[resumen.cl] La llamada «verdad histórica» del caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos forzosamente en septiembre de 2014 ha colapsado. A seis años de los hechos, el presidente López Obrador pidió perdón en nombre del Estado, mientras se planteó la existencia de órdenes de captura contra agentes por su presunta participación.

Entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, un grupo de 43 estudiantes normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos fueron víctimas de desaparición forzada.

Las orientaciones de las investigaciones han sido diversas y han cuestionado la «verdad histórica» impuesta por la administración del Estado liderada por el ex presidente Enrique Peña Nieto, la que centraba su hipótesis en la injerencia del Grupo «Guerreros Unidos» quienes habrían asesinado y quemado los cuerpos de los normalistas en un basurero ubicado en el municipio de Cocula, cuestión afirmada por el exfiscal Jesús Murillo.

Sin embargo, las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dieron un giro en la investigación, planteándose el rechazo a esta versión.

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Tras un contundente proceso de peritaje el GIEI presentó la inviabilidad de esta versión, planteando en su informe «la convicción que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula. Las confesiones realizadas por los presuntos responsables en este punto no corresponden a la realidad de las pruebas presentadas en este estudio«.

Descripción de los hechos. Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, GIEI. p. 11.

De igual forma, el GIEI estableció que las víctimas directas de violaciones a los derechos humanos supera la cifra de 150 personas, entre las que se encuentran seis ejecutadas de forma extrajudicial, decenas heridas, casos donde personas sufrieron ataques y pudieron sobrevivir y una diversidad de víctimas en el marco del llamado «Caso Ayotzinapa».

Así, se ha apuntado a la necesidad de levantar nuevas líneas de investigación que permitan dar con la totalidad de las responsabilidades correspondientes, para lo cual bajo la administración del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, se decretó la creación de la «Comisión Presidencial por la Verdad en el caso Ayotzinapa».

En este sentido, se ha establecido el rol que cumplieron agentes estatales en la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, además del entramado de vulneraciones a derechos humanos que se desarrollaron de forma paralela contra un grupo más amplio de personas.

Este 26 de septiembre, el fiscal a cargo del caso, Omar Gómez Trejo, dio a conocer que existen 70 órdenes de captura presentadas por el actual Gobierno contra funcionaros del Estado. Entre estos se encuentran funcionarios del Ejército, policías federales y municipales, integrantes de organizaciones del crimen organizado e incluso funcionarios del Ministerio Público.

De igual forma, durante la jornada, a seis años de los hechos y pese a la pandemia de la Covid-19, manifestantes se reunieron a protestar en memoria de los estudiantes en Ciudad de México.

Durante la instancia, López Obrador ofreció disculpas, en nombre del Estado resaltando que «estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado mexicano«.

A seis años, se ha generado «el colapso de la verdad histórica», cuestión que ha sido acompañada, declaró el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, de «la lamentable actuación de algunos jueces que con sus determinaciones han liberado a presuntos perpetradores de la desaparición de los estudiantes«.

Mientras, desde las familias y organizaciones de la sociedad civil se mantiene la denuncia de impunidad.

Fotografía principal: Yuri Cortez / AFP /france24.com