Corte de Apelaciones rechazó sumario contra juez Urrutia tras apuntar a Poder Judicial por falencias en investigaciones de DD.HH.

[resumen.cl] Pese al intento de iniciar un sumario en su contra, la Corte de Santiago rechazó la iniciativa impulsada contra el juez Daniel Urrutia luego que este apuntara al rol del Poder Judicial en su trabajo sobre la vulneración de derechos humanos. Asimismo, 54 constituyentes respaldaron al juez rechazando cualquier sanción administrativa.

El pasado lunes la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la iniciativa impulsada por sectores conservadores del Poder Judicial de iniciar un sumario contra el juez Daniel Urrutia Laubreaux, quien fue criticado por su presentación en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional.

En tal instancia, Urrutia indicó críticas hacia el rol del Poder Judicial respecto a las reconocidas falencias del organismo sobre las investigaciones en materia de vulneración de los derechos humanos, actos cometidos durante el Estallido Social y donde responsabilizó, por ejemplo, a la propia Corte de Apelaciones de Santiago por no actuar contra el uso de balines de parte de Carabineros pese a los recursos que se habían presentado con antelación.

Concretamente, Urrutia señaló que «si la Corte hubiera ordenado frenar el uso de balines en el primer recurso de protección que rechazó, no hubieran existido cientos de mutilaciones oculares que hemos tenido que sufrir, sobre todo las víctimas y sus familias».

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Según informó esta mañana Interferencia, las y los impulsores del sumario contra Urrutia habrían sido los ministros Antonio Ulloa y Juan Cristóbal Mera, con respaldo de los jueces de la Suprema Arturo Prado Puga, Ángela Vivanco, Juan Eduardo Fuentes y Rosa Egnem.

Sin embargo, la iniciativa no contó con el respaldo de la Corte de Apelaciones, donde fue rechazada por 11 votos a favor y 12 en contra: apenas un voto de diferencia.

Sumado a esto, 54 constituyentes firmaron una declaración en solidaridad con Urrutia, indicando que «nos comprometemos a defender de manera irrestricta el derecho de toda persona a expresar sus posiciones libremente, en un marco de respeto a los derechos humanos, y estaremos disponibles todas las veces que sean necesarias para garantizar las condiciones democráticas de este proceso constituyente».

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