Montt se preparaba para enfrentarles, dando una clara muestra de no estar dispuesto, ni siquiera, a intermediar entre los empresarios salitreros y los sindicatos para la consecución de sus demandas, las que consistían en:

-El aumento de los salarios pagados en fichas, pues los éstas tenían habían perdido poder adquisitivo.

-El fin del recorte en el valor las fichas, lo cual era un práctica habitual en las pulperías, también administradas por quienes controlaban las oficinas.

-El permiso para el ingreso de vendedores particulares y, de ese modo, acabar con el monopolio sobre la venta de productos de primera necesidad. Junto con ello, exigían que en cada pulpería se usara una vara y una balanza como forma de evitar el fraude que sufrían cotidianamente.

-Que en las chancadoras (donde se trituraba el caliche) y en los cachuchos (donde éste se hervía) se instalaran rejas de hierro para evitar la caída de los obreros, que provocaban un sinnúmero de muertes por el desinterés en las medidas de seguridad.

-Que los patrones de cada oficina destinaran un local para el funcionamiento de una escuela nocturna de obreros.

Si bien las demandas expuestas parecen del todo lógicas y básicas en este 2020, así como lo serán las demandas actuales de la clase trabajadora en 100 años, las autoridades de la época se mostraron intransigentes a ceder en lo más mínimo, prefiriendo asesinar a miles de hombres, mujeres, niños y niñas, antes que conceder algún punto a lo solicitado.

El 17 de diciembre arribó desde Arica el crucero Blanco Encalada con militares del Regimiento de Rancagua. El día siguiente recaló en el puerto de la ciudad el crucero Esmeralda con tropas de Valparaíso. El 19 atracó el Zenteno, donde se transportaba el Intendente de la Provincia de Tarapacá, Carlos Eastman y el General Roberto Silva Renard. El día 20 de diciembre, al parecer, la clase dirigente ya había definido cuándo acabaría con esta huelga, pues, como consigna Ljubetic, los cónsules de Perú, Bolivia y Argentina, acudieron a la Plaza Montt y a la Escuela Santa María a advertir a sus connacionales el riesgo que corrían al permanecer ahí, pidiéndoles infructuosamente su retiro. Ese mismo día, los trabajadores en Iquique se habían noticiado del ataque armado perpetrado por una patrulla militar contra una caravana de mineros que caminaba hacia Iquique.

El día 21, el Intendente decretó estado de sitio, prohibiéndose la circulación de grupos de más de dos personas. Luego, mediante el decreto de Eastman, se conminó a los obreros y a sus familias a dirigirse al hipódromo de Iquique, ante lo cual éstos se negaron, argumentando que necesitaban respuestas concretas a sus exigencias. Este fue el contexto en que Silva Renard ordenó el inicio de las descargas, masacrando a una tremenda cantidad de seres humanos, cuya cifra oscila entre los 500 y los 3.600.

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Hoy, a más de un siglo de la masacre, quienes fungen en cargos públicos, por designación o por votación, han articulado una nueva legislación laboral que asegura la superposición de la voluntad del empresario por sobre la de los trabajadores. Todos los abusos parecen ser materia de exámenes leguleyos y de interminables tramitaciones orientados a garantizar la impunidad y provocar la resignación en quienes los han sufrido. Por otra parte, las Fuerzas Armadas y de Orden volvieron a asesinar una vez al pueblo que juraron defender durante los primeros días del Estallido Social iniciado en octubre de 2019. Obedecen órdenes, dicen. Y, cuando no hay una mejor alternativa, reconocen «excesos». En realidad, las instituciones armadas del Estado, continúan siendo el interlocutor con el cual la clase trabajadora en general debe verse, cuando se dispone a defender alguna garantía o conquistar mejores condiciones para su vida.