[Resumen.cl] Uno de los episodios más graves ocurrió en marzo de este año, cuando un grupo de personas ingresó violentamente al liceo Comercial de Talcahuano, con la finalidad de agredir a apoderados, portando un arma de fuego y terminando por apuñalar a un docente que intentó calmar la situación.
La acción judicial por tutela de derechos fundamentales, interpuesta este sábado en el Juzgado de letras de Concepción en contra de la municipalidad de Talcahuano, se enmarca en el contexto de múltiples hechos de violencia que han aquejado a comunidades educativas, pero que no han contado con el seguimiento ni la fiscalización por parte del sostenedor de la educación municipal en la comuna puerto, el municipio a cargo del alcalde Henry Campos Coa (UDI).
En el último tiempo, los y las docentes han tenido que enfrentar graves hechos de violencia que se han producido al interior y en las afueras del establecimiento. Uno de los incidentes más graves ocurrió en marzo de este año, en el liceo Comercial de Talcahuano, donde un grupo de personas ingresaron violentamente, rompiendo la puerta de acceso y amenazando con atacar con un arma de fuego y arma blanca a otros miembros de la comunidad educativa del establecimiento.
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Los minutos de terror sufridos por estudiantes, docentes y asistentes de la educación que presenciaron el hecho, terminó con un profesor apuñalado por la espalda, en el intento de calmar a los descontrolados agresores.
Docentes han indicado que posterior a este episodio, la administración municipal no realizó las acciones y resguardos que se requerían, dada la gravedad de los hechos. Pero además, denuncian que frente a otras situaciones de violencia que han seguido poniendo en riesgo a la comunidad educativa del establecimiento, el sostenedor sigue sin cumplir todos los compromisos de protección que se comprometieron tras el ataque.
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La indefensión de las y los docentes, además de las consecuencias que han tenido que asumir frente a los hechos de violencia, les llevó, como única alternativa, a buscar el pronunciamiento de la justicia, amparados en garantías constitucionales, ratificadas por el artículo 485 del Código de Trabajo, específicamente la contemplada en el artículo 19 número 1, referido al derecho a la vida e integridad física y psíquica de las personas.
Con esta acción, los educadores de Talcahuano buscan, a través de la justicia, establecer acciones remediales a la violencia que se está viviendo en los establecimientos y asegurar la protección de las comunidades educativas en su conjunto, tanto en su comuna como en todo el país.