Además de ser una ley promulgada a punta de sobornos pagados por la industria pesquera, es también un cuerpo legal que ampara la explotación pesquera en completo beneficio empresarial, dejando a la población en una condición de inseguridad laboral y alimentaria.

Por: Vicente Lagos Isla

En la tarde de este lunes, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que declara nula la actual Ley de Pesca promulgada en 2013.

Con 117 votos a favor y 20 abstenciones la iniciativa fue aprobada. No se registraron votos en contra ni siquiera del sector derechista vinculado a la trama de corrupción en su elaboración. El sector de la UDI y el Partido Republicano se abstuvieron.

La propuesta de nulidad se encontraba aprobada en general hace dos años. Y faltaba la discusión sobre su método de transición.

En enero de 2019 se había registrado la aprobación del proyecto de ley de anulación la Ley de Pesca vigente, por parte de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.

También puedes ver: ¿Por qué se debe anular la Ley de Pesca?

En estos casi 10 años de operación, los métodos de pesca, como el arrastre y el cerco, no fueron prohibidos, priorizando las ganancias fáciles y rápidas de la pesca industrial, sin la más mínima preocupación por el impacto que provocan estos métodos de captura no selectiva.

Durante este periodo, esta ley ha posibilitado que la industria siga operando en la franja de las primeras cinco millas del resto del país destinadas a la pesca artesanal con embarcaciones que si bien están a nombre de terceros, éstos le entregan el producto de su actividad a precios impuestos por la industria.

Esta captura, junto con ser practicada sin criterios de sustentabilidad, pues las poblaciones pelágicas (sardina, anchoveta, jurel, etc) sufren sobreexplotación, no se realiza en función de los requerimientos alimentarios humanos, pues estos peces son la materia prima de la fabricación de alimentos destinados a la industria cárnica de pollos, chanchos y salmones, nutricionalmente mucho más pobres que los propios peces que se ocupan en su engorda y destinados a la exportación, en el caso de los últimos.

También puedes ver: Merluza y Reineta sobreexplotadas y otras agotadas: preocupante informe pone urgencia a la anulación de la Ley de Pesca y la implementación de un Plan de Pesca Sustentable

El Estado reconoce la soberanía sobre los recursos hidrobiológicos, sin que esto implique propiedad sobre ellos. El argumento que justifica esto es que los peces no pueden pertenecer al Estado de Chile, pues su trayectoria no está determinada por los límites jurisdiccionales del país, por lo que el pez adquiere un propietario en tanto es pescado por quien tenga permiso para ello. La propiedad recae entonces en quiénes se adjudicaron el permiso para pescar. Junto con ello, la ley estableció cuotas de pesca a cada particular a partir del promedio de los últimos tres años de extracción, por lo tanto, los mismos que sobreexplotaron los peces durante los últimos años, quedaron con el derecho de pescar y en las proporciones en la cual ejercieron la captura.

Campeó la impunidad en la trama de corrupción político-empresarial

Cabe recordar que en 2013 fue promulgada esta ley, denominada como «Ley Longueira» por aquel personaje, ministro de economía del primer gobierno de Piñera.

A pocos meses de entrada en vigor la ciudadanía conoció evidencias de corrupción y faltas a la probidad por parte de parlamentarios, quienes orientados por empresas de la industria pesquera efectuaron indicaciones, intervenciones y votaciones que beneficiaron directamente a dichas empresas.

En septiembre de 2020, la Fiscalía Regional del Biobío anunció que no perseveraría con la investigación por cohecho y soborno contra la senadora de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe y el exgerente de los industriales psequeros, Luis Felipe Moncada, en el contexto de la aprobación de la corrupta Ley de Pesca.

En noviembre del 2017 CIPER reveló 3 momentos en que JVR fue lisa y llanamente pauteada por la multigremial de los pesqueros industriales ASIPES, pese a ser una funcionaria pública. Uno de ellos es «cuando Moncada le propone a la senadora realizar un punto de prensa junto a los trabajadores de la industria. ¿El objetivo? Desarmar el acuerdo que había logrado el sector artesanal con el Ministerio de Economía para limitar la pesca de jibia solo a los artesanales»

El otro momento se produjo cuando Moncada respondió por Van Rysselberghe, en una entrevista para el portal Aqua. El medio afirma «En ese correo se leen seis preguntas que debía contestar la senadora. Pero las respuestas no las elaboró ella ni su asesor de prensa. Fue Moncada el que las respondió. El 24 de junio de ese 2014, el presidente de Asipes le devolvió el correo a Verónica Ceballos con las seis preguntas respondidas»

Pagos, comunicaciones y minutas que Francisco Mujica, ex gerente de CORPESCA, efectuó a la ex Diputada Marta Isasi y al ex Senador, hoy reo, Jaime Orpis

En diciembre de 2020, luego de seis años de juicio, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago declaró culpables el exsenador Jaime Orpis y la exdiputada Marta Isasi, ambos UDI, por delitos durante la tramitación de la Ley de Pesca en el Congreso para favorecer los intereses de Corpesca.

Ahora, el ex senador de la UDI Jaime Orpis se encuentra cumpliendo condena efectiva y la empresa pesquera Corpesca fue condenada al pago de 500 millones de pesos.

De esta forma, la trama reveló la influencia del grupo Angelini en la elaboración del proyecto enviado por el ejecutivo y, por otra parte, confirmaría la participación asimétrica de los actores del sector pesquero en la elaboración del proyecto.

Luego de esta votación de esta tarde la iniciativa pasa al Senado. Pronto también debería comenzar el debate para la elaboración de una nueva ley, la cual deba considerar de manera primordial la conservación ecosistémica y los sectores populares que viven del mar en conjunto con todas las personas que dependemos de la posibilidad de alimentarnos de éste, en un contexto de potenciar urgentemente la soberanía alimentaria local.

Un eventual y necesario Plan de Pesca Sustentable implica la implementación de un criterio precautorio en la actividad, sin poner en riesgo la reproducción de las poblaciones de peces. También de considerar a los trabajadores de la pesca como imprescindibles para el aprovisionamiento de un alimento fundamental en nuestra dieta y propiciar la asociatividad, buscando integrar a diversos sectores de la comunidad costera en las labores de pesca, procesamiento y distribución de productos marinos, conformándose cooperativas que sustituyan al empresariado y su actual control todas estas fases productivas.

A continuación puedes ver nuestro documental «Mala pesca: la depredación pesquera en Chile»