El diputado Jaime Sáez solicitó en Comisión de Hacienda oficiar a autoridades para que se pronuncien por 400 concesiones con causal de caducidad las que estarían al margen de la ley. Dirigenta de comunidad y de la red de mujeres de pueblos originarios llamó a las autoridades a que cumplan con la ley y se restituyan las concesiones.

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Desde la Comisión de Hacienda, en el marco de la discusión legislativa sobre el Pacto Fiscal, el diputado de la Región de Los Lagos, Jaime Sáez, con respecto a la propuesta de una cápita importante, en torno a los permisos y a la tramitación de proyectos de inversión, señaló: "Yo quiero traer a esta comisión un tema que en las regiones del sur austral nos preocupa y que también debería ocuparnos y a mí me llama la atención que ningún organismo del Estado se haya pronunciado previamente respecto de alrededor de 400 concesiones acuícolas que se encuentran en situación de caducidad y sobre los cuales no se ha pronunciado la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, tampoco la Subsecretaría de Pesca ni ningún organismo".

Sáez agrega: "De tal modo, que estando concesiones en causal de caducidad y que estas no hayan sido caducadas a lo largo de varios años y teniendo en paralelo en cuellos de botella en respecto de las relocalizaciones de concesiones acuícolas que no han podido avanzar en el Ministerio de Defensa por ya varios gobiernos, a mí me llama la atención que el Estado simplemente mire para otro lado, cuando la ley no se está cumpliendo y que ningún organismo, ni siquiera la Contraloría se pronuncia respecto al actuar o no actuar de determinados servicios, entonces a mí me gustaría que pudiéramos oficiar".

Jaime Sáez, llamó a oficiar entonces a la Contraloría General de la República, a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, a la Subsecretaría de Pesca y al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, "porque esta es una cuestión que es grave, no puede ser que, de un total de aproximadamente 1400 concesiones vigentes, 400 de ellas aproximadamente en 3 regiones del país. Estén en situación de ilegalidad y que nadie haga o diga nada", indicó el parlamentario sureño.

Sáez señaló ante los miembros de la Comisión de hacienda: "Sé que este es un tema que de pronto escapa a la naturaleza propia de esta comisión, pero me parece que es algo que tiene dimensiones medioambientales y también económicas importantes en términos de dar certeza jurídica al conjunto de actores que intervienen en el mar del sur austral de Chile".

Imagen de contexto.

Reacción desde comunidades de la Región de Los Lagos

De las 400 concesiones señaladas por el parlamentario, distribuidas en tres regiones del sur de Chile, 166 corresponden a la Región de Los Lagos. Al respecto, Yohana Coñoecar Llancapani, representante de la comunidad Mapu Calafquen de Isla Llanchid, en Hualaihue y de la Red de mujeres de espacio costero marino de pueblos originarios, señaló que: "Hay un llamado por parte de 33 organizaciones para que se hagan efectivas estas caducidades y no se tire nuevamente un salvavidas desde los servicios públicos, desde el Estado a estas empresas que están incumpliendo la normativa (...) Aquí, particularmente en Hualaihué existen 16 concesiones que están en ese proceso de caducidad, muchas de las cuales por el conocimiento que nosotros tenemos de nuestro territorio, ya llevan más de 15 años que no están operando".

Coñoecar agrega que se debe tomar en cuenta la opinión de la gente local, "porque finalmente con el pasar del tiempo nos hemos ido enterando de que algunas de estas concesiones están en prenda en los bancos, que algunas están sujetas a otro tipo de afectaciones que no tienen que ver precisamente con la producción y eso es preocupante, porque se ve el mar como un espacio comercial de canje de servicios o de canje de deudas"

La dirigente, insiste en hacer "un llamado fuerte a las autoridades competentes a que hagan efectiva estas caducidades y ese mar pueda devolverse finalmente a los territorios que siempre lo hemos ocupado y cuando se otorgaron estas concesiones, nosotros perdimos muchos espacios de caladero. Las instituciones deben cumplir su rol de fiscalizador, cumplir su rol de sancionador cuando le corresponde hacerlo y que se cumpla la ley, la ley, así como nos hacen cumplir la ley a nosotros, las organizaciones indígenas, organizaciones de la sociedad civil, que también se les haga cumplir a las empresas extractivistas del sur de Chile"

Yohana Coñoecar ante los chantajes que se han generado desde el sector empresarial con respecto a los puestos de trabajo, para la dirigenta esto es algo inaudito: "Aquí existen 16 empresas salmoneras, de las cuales varias no han estado operando por más de 15 años, por lo tanto, el trabajo aquí no puede ser un slogan para decirle hoy día al mundo no se pueden caducar".