Lucía Sepúlveda Ruiz

En los mismos días aciagos de junio en que con la venia de la Corte Suprema volvían a las calles cinco criminales de lesa humanidad, la Corte de Apelaciones confirmó seis de las siete condenas impuestas por el ministro Leopoldo Llanos a los responsables del asesinato por la espalda de Augusto Carmona Acevedo, ocurrido el 7 de diciembre de 1977. El padre de mi hija Eva María, mi compañero en los inolvidables años de la Unidad Popular y luego en la lucha antidictatorial, era un alto dirigente del MIR, periodista, ex jefe de Prensa de Canal 9 de TV de la U de Chile y redactor de Punto Final. El crimen fue presentado en los medios como un enfrentamiento.

Mi hija Eva María Carmona y yo, recibimos la sentencia con sentimientos contradictorios, valorando sobre todo que la Corte no rebajó las condenas de 10 años y un día a los principales inculpados: Miguel Krassnoff, Manuel Provis, Enrique Sandoval, José Fuentes, Luis Torres y Basclay Zapata, aunque exculpó a la agente Teresa Osorio, también agente de la CNI. No nos sentimos con ánimo de celebrar nada, pero atesoramos las expresiones de aprecio y cariño recibidas tras el fallo judicial.

Habíamos esperado un año y medio desde el fallo de primera instancia en la demanda contra Augusto Pinochet y quienes resultaren responsables. El genocida general no pagó por ningún crimen. Y el más importante procesado, Odlanier Mena, jefe de la CNI, eludió una segura condena por este asesinato, suicidándose. En la historia sin fin de espera por justicia, la Corte Suprema puede tomarse quizás otro año y medio. Pero, ojo: hay genocidas que ya abandonaron Punta Peuco, premiados por no colaborar jamás con la justicia. Estas decisiones impresentables no se conocen, en medio de una agenda social copada por la incesante represión con que el Estado encara el movimiento social estudiantil y la lucha mapuche; por los escándalos de la corrupción, los desastres ambientales y el clamor de territorios devastados por el extractivismo.

Cuando conozcamos el fallo definitivo, Krassnoff y sus secuaces estarán más viejos y podrían acogerse a los llamados "beneficios carcelarios". ¿Cómo celebrar ahora, cuando el poder corrompe al extremo de generar alianzas espurias entre la UDI y senadores de la Nueva Mayoría? Es el nuevo truco con el que la Corte Suprema (con Dolmetsch a la cabeza), coludida con Bachelet, parlamentarios (por la Nueva Mayoría Guillier, Quintana, Zaldívar, Matta, Tuma), un sector de la jerarquía eclesiástica (el jesuita Montes y el obispo Goic), y las fuerzas armadas están imponiendo con sigilo la impunidad en delitos de lesa humanidad, olvidándose del mentado Nunca Más y del respeto a los compromisos derivados del derecho internacional en derechos humanos.

El 15 de junio, el abogado de Krassnoff reivindicó ante la Corte su actuar como CNI contra el "terrorismo". Los genocidas no se arrepienten ni han sido degradados. No les bastó tener atención médica en el Hospital Militar, ni cárcel especial ni pensión millonaria y costosos abogados. Quienes aplicaron el terrorismo de Estado son hoy reos privilegiados en el sistema carcelario. Sin embargo el libreto oficial invierte el razonamiento lógico y los victimiza, en un novedoso montaje que incluye enmascarar el "perdón" como si este se extendiera a una inexistente lista de reos comunes de avanzada edad y condiciones similares.

¿Cómo celebrar esta sentencia esperada durante 39 años, durante los cuales fallecieron los padres de Augusto? Sus dos hijas, Eva y Alejandra, han debido reconstruirse emocionalmente frente a la ausencia paterna y la indiferencia del Estado. Hoy la impunidad se cuela mostrando la falsedad del perdón farfullado una vez por algún juez. El movimiento de derechos humanos atajó los más diversos proyectos de ley orientados a exculpar a los criminales, y sigue bregando por justicia. Según cifras oficiales, sólo 344 criminales han sido condenados con sentencia ejecutoriada. Más de la mitad de ellos, (181) tuvo penas alternativas como ir a firmar a una comisaría. A diciembre de 2015, permanecían en Punta Peuco sólo 110 agentes de un total de 117 que cumplían prisión.

Es paradojal que en Estados Unidos un fallo responsabilice a Pedro Barrientos por el homicidio de Víctor Jara, mientras en Chile no hay siquiera gotas de justicia para centenares de casos de ejecutados y desaparecidos.

Exigimos justicia, por "el Pelao Carmona" y por todos los caídos, pero también por las nuevas generaciones que luchan por un Chile diferente, junto a las organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales conscientes. El cierre de Punta Peuco y el traslado de los criminales de lesa humanidad a cárceles comunes es una tarea urgente. La degradación de los criminales de lesa humanidad, y el fin del grotesco chorreo de impunidad que salpica nuestra ya cuestionada democracia, son imperativos éticos que de no ser realizados envilecerán aun más a la clase política y la institucionalidad.

Columna publicada originalmente en Punto Final Nº 855, el 8 de julio, con el título "Augusto Carmona demanda justicia".