El conflicto socioambiental que este año cumple 25 años está a la espera de la respuesta a la demanda realizada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante lo cual el Comité de Defensa del Mar nuevamente emplaza al Estado a dar término al proyecto liderado por Celco.

Por Comité de Defensa del Mar

El Comité de Defensa del Mar por medio de una declaración pública realizó un pronunciamiento respecto del proyecto del ducto al mar en Mehuin que cumple 25 años instalando un conflicto entre la comunidad y la Celulosa Arauco.

El proyecto que comienza desde 1996 ha irrumpido violentamente en la comunidad buscando realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que avale la construcción de un ducto para evacuar los desechos químicos de la Planta Valdivia (San José de la Mariquina) en la bahía de Maiquillahue y la playa de Mehuin.

En julio se cumplen 25 años del conflicto que ha movilizado a Mehuin y a otras caletas de la VIII, IX, X y XIV región en contra de un ducto que descargaría los riles (Residuos Industriales Líquidos) de la Planta Valdivia al mar. El proyecto de la Celulosa Arauco contempla la expulsión de 1.000 litros por segundo de desechos directamente en la costa, para una producción de 550 mil toneladas anuales de celulosa blanqueada.

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Hasta la fecha, la empresa no ha podido instalar el emisario, ya que el Comité de Defensa del Mar mantiene "blindado" el territorio a partir de herramientas jurídicas. Estas son la Ley 19.253, de tierras indígenas; la Ley 20.249 o Ley Lafkenche, de espacios costeros marinos de pueblos originarios; la Ley de Pesca y las áreas de manejo de la pesca artesanal (5 millas marítimas); la Ley de Monumentos Nacionales, la inscripción de derechos de aprovechamiento de aguas en la DGA y el Convenio 169 de la OIT. Operando en conjunto, estas leyes imposibilitan el paso del ducto.

Fotografía: Christian Demarco

Boris Hualme, el werken de las comunidades lafkenche en Mehuin , emplazó al Estado para que entregue una respuesta definitiva ante este conflicto socioambiental: "Este conflicto debería terminar a la brevedad posible, no hay más argumentos, no hay más herramientas por parte de la empresa, por parte del Estado a la que puedan incurrir, y más aún considerando la demanda que realizamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la cuál esperamos respuesta".

El conflicto del ducto al mar en Mehuin cumple 25 años y la empresa Celulosa Arauco aún no desiste del proyecto, en ese sentido, Boris Hualme, integrante del Comité de Defensa del Mar hace referencia a una nula voluntad del Estado por interceder y dar respuesta a este conflicto: "El Estado que no ha querido responder, pero nosotros de alguna u otra forma siempre le vamos a decir que responda por un conflicto que nos trajo que nunca lo quisimos de la mano del Estado con el poder económico, a esto tiene que dar respuesta".

Finalmente, el werken lafkeche hizo referencia a la Convención Constitucional, apelando al apoyo que pueden generar desde ese espacio los constituyentes del pueblo mapuche a un conflicto que sigue abierto después de 25 años: "La convención constituyente es un órgano del Estado aunque ahí hay hermanos de pueblos originarios que a nombre del estado puedan definir este conflicto y otros que llevan muchos años de permanencia y no pueden seguir así", sentenció el vocero.

Se adjunta declaración pública:

A quienes defienden el buen vivir:

Desde contexto y territorio mapuche lafkenche, queremos manifestarnos como defensores de nuestros derechos fundamentales y comunicarles a hermanos y hermanas, mujeres, hombres, niños, niñas, adultos mayores y jóvenes acerca de la firme resistencia que venimos sosteniendo por un cuarto de siglo.

Desde 1996 la empresa transnacional Celulosa Arauco y Constitución ha irrumpido violentamente buscando realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que avale la construcción de un ducto para evacuar los desechos químicos de la Planta Valdivia (San José de la Mariquina) en la bahía de Maiquillahue y la playa de Mehuin. En complicidad con el Estado de Chile, los gobiernos de turno (1996-2021) y la institucionalidad ambiental, Celco ha intentado en distintas oportunidades invadir con su proyecto este territorio ancestral y contaminar el mar, utilizando como estrategias la desinformación, la desintegración del tejido social y el sicariato.

Hemos defendido el mar no como un movimiento medioambientalista, sino que como habitantes que se vinculan con su territorio desde una integralidad, donde el idioma, la medicina, la espiritualidad, la alimentación y la economía sustentable local, entre otros elementos, son esenciales para desarrollarnos en bienestar.  Es así que nos identificamos como una resistencia de carácter intercultural, pues la construye tanto el pueblo-nación mapuche como la sociedad chilena. Esta interculturalidad, sin embargo, dista de la propuesta paternalista del Estado: practicamos la autonomía, es decir que como habitantes de este territorio tomamos las decisiones que le conciernen, y es gracias a eso que hemos logrado mantenerlo a salvo todo este tiempo.

Han sido 25 años de defensa, de resistir a todas las caras de la violencia estatal, empresarial y policial operando en conjunto. ¿Cuánto tiempo más debe pasar hasta que veamos el fin de este conflicto? En el presente observamos con atención el proceso de la Convención Constitucional, que como órgano del Estado debe saber responder y hacerse cargo del corrupto conglomerado que éste ha formado con el gran empresariado. Acabar con los mecanismos que permiten políticas que favorecen de forma sistemática al capital es obligatorio para poner término a los conflictos que vivimos en los territorios.

Hoy hacemos memoria de una lucha histórica, en un país donde defender el buen vivir significa persecución y criminalización. Nos hemos enfrentado a los seres, las corporaciones y las instituciones más siniestras de la política y el poder económico chileno, quienes han tratado por todos los medios quebrar nuestra voluntad y hacer desaparecer nuestro estilo de vida. Somos defensores y defensoras de las aguas y la tierra, de un mar libre y limpio, de este territorio que sostiene la vida biodiversa, de nuestra memoria e identidad.

Por eso, como en numerosas ocasiones hemos dejado en evidencia, reafirmamos que:

1. CELCO es una empresa ECOCIDA, ILEGÍTIMA y CORRUPTA que debiese estar FUERA de todos los territorios, porque depreda los ecosistemas y empobrece a las comunidades en función de intereses económicos mezquinos y criminales.
2. El Estado de Chile VIOLA los derechos fundamentales de todo cuanto habita este amplio y diverso territorio, sirviendo a un modelo de mal desarrollo, saqueo y devastación, donde el negocio forestal y de la celulosa es uno de los bastiones del capitalismo extractivo.

El poder político-represivo ha sido implacable en arremeter y no escatimar ningún recurso al servicio del grupo Angelini. Nuestro territorio ha sido militarizado en distintas oportunidades a lo largo de estos años, mientras Celulosa Arauco ha perseguido y amenazado la vida de nuestros defensores, haciendo todo lo posible para aplicarnos la Ley Antiterrorista. Es una empresa sucia, y no solo por utilizar las formas más bajas de hostigamiento, sino que también por ser responsable de una seguidilla de desastres ecológicos con costos altísimos para los ecosistemas y las comunidades:

En Licanten, río Mataquito, con la Planta Licancel; en el Golfo de Arauco, con la Planta Horcones; en el río Itata, en Ránquil, con la Planta Nueva Aldea, además de la contaminación del río Cruces y el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, en 2004 y en 2014, por la descarga de los residuos de la Planta Valdivia.

Celco ha demostrado ser una empresa sin escrúpulos, que ha incurrido en múltiples ilegalidades dentro de una normativa ambiental débil y permisiva. Es por eso que en estos últimos años de conflicto hemos tenido que recurrir a un armazón jurídico que nos permita bloquear sus acciones y, a la vez, blindar el territorio por agua y por tierra. Así, las leyes: 19.253, de tierras indígenas; 20.249 o Lafkenche, de espacios costeros marinos de pueblos originarios; de Pesca, con las áreas de manejo de la pesca artesanal, de Monumentos Nacionales, más el Convenio 169 de la OIT, son las que operando en conjunto nos mantienen resguardados del ingreso de Celulosa Arauco.

En 2011 demandamos al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por vulnerar la consulta indígena y por la violencia física, psicológica, simbólica e institucional que ha ejercido contra nuestras comunidades en favor de la empresa. Hasta la fecha no ha respondido y la comisión no ha emitido una resolución. Pese a esto, sabemos que con las herramientas que estamos utilizando este conflicto debería terminar a la brevedad, porque Celco y el Estado no tienen más argumentos ni mecanismos a los que recurrir.

Estos 25 años de defensa han traído diferentes consecuencias para las vidas de quienes habitamos esta costa. El balance, sin embargo, es positivo: un mar libre de contaminación, alimentos sin tóxicos y un aprendizaje invaluable sobre la lucha por el territorio, que es al mismo tiempo una lucha cultural por la autonomía.

Nuestra voluntad está en mantener a Celulosa Arauco lejos del Lafkenmapu de una vez y para siempre, por lo que hacemos un fuerte llamado a no dejarse engañar por las trampas de la empresa y el poder político, y fortalecer los compromisos individuales y colectivos con la defensa del mar, el territorio y su biodiversidad.

Fotografía principal: Christian Demarco