[resumen.cl] El pasado viernes 21 de abril, 30 representantes de 164 familias de Palomares que llevan 10 años esperando sus casas protestaron afuera de la Municipalidad de Concepción para presionar a las autoridades por la firma de su permiso de edificación, pero este no es el primer problema que enfrentan.

La protesta tiene precedentes con la institución, uno de los más recientes sucedió en marzo de este año, cuando se dieron cuenta que su proyecto salía como rechazado en el banco de proyectos, pues las gestiones de uso de suelo, prometidas por el municipio penquista en 2014, fueron rechazadas por Contraloría sin ser informado Comité, dejando un margen de pocos días para que el proyecto se cayera casi por completo.

Diez años de tropiezos y persistencia

El Comité de Allegados y Sin Casa Palomares Alto obtuvo su personalidad jurídica el 23 de julio de 2007. La organización agrupó a 300 familias de diversos barrios del sector Palomares de Concepción y a la fecha,  ahora con las 164 familias que continuaron en la lucha, aún no tienen sus anheladas soluciones habitacionales. Su nacimiento partió del siguiente cuestionamiento: «por qué tener un barrio industrial, si nosotros somos nacidos nacidos y criados acá y no tenemos casa», plantea Saúl González, presidente del comité, en referencia a la evidente expansión del sector productivo de la ciudad por la calle 21 de mayo, a un costado de la nueva carretera a Cabrero.

Ya a mediados de 2008, la totalidad de las familias contaban con el ahorro requerido para optar a un subsidio y comenzar con el proyecto de habitabilidad de un espacio. Lo que significó buscar un terreno en el mismo sector y que acomodara a todas las familias de la agrupación.

Desde un comienzo las y los pobladores trabajaron con la EGIS (Entidades de Gestión Inmobiliaria Social) de la administración municipal, que en esos años pertenecía a Jacqueline van Rysselberghe (UDI). Ésta incluyó el compromiso de compra-venta por 3 años para la expropiación de un terreno de 2.3 hectáreas por 180 millones de pesos, detrás de la COPEC del sector. Pero el terremoto de 2010 dio un duro golpe al financiamiento del proyecto, dejando de lado la compra del terreno por parte de la entidad edilicia.

En abril 2013 saltaron esta valla. Loraron, a través de la SUBDERE (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo), el financiamiento del terreno (215 millones) más otras dos propiedades que servirían de acceso al lugar (en 26 y 36 millones), no sin antes tener que pasar por un año de trámites llenando la carpeta administrativa. Aunque el terreno se vio reducido de 2.4 hectáreas a 1.5 por la usurpación ilegal del espacio por parte de la empresa COPEC colindante y otros particulares.

La escritura fue entregada por el alcalde demócrata cristiano Álvaro Ortiz. En cuya administración, a mitad del mismo año, se decidió que la EGIS, a esta altura, ya no trabajaría con sus soluciones habitacionales. Lo que no los desalentó y continuaron de forma particular como comité, la búsqueda de una constructora y luego la nueva EGIS.

Problemas con el uso de suelo y el comienzo de las protestas

El mismo año 2013 el comité postuló al Subsidio de Localización, a través del cual lograrían beneficios para arreglar el terreno. Con Piñera a la cabeza del Estado, Rodrigo Saavedra era el Seremi de Vivienda y Urbanismo en el Biobío.

Éste último rechazó los documentos que acreditaban la situación del lugar para obtener el subsidio, pese a que éste cuenta con los ítems necesarios para calificar: como quedar a menos de 3 km de distancia de centros de salud, educativos y de acceso. Pues el uso de suelo del Plano Regulador Pencopolitano mostraba que el loteo tenía un área de un 20% aproximadamente destinada a productividad y no a habitabilidad, lo que se contradecía con el plano regulador comunal.

La municipalidad les quitó el apoyo nuevamente al igual que la seremía. Lo que llevó a los pobladores y pobladoras a tomarse las instituciones en reiteradas oportunidades, inclusive mientras se ejecutaba el cambio de mando a la nueva administración del Bacheletismo. Logrando a través del lobby con los concejales que el municipio se haga cargo del trámite del cambio de uso de suelo. Se aprobó el subsidio sin saber que el trámite había sido rechazado por Contraloría.

Es así como los vaivenes de la política y los sesgos administrativos han dejado con una gran deuda a estas familias que necesitan urgentemente de un techo para vivir con dignidad. Actualmente las familias esperan que las nuevas promesas desde el municipio sean cumplidas. Lo que para nada se aleja de la realidad de la gran mayoría de los comité de vivienda del país, quienes deben esperar largos periodos en los cuales incluso varios de sus miembros no logran ver en vida el sueño de la casa propia.