La actual crisis en el sistema de salud mental del Gran Concepción se encuentra en un punto crítico. Tras contínuas movilizaciones, las denuncias de abandono y falta de recursos, además de una masiva escasez de personal para cubrir la creciente demanda de atención, son la actual realidad de esta situación.
Por Dayana Coronado
Representantes de diversas organizaciones y funcionarios del área alertan sobre las condiciones precarias en las que deben trabajar, mientras que las renuncias recientes en las jefaturas del Servicio de Psiquiatría del Hospital Guillermo Grant Benavente dejan descabezado el servicio, evidenciando la magnitud del problema y la falta de respuestas estatales positivas.
Claudio Baeza, director del Hospital Guillermo Grant Benavente, confirmó la reciente renuncia de las jefaturas del Servicio de Psiquiatría, situación que compromete seriamente la capacidad de respuesta del centro de salud.
"Estamos buscando todas las formas para poder resolver este conflicto... por el beneficio de nuestros usuarios y por supuesto de nuestros funcionarios y funcionarias", explicó Baeza, quien aseguró que, a pesar del conflicto, la atención de urgencia continúa, dando prioridad a la entrega de receta de medicamentos a los casos más urgentes. Asimismo, el hospital espera designar una jefatura transitoria para garantizar la continuidad de las operaciones.
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Esta falta significativa de recursos y personal en el área, también ha sido duramente criticada por el Consejo de Usuarios PRAIS (Programa de Reparación y Atención en Salud), plan enfocado en la atención de víctimas de violencia política ejercida por el Estado, cuyo secretario, Juan Sandoval, indicó que el sector ha sido históricamente descuidado. «La salud mental en Chile efectivamente no está dando el ancho», afirmó, señalando que actualmente el programa en Concepción cuenta con una lista de espera de más de cien personas.
De esta manera, solo entre dos y cinco profesionales del programa atienden a esta cantidad de pacientes, lo cual implica una sobrecarga laboral insostenible. "Esta lista efectivamente requiere de una atención, una preocupación... a lo mejor en una modalidad distinta o con horas extras", agregó el dirigente, enfatizando la necesidad urgente de refuerzos en el equipo o la búsqueda de alternativas en la atención y prontas soluciones.
A la par de esta situación, el vocero de la manifestación por la salud mental en Concepción, Ricardo Alarcón, expresó su preocupación por el deterioro del sistema, el que también atribuye a un abandono prolongado en las políticas públicas.
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Alarcón denuncia que el déficit de personal alcanza niveles críticos, ya que el sistema opera con apenas el 25 a 30% del personal necesario, de acuerdo al propio modelo ministerial, señalando que los funcionarios deben asumir cargas laborales desproporcionadas. "Trabajamos con un 25, con un 30% de lo que se supone que deberíamos tener como trabajadores", subrayó.
Igualmente, el vocero añadió que la falta de recursos no solo afecta a los trabajadores, sino que además limita poder otorgar una atención adecuada frente a la creciente demanda: "Después de la pandemia la demanda de atención por salud mental creció en alrededor de un 400%... creemos que es necesario que el Estado se haga cargo de darle la relevancia que merece al área de salud mental".
Ante la falta de una política pública efectiva y la respuesta negativa por parte del Ministerio de Salud de aumentar el presupuesto, se convocó a una Marcha por la Salud Mental el pasado jueves 24 de octubre, buscando seguir con la visibilización de la crisis e instar al gobierno a cumplir con su responsabilidad y entregar respuestas dignas a los funcionarios.
La situación de la salud mental en Concepción refleja un grave abandono estatal, reflejándose en efectos negativos significativos sobre los pacientes, muchos de los cuales se encuentran en listas de espera prolongadas o carecen de una atención oportuna y de calidad, poniendo en riesgo el deterioro de su salud en el tiempo que transcurre entre una atención y otra.
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Sumado a esto, la renuncia en masa de las jefaturas del Servicio de Psiquiatría y la insuficiencia de recursos en programas como PRAIS, son solo más indicadores de una crisis que no puede seguir siendo ignorada.
La sobrecarga laboral a la que se exponen los profesionales y el aumento sostenido de la demanda en un preocupante 400% desde la pandemia, exigen respuestas inmediatas del Estado y una política a largo plazo que garantice la atención digna de pacientes y se comprometa con condiciones laborales adecuadas para las y los funcionarios del área.
La crisis de salud mental en Concepción es un reflejo de la falta de atención y recursos que ha persistido por años en el sistema de salud pública. Las voces de los usuarios, profesionales y dirigentes que exigen cambios son un llamado urgente para que el Estado responda e implemente políticas efectivas que garanticen una atención adecuada y digna. Sin una respuesta integral y comprometida, la situación seguirá deteriorándose, afectando no solo a quienes requieren de una atención médica, sino además a toda la comunidad, ya que no poder acceder de manera integral a un área tan importante como la salud mental, enfrenta el riesgo de un incremento en el bienestar emocional de los penquistas en un contexto ya vulnerable.
La movilización y la presión social han sido esenciales en las últimas semanas para visibilizar esta problemática y forzar al gobierno a actuar con la urgencia que la situación demanda. Es sumamente necesario que se considere esta problemática como urgente y que las autoridades busquen y entreguen soluciones que permitan la rápida incorporación de más personal especializado, así como mejoras salariales y laborales para evitar que el deterioro en el sistema siga incrementando, como lo ha estado haciendo durante este último periodo.