Fueron $1.578 millones los que solicitó la corporación privada como presupuesto operacional para el año 2022, cifra considerada excesiva por los Consejeros Regionales Javier Sandoval y Camila Arriagada, quienes ingresaron una denuncia y luego un recurso de reposición, al detectar que el Gobernador Regional Rodrigo Diaz y presidente de la Corporación Regional Desarrolla Biobío, firmara una resolución para extender el convenio hasta 18 meses de duración.

El pasado 29 de diciembre de 2021, el Consejero Regional Javier Sandoval y en ese entonces la Consejera Regional electa Camila Arriagada llegaron hasta la Contraloría Regional para ingresar una denuncia por considerar que los $1.578 millones, aprobados en la Sesión Ordinaria N°24 realizada el 22 de diciembre de 2021 para los gastos operacionales año 2022 de la Corporación Desarrolla Biobío, corresponden a programas y actividades en donde es razonable un financiamiento compartido con las asociaciones empresariales que integran dicha Corporación y no exclusivamente responsabilidad de los recursos públicos del Gobierno Regional del Biobío. Además de cuestionar los gastos en pasajes internacionales, viáticos, banquetería y merchandising, junto con solicitar la revisión estatutaria, que considera al Gobernador Regional como su presidente.

Así entonces, la Contraloría Regional el 10 de marzo de 2023 emitió un primer pronunciamiento individualizado como N°E320070, el cual estableció validez a los temas administrativos como que la presidencia de la Corporación recaiga sobre el Gobernador Regional  y reconoce la vigencia de su directorio, quedando en duda la pertinencia de los ítems susceptibles de ser financiados con cargo a los recursos del Gobierno Regional del Biobío, razón por la cual ambos Consejeros Regionales ingresaron nuevamente el 14 de marzo del mismo año, ahora un recurso de reposición, ante la disconformidad de la respuesta obtenida frente a este último punto, por considerar desatendidas estas consultas.

Esta vez incluyeron como nuevo antecedente la Resolución N°104 del Gobierno Regional del Biobío, de fecha 30 de diciembre de 2021, el cual obtuvo toma de razón de parte de la Contraloría Regional del Biobío el 10 de enero de 2022, sin observaciones. El documento establece una vigencia de 18 meses, lo que representa un plazo superior al aprobado por el Consejo Regional y que en consecuencia incluiría actividades operacionales del año 2023, sin la respectiva evaluación de resultados y que además les daría la razón, a juicio de ambos denunciantes, en que los fondos solicitados por la Corporación Regional eran efectivamente excesivos para su funcionamiento durante el año 2022.

Estas asignaciones presupuestarias desde los gobiernos regionales a corporaciones privadas, que a su vez son presididas por gobernadores regionales, se dieron a conocer nacionalmente por la publicación de prensa, que cuestionó la asignación de recursos del Gobierno Regional de los Lagos a la Fundación Chinquihue. En este caso, estamos frente a una situación similar, que involucra al Gobierno Regional del Biobío y la Corporación Desarrolla Biobío. Donde una institución del estado es la que entrega recursos y a su vez es la encargada de fiscalizar el correcto usos de los dineros y el desarrollo de las actividades, abre un debate ético con alcances legales, toda vez que resulta inverosímil que un gobierno regional fiscalice una corporación que es presidida por un Gobernador.

Para mayor revisión de los gastos realizados por la Corporación Desarrolla Biobío, con cargo a los $1.578 millones aprobados, puede revisar aquí el detalle.

*Comunicado de prensa