En la siguiente declaración, una articulación de organizaciones socioambientales que se ha reunido frente a los impactos que arrastraría el Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío (conocido como Plan Grau) cuestiona una encuesta impulsada por el GORE y Desarrolla Biobío mediante la cual, acusan, «intentan validar su relato y mecanismos de presión para acelerar proyectos en nuestra Región».

Ante el engaño a la fe pública que representa el Plan de Fortalecimiento Industrial de la Región del Biobío (Plan Grau), venimos a denunciar el verdadero fraude en materia de participación con que se pretende legitimar este proyecto hecho a medida de los grandes empresarios.

1. Origen ilegítimo. Para deshacerse de Huachipato, empresa privatizada de forma fraudulenta por la dictadura, el Grupo CAP impulsó una estrategia de manipulación y chantaje que finalizó con el cierre de la misma. Luego de posicionar el tema de las salvaguardias al acero chino como punto central, chantajeando a los trabajadores, cooptando al Gobierno, y engañando a la opinión pública para que apoyara las salvaguardias, una vez aprobadas estas se procedió al cierre de la empresa, logrando de forma inmediata mejorar la rentabilidad de sus acciones en la bolsa de valores y que el Gobierno asumiera el costo de mitigar la pérdida de empleo de los contratistas y generar nuevos subsidios a la contratación, dejando a la deriva no solo la situación laboral de miles de trabajadores, sino también dando una estocada al patrimonio histórico del Biobío. En defensa de CAP, marcharon en procesión los sindicatos de CAP, las autoridades, y la mesa regional de defensa del empleo, que asumió como propia la cartera de proyectos del gran empresariado, sin que participaran en la elaboración del plan ni las comunidades, ni las organizaciones sociales, ni los municipios, ni tampoco la gran mayoría de las y los trabajadores de la región. El Plan Grau en realidad no es un plan, es una lista de demandas del gran empresariado para beneficio propio, atemperado con un par de medidas que buscan mitigar el impacto económico del cierre de Huachipato. El Plan no tiene financiamiento ni responde a un ítem en el Presupuesto Nacional de 2025, no hay un decreto o ley que lo respalde más allá de una resolución firmada por el ministro de Economía; no está sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ni a la Evaluación Ambiental Estratégica, tampoco cumple con el Convenio 169 de la OIT relativo a la consulta indígena.

2. Gobernanza turbia. Una vez anunciado el Plan, el Gobierno asignó la gestión nada menos que a la Corporación Desarrolla Biobío, una de las principales entidades cuestionadas por el traspaso irregular y multimillonario de fondos públicos y tráfico de influencias bajo la gestión del exgobernador Díaz, actualmente imputado en causas del Caso Convenios. Como Secretaria Ejecutiva, el ministro Grau nombró a Carolina Parada, exgerente de IRADE, una corporación de lobby empresarial que también recibió millonarios recursos del Gobierno Regional en la administración de Díaz. La secretaría ejecutiva quedó a cargo de impulsar la "gobernanza" del Plan, es decir, de hacer relaciones públicas, asegurar apoyos y acallar críticas. No hay una estructura transparente de toma de decisiones, sino que la participación se lleva a cabo mediante un así llamado "Foro Estratégico", que consiste en reuniones bilaterales y encuentros privados entre representantes del mundo sindical, empresarial y académicos seleccionados arbitrariamente, donde no hay diálogo, sino monólogo; donde tampoco se han establecido espacios de transparencia activa donde se pueda acceder libremente a actas, como tampoco espacios donde pueda entrar la sociedad civil organizada ni las comunidades.

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3. Consulta pública fraudulenta. En noviembre de 2024, el Gobierno Regional del Biobío y la Corporación Desarrolla Biobío lanzaron una nueva versión de la consulta "Decide Biobío", en esta ocasión dirigida al "desarrollo económico e industrial" del territorio. La consulta, que estuvo disponible hasta el 20 de diciembre (en total, un mes) en su sitio web, no tenía ni siquiera una metodología mínima para ser una encuesta, ni tampoco indicaba cómo se iban a ponderar las opiniones sobre las materias consultadas ni quién lo haría. Este mecanismo, sin rigurosidad alguna, en realidad buscaba generar opiniones a favor del relato del gran empresariado que impulsa el Plan Grau, mediante un tergiversado "proceso de participación" electrónico, lanzado con gran publicidad, pero cuyos resultados no se han difundido ampliamente como sí lo fue su lanzamiento. En aquella consulta, acorde a datos entregados por sus propios impulsores, hubo en total 4.258 votos, entre los que se incluyen habitantes del Biobío, pero además se registran participantes de otros 13 países además de Chile. Bajo cualquier estándar, además de un engaño, esta consulta fue un fracaso, ya que no cuenta ni con validez ni con representatividad, siendo este último concepto al cual el empresariado y sus autoridades de confianza siempre apelan para tratar de deslegitimar procesos autónomos y colectivos de participación social.

En contraposición a estas consultas truchas, vale la pena reconocer el éxito de la consulta comunitaria realizada en la comuna de Penco el 27 de febrero de 2022 sobre el proyecto minero de tierras raras, la cual se realizó de manera presencial durante solo un día, un proceso colectivo que incluyó la participación de Niños, Niñas y Jóvenes, donde votó un total de 9.626 personas, de las cuales 9.532 votaron con un No a la Minera, representando el 99,02% del total. O también podemos tomar la experiencia de Quilaco, donde el 25 de septiembre de 2021, en plena pandemia de la Covid-19, se realizó una consulta ciudadana para recoger la opinión de la población sobre el Proyecto Hidroeléctrico Central Rucalhue, donde participó un total de 448 personas de las cuales el 90,32% votaron contra su construcción, mucho más que las 3 personas de Quilaco que votaron en la consulta de Decide Biobío. Estas experiencias comunitarias obtuvieron mucho mayor participación, validez y representatividad que aquella orquestada por Desarrolla Biobío y el Gobierno Regional.

Estos elementos quitan el piso al instrumento con el cual el gran empresariado e instituciones públicas intentan validar su relato y mecanismos de presión para acelerar proyectos en nuestra Región. 

Queremos construir alternativas al desarrollo, no profundizar una lógica empresarial que nos ha llevado a la debacle.

Articulación de organizaciones socioambientales del Biobío ante Plan de Fortalecimiento Industrial

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Fotografía principal: Lanzamiento de la consulta ciudadana «Decide Biobío» | Gobierno Regional del Biobío