La Corte Suprema rechazó los recursos de casación que habían presentado los procesados y confirmó las condenas que pesan sobre siete exmiembros del denominado Comando Conjunto, por su responsabilidad en los delitos de asociación ilícita y secuestro calificado de los obreros de la construcción, dirigentes sindicales y militantes comunistas Aníbal Raimundo Riquelme Pino, Francisco Juan González Ortiz y Alfonso del Carmen Araya Castillo. Ilícitos perpetrados a partir de septiembre de 1976 en la ciudad de Santiago.

Por Darío Salas

En fallo dividido (causa rol 36.977-2019), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Haroldo Brito Cruz, Manuel Antonio Valderrama Rebolledo, Jorge Dahm Oyarzún, Arturo Prado Puga y la ministra María Teresa Letelier Ramírez- descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en noviembre de 2019, que ratificó la resolución de primera instancia dictada por el ministro en visita Leopoldo Llanos Sagristá en agosto de 2016.

De esta forma, queda a firme la sentencia que condenó a 20 años de presidio al exoficial FACH, Juan Francisco Saavedra Loyola, alias "El Mono"; al exoficial de la Armada, Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán, alias "El Chico"; al exoficial de Carabineros, Manuel Agustín Muñoz Gamboa, alias "El Lolo"; al exsuboficial FACH, Raúl Horacio González Fernández, alias "El Wally Chico"; y los agentes civiles Juan Atilio Aravena Hurtuvia y Ernesto Arturo Lobos Gálvez, en calidad de autores de los delitos de secuestro calificado y asociación ilícita.

Mientras que la agente civil Viviana Lucinda Ugarte Sandoval deberá cumplir 10 años de presidio, como cómplice de los delitos.

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La decisión dividida de la Segunda Sala de la Corte Suprema se produce por el voto dirimente del ministro Arturo Prado quien era del parecer de acoger los recursos de casación presentados por tres de los condenados.

En el fallo de primera instancia el ministro Llanos condenó también a penas de 20 años de prisión a otros cuatro agentes criminales que fallecieron en el curso de las posteriores tramitaciones procesales. Estos individuos son: el exgeneral de la FACH César Freddy Enrique Ruiz Bunger, quien a la época de los hechos se desempeñaba como jefe del SIFA y del Comando Conjunto; el excoronel FACH Antonio Benedicto Quiroz Reyes; y los agentes civiles César Luis Adolfo Palma Ramírez, alias "El Fifo", y Miguel Arturo Estay Reyno, alias "El Fanta".

Otros agentes involucrados en las acciones criminales del Comando Conjunto, que aparecen implicados en esta causa, como el ex oficial de la Armada Sergio Manuel Barra Von Kretschman y los ex oficiales de Carabineros Rubén Romero Gormaz y Germán Esquivel Caballero, están fallecidos y se benefician de la impunidad biológica, que se produce por la lentitud de ciertos procesos judiciales. Roberto Fuentes Morrison, alias "El Wally", era un ex oficial de reserva de la FACH que había sido reclutado como agente civil para efectuar labores represivas; este criminal fue ejecutado por un grupo operativo de la Resistencia antidictatorial el 9 de junio de 1989 en la comuna de 'uñoa, en Santiago.

En la etapa de investigación, el ministro Llanos Sagristá logró dar por establecidos los siguientes hechos:
Que durante los años 1975 y 1976 funcionó un organismo represivo -denominado «Comunidad de Inteligencia» y conocido posteriormente como «Comando Conjunto»- conformado por miembros de distintas ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y también por algunos civiles ex miembros del grupo antimarxista denominado «Patria y Libertad». Dicho organismo represivo fue constituido por decisión de las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y Carabineros, cuyo cuartel general se instaló en un edificio ubicado en calle Juan Antonio Ríos N° 6 de Santiago Centro (JAR 6), donde se encontraban las Direcciones de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA), del Ejército (DINE), de la Armada (SIN) y de Carabineros (DICOMCAR).

Operativamente, el aludido organismo represivo funcionó en centros clandestinos de detención y tortura, denominados «Nido 20» (ubicado en el sector del Paradero 20 de la Gran Avenida) y «Nido 18» (localizado en el sector del Paradero 18 de Vicuña Mackenna); y posteriormente, desde octubre o noviembre de 1975, en «Remo 0», ubicado al interior del Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina de la Fuerza Aérea de Chile (en adelante, FACH).

Finalmente, los agentes operativos se trasladaron desde este último lugar-con exclusión de los miembros del Ejército, que en esa época se marginaron del organismo-, a comienzos de 1976, hasta el cuartel «La Firma», ubicado en calle 18 de Septiembre de Santiago Centro, a la altura del 200, en el edificio del exdiario «El Clarín».

En todos los recintos clandestinos de detención antes señalados se efectuaron torturas a los detenidos, algunos de los cuales fallecieron como consecuencia de las mismas; o se les ejecutó por los agentes, haciendo desaparecer sus cuerpos.

El cuartel «La Firma» funcionó hasta diciembre de 1976, y corresponde a un edificio antiguo con varias dependencias, algunas de las cuales eran oficinas, otras salas de interrogatorio, y otras, calabozos. Algunas de dichas dependencias tenían piso de baldosas blanco y negro. Además, los agentes operativos que allí se encontraban utilizaban, para salir a detener personas, varios vehículos, entre ellos un automóvil Chevy Nova de color amarillo.

Eran jefes de dicho cuartel el teniente de la Armada, Daniel Luis Guimpert Corvalán, quien a su vez dependía del comandante Sergio Barra Von Kretschman, director del SIN.; el teniente de la FACH, Roberto Fuentes Morrison, quien dependía del Comandante de la FACH, Juan Saavedra Loyola, y éste a su vez, del director de la DIFA, Freddy Enrique Ruiz Bunger; y el teniente de Carabineros, Manuel Agustín Muñoz Gamboa, quien a su vez era subordinado del capitán de dicho cuerpo, Germán Esquivel Caballero, siendo jefe del área de inteligencia de Carabineros, el coronel Rubén Romero Gormaz.

Tanto Guimpert Corvalán, como Fuentes Morrison y Muñoz Gamboa, dirigían sendos grupos de subalternos que cumplían labores operativas, deteniendo personas para trasladarlas al recinto ya señalado, donde eran interrogados bajo torturas, como más arriba se señaló.

En consecuencia, el denominado «Comando Conjunto» estaba conformado por una pluralidad de individuos, con distribución de funciones y niveles jerárquicos, concertados permanente y continuamente con el propósito de ejecutar crímenes o simples delitos contra determinados bienes jurídicos, en particular, la vida e integridad física y psíquica de las personas. Así, miembros de dicho grupo delictivo cometieron, entre otros delitos contra las personas, el de homicidio de Carlos Contreras Maluje, quien permaneció detenido en aludido cuartel «La Firma»; delito por el cual fueron condenados como autores miembros de la aludida organización.

Desde fines de 1975, y durante todo el año 1976, la actividad represiva del organismo antes referido se dirigió especialmente en contra de la estructura clandestina de las Juventudes Comunistas (en adelante, JJ.CC), utilizando la información proporcionada por militantes de esa entidad política que, luego de ser detenidos, se transformaron en colaboradores y en algunos casos agentes, como Carol Flores Castillo, Miguel Estay Reyno y René Basoa Alarcón. De este modo, y a partir de la detención del dirigente José Weibel Navarrete el 29 de marzo de 1976 - Secretario General Interior de las JJ.CC. hasta pocos meses antes de su detención -, quien fuera llevado por sus captores al cuartel «La Firma», siendo torturado y cuyo rastro se pierde desde entonces, comenzaron a ser detenidos numerosos dirigentes de la aludida organización política, los que desempeñaban o habían asumido tareas de dirección de la misma en reemplazo de quienes eran detenidos, o que se encontraban «congelados» (ocultos en casas de seguridad) como medida de prevención ante la ola represiva desencadenada en contra de la organización.

En septiembre de 1976, las JJ.CC. contaba con una dirección interna (dentro del país) que estaba constituida por un Secretariado de cuatro miembros, y una Comisión Ejecutiva. Tanto los miembros del Secretariado como de la Comisión Ejecutiva -con excepción del Secretario General- dirigían distintas Comisiones, como las de Organización, Finanzas, Control y Cuadros, Solidaridad, Estudiantes, Relaciones Políticas, y Sindical. Formaban parte de esta última Comisión los militantes Aníbal Raimundo Riquelme Pino (28 años de edad, casado, un hijo, gasfíter en la Empresa de Instalaciones Sanitarias «Martín Michel y Cía. Ltda.», miembro del Sindicato Profesional de Obreros Gasfíter, Calefaccionistas y Obras Sanitarias de Santiago y de la Federación de la Construcción); Francisco Juan González Ortiz (27 de edad, casado, dos hijos, instalador sanitario, empresa «Martín Michel y Cía. Ltda.», Dirigente Nacional de la Federación de la Construcción); y Alfonso del Carmen Araya Castillo (27 años de edad, casado, una hija, mueblista ).La Comisión Sindical era dirigida por el militante Juan Orellana Catalán, detenido en junio de 1976 y trasladado al cuartel «La Firma», donde se le vio con vida por últimas vez.

El 9 de septiembre de 1976, Riquelme Pino (quien en el mes de julio de 1976 había abandonado su domicilio porque le buscaban agentes de seguridad, viviendo desde entonces en la casa de una familia de apellidos Soto Urbina) se dirigió hacia el sector de la Plaza Pedro de Valdivia, pues debía reunirse en ese sitio con Araya Castillo a las 14,00 horas, cita que había sido concertada previamente en forma telefónica por Madelina Ester Araneda Gallardo, cónyuge de Araya Castillo, también militante de las JJ.CC. e integrante de una de sus Comisiones; Araya Castillo, por su parte, salió desde su domicilio en la comuna de Pudahuel hacia dicha cita. A ambos se les pierde el rastro cuando se dirigían al mencionado punto de reunión.

Por su parte, a González Ortiz, el mismo 9 de septiembre de 1976, se le vio en horas de la tarde en una reunión en el local de la Federación de la Construcción, en calle Vergara N° 74 al llegar a la Alameda Bernardo O’Higgins, la que concluyó aproximadamente a las 21 horas. Se retiró del local con otros participantes en la reunión, quienes le vieron por última vez cuando cruzaba la Alameda en dirección al norte".