Alcalde de Arauco y Concejo Municipal solicitaron al gobierno aplazar la desmunicipalización hasta el 2030: Asociaciones acusan que se tomaron sus nombres sin ser consultadas

[resumen.cl] Una solicitud enviada al Ejecutivo pide postergar el traspaso del DAEM de Arauco al Servicio Local de Educación mediante un oficio realizado por el alcalde y el Concejo Municipal. Sin embargo, funcionarias y funcionarios acusan que dicho documento cuenta con sus nombres como respaldo pese a que no hubo consentimiento.

Con fecha 22 de abril, el alcalde de Arauco y el Concejo Municipal emitieron el oficio N° 719, dirigido al presidente de la República, Sebastián Piñera, solicitando la postergación del traspaso de la administración de la educación municipal a los Servicios Locales de Educación, como lo había dispuesto el gobierno a través de un decreto, para que se ponga en marcha en enero de 2023.

En dicho documento edilicio se plantearon diversas razones para la solicitud, las que supuestamente todos los gremios de educación de Arauco conocían y estaban de acuerdo, indicando : «(...) con el respaldo del gremio de nuestros profesores, asistentes de la educación y funcionarios DAEM, así también con el acuerdo unánime del Concejo, el cual consta en los documentos que se adjuntan (…)".

Sin embargo, a través de una carta entregada con fecha 28 de abril a la cual RESUMEN tuvo acceso, los gremios de asistentes de la educación AFAEDUCA y AFEMPAB dieron a conocer su reclamo al alcalde y Concejo Municipal, acusando la utilización de sus nombres sin consentimiento en la carta enviada al presidente Piñera.

En dicho reclamo las y los asistentes de la educación indicaron las justas y básicas demandas laborales que pueden beneficiar a los aproximadamente 300 trabajadores y trabajadoras con el traspaso a la nueva administración pública, como por ejemplo un sueldo base que les permita salir del mínimo.

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Las y los trabajadores de estos gremios plantean que más allá de estar a favor o en contra del traspaso de la administración educacional en lo que respecta a cuál es el mejor futuro para la educación chilena -ciertamente ninguno es una solución para levantar a la educación pública-, es totalmente reprochable que las autoridades comunales realicen este tipo de solicitudes haciendo creer al Ejecutivo que existe una sola voz en Arauco frente a lo que será la desmunicipalización.

Por otro lado, integrantes de las comunidades educativas indican que también se debió poner sobre la mesa la evaluación que en Arauco se tiene respecto al DAEM local y, en particular, de varios de sus funcionarios directivos, que en el último tiempo se han destacado negativamente por diferentes situaciones, contando con el respaldo de la alcaldía.

En este sentido, existen investigaciones de Contraloría que detectaron varias irregulares de ciertos funcionarios que aún mantienen cargos de responsabilidad superior en el DAEM y que se pagaban sueldos totalmente recargados con horas extras. Y no solo eso, también se ha detectado la utilización de documentos profesionales falsos de quien fue un exdirector DAEM, así como otras irregularidades en torno a concursos públicos de directores, también detectada por Contraloría en año pasado.

Como si esto fuera poco, durante el 2020, uno de estos mismos administrativos ofendió verbalmente mediante redes sociales a todas y todos los docentes de Arauco en groseros términos, provocando un rechazo total, pero que sin embargo no tuvo sanción alguna por parte del empleador.

También se conoció que los dirigentes de los gremios de profesores y profesoras dieron el respaldo al alcalde en la carta de solicitud a Piñera, sin consultar con las bases.

Si bien el traspaso del sistema municipal a los Servicios Locales ha sido criticado por el gremio de profesores y profesoras a nivel nacional, en la comuna de Arauco, las cuestionadas situaciones generadas por el DAEM constituyen hechos que a lo menos las y los docentes debieron discutir de manera democrática antes de sumarse a la solicitud presentada por el alcalde y los concejales y pretender con ello, extender la cuestionada administración municipal hasta el año 2030.

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