[resumen.cl] Mientras avanzan los preparativos el establecimiento del embalse Punilla en San Fabián y la inundación de la zona, desde la Junta de Vecinos de Los Sauces acusan nuevas irregularidades en el proceso de erradicación de las familias precordilleranas. A través de un comunicado público, la presidenta de la Junta de Vecinos de Los Sauces, Lorena Navarrete explica las condiciones en las que se ha desarrollado los planes de erradicación de los vecinos de la zona, por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la empresa multinacional italiana Astaldi y sus consultoras.

Sector La Punilla, sitio de construcción del muro del embalse.

El proyecto Embalse Punilla lleva décadas siendo anunciado para la cuenca del río 'uble y ha dividido las opiniones entre la población que buscaba la conservación del ecosistema acuático y quienes buscaban el aprovechamiento del agua para hidroelectricidad, riego y agronegocios. El embalse pretende inundar 1.700 hectáreas de tierras junto al río, en medio del Corredor Biológico Nevados de Chillán-Laguna del Laja, calificado como Reserva Mundial de la Biósfera por la UNESCO.

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En un comunicado público enviado a Resumen, la presidenta de la Junta de Vecinos de Los Sauces denunció que «el Estado y la Empresa a cargo de implementar el PDS [Plan de Desarrollo Social], se han encargado estos 2 años en dos cosas principalmente, una en dividir a la Comunidad, debilitar a las Organizaciones y seguir adelante con su propio discurso tratando de convencer a cada vecino de la Cordillera, que es lo mejor para él o ella, aprovechándose de su vulnerabilidad, fragilidad, desconocimiento y ejerciendo presiones indebidas con tal de que en este caso el MOP no pueda seguir atrasándose con los plazos que ellos mismo establecieron en el contrato de Concesión»

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El comunicado señala también que las gestiones de la empresa apuntarían a denostar a Lorena Navarrete como dirigenta, en el contexto en que la empresa y el MOP buscarían que las primeras familias firmaran cuanto antes los convenios de compensación.

La vecina precordillerana denuncia que en las últimas tasaciones realizadas por el MOP el pasado mes de julio, no se les habría avisado a los vecinos y a algunos de estos se le habría avisado con demasiado poca anticipación. Junto a esto, denunciaron que a algunos vecinos de la primera zona en prioridad de erradicación (la llamada Zona A) les han anunciado en tono de amenaza que «están dispuestos en arrendarle casa o terreno con tal que entreguen sus predios de aquí a Diciembre, y si no que se atengan a las consecuencias".

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Lorena expresó su preocupación por la dificultad de la adaptación que están presentando las familias erradicadas hacia nuevos terrenos lejanos a la precordillera. También apuntó en contra de algunos de los propios vecinos quienes «tienen una mente cortoplacista que no les importa más que el dinero de las compensaciones», valorando menos el ambiente y el modo de vida que les están obligando a abandonar.

Lorena señala que lamenta que su comunidad esté «inserta en una crisis social que nadie ha sabido contener» y además, que le preocupa la continuidad del modo de vida arriero y las actividades de crianza de animales en la zona. La presidenta de la Junta de Vecinos vaticinó que «que en un par de años si este proyecto se concreta solo serán lamentos y cosechas de pobreza».