EDITORIAL | Despotismo y nepotismo gobernante
Cada día se torna más dramática la situación sanitaria y humanitaria del país. El desastre provocado por la gestión gubernamental ante la pandemia del coronavirus no termina de desatarse y de mostrar todos los efectos destructivos de una perversa y nefasta estrategia.
Cada día que pasa vuelven a producirse demostraciones de que el interés de Piñera y su gobierno nunca han estado centrados en impedir o detener el desarrollo de la epidemia, sino solo en ocuparse de velar por los intereses y beneficios del gran empresariado. El cambio de ministro de salud no llega a traducirse en la definición y aplicación de una nueva estrategia, siendo el principal obstáculo para ello el hecho que las decisiones sanitarias determinantes siguen siendo resorte y atribución del presidente Piñera, y éste sigue priorizando por sus propios intereses, por los intereses empresariales y mercantiles. En definitiva, siempre optará por proteger el mercado por sobre la salud y la vida de la población.
Te puede interesar: Pese a grave situación sanitaria, autoridades siguen sin decretar cuarentena en el Gran Concepción, Los Ángeles y Alto Biobío
Así lo grafica, por lo demás, el reciente anuncio presidencial de bloquear dos proyectos de ley que habían sido presentados y tramitados en el parlamento, por iniciativa parlamentaria, y que iban en directo beneficio de sectores de la población y masa trabajadora. Un proyecto buscaba extender el beneficio de post natal para madres y padres bajo contrato laboral, pues dada la situación de pandemia se hacía más importante la presencia y relación constante de los progenitores con sus hijos lactantes o no; proyecto que provocó el escozor de empresarios de todos los rubros quienes lo único que están dispuestos a "ofrecer" es que esos padres se acojan al seguro de cesantía, o más bien dicho a la ley de protección empresarial que el gobierno presenta como ley de protección del empleo y manda a la masa trabajadora a la cesantía y la miseria. El otro proyecto buscaba que las grandes empresas propietarias y comercializadoras de servicios básicos (agua, luz, gas, telefonía) durante el período de pandemia no aplicaran el corte de los suministros por no pago del servicio en que pudieran incurrir los consumidores, particularmente de los sectores más vulnerables del país; proyecto éste que provocó aún más escozor en el empresariado y la molestia histérica de la derecha política pues este tipo de iniciativas atenta, según ellos, contra los pilares de la libertad de comercio en que se sostiene este modelo explotador y abusivo.
Ambos proyectos eran un tímido asomo de la oposición política formal por intentar hacer o decir algo ante el desastre que está causando el gobierno, pero estos proyectos podían afectar en alguna medida el interés del gran empresariado y los sacrosantos criterios de mercado que rigen la vida de los gobernantes, de modo que el mandatario opta por impedir que estos proyectos se concreten, así cuida su propia riqueza y la de sus mandantes. El gobierno no sólo no fue capaz de congelar por unos meses el pago de estos servicios, como lo demandaba la pandemia y la realidad nacional hace tres meses atrás; tampoco ha querido poner límites a las tarifas de usura que cobran estas empresas, como lo demandan las realidades sociales descubiertas por esta crisis, sino que, además, las protege para que sigan ejerciendo sus métodos abusivos. Así demuestra este presidente su "profunda" preocupación por la salud y la vida de la población: cuidando hasta el último centavo de los poderosos y sin ninguna consideración hacia las necesidades de la población; "preocupación" que además se ve reiterada en otras actitudes y acciones que muestran por dónde transita el real interés y ocupaciones gubernamentales.
No se queda sólo en estos rechazos la actitud antipopular del mandatario. Aprovechándose del nulo rol que ha jugado la oposición política formal durante este desastre nacional, el presidente Piñera se subió por el chorro y amenaza con represalias ante el timorato intento parlamentario de proponer los mencionados apoyos a los ciudadanos. En un nuevo arrebato despótico, saca a relucir su vocación dictatorial y promete formar una comisión de expertos (entiéndase, amigos suyos de la derecha política y empresarial) para que dictaminen formas de ponerle ataduras y mordazas a cualquier intento de iniciativa parlamentaria que afecte los intereses del modelo y del sistema, es decir, que cuestione el poder omnímodo del empresariado y la derecha conservadora neoliberal. Le faltó poco para amenazar con golpe de estado, aunque tampoco hay que descartarlo como uno de los métodos predilectos, de parte de los actuales ocupantes de La Moneda, para resolver sus crisis de representatividad.
En tanto, la pandemia sigue desatando su azote implacable sobre las capas pobres de nuestra sociedad, particularmente el flagelo del hambre. Mientras tanto en otra muestra de la falta absoluta de empatía y de comprensión de la realidad, los asesores directos del mandatario están muy ocupados con seleccionar el exclusivo y oneroso menú presidencial. Al mismo tiempo, comunas, localidades, regiones, cuyos ciudadanos, trabajadores, dirigentes sociales y autoridades locales, demandan que se establezcan cuarentenas, cercos sanitarios, residencias sanitarias, y otras medidas preventivas y de control, no son escuchados porque para el gobierno sigue siendo prioritario que las empresas puedan seguir funcionado, aún a costa de la integridad de las personas que allí deban ir a laborar.
La gran minería, la industria de celulosa, la industria forestal, la pesca de exportación, la construcción, el comercio de electrodomésticos, de vestuario y otros artículos superfluos, difícilmente puedan inscribirse como de primera necesidad, salvo para la imperiosa necesidad empresarial de acumular y aumentar sus ganancias y utilidades; si eso implica la muerte de personas, al gobierno y al empresariado no le importa pues ello es parte del recurso sustituible, reemplazable, en su cadena de generación de riqueza propia.
Las empresas: el principal factor de propagación del virus
Mantener el funcionamiento de las empresas a cualquier precio, parece ser la máxima surgida desde La Moneda. Aún en las zonas y regiones del país donde se supone que rigen cuarentenas y restricciones, éstas no se aplican para las empresas. No se trata de las actividades esenciales para mantener la cadena de suministros básicos para la sobrevivencia diaria y para las funciones de salud, sino de actividades que no son esenciales para ello. No se trata solo de la masa de pobres que deben salir a buscar formas de generar algún mísero ingreso diario para poder mantener precarias condiciones de sobrevivencia, esa es solo una arista de este asunto. El grueso de las transgresiones está dada por las empresas que burlan todas las ordenanzas y obligan a sus trabajadores a seguir activos en sus lugares de trabajo, recorriendo para ello distancias considerables, trasladándose en medios de transporte público repletos de personas que andan en lo mismo, generando así una constante propagación de contagios que está lejos de terminar porque el gobierno no quiere terminarla, no quiere paralizar ninguna actividad económica ni productiva, no tiene ninguna voluntad política de terminar con esta pandemia. Para esas empresas transgresoras no hay sanciones, aunque falseen información y baypaseen los permisos sanitarios, no hay una actitud condenatoria y una disposición a ponerle atajo, no hay respuesta desde el gobierno, y la enfermedad sigue propagándose.
Los medios empresariales de comunicación vociferan que la población no respeta cuarentenas, que no cumple las disposiciones sanitarias, y montan una serie de berrinches de esa naturaleza que no tienen otro fin que formar una cortina de humo que cubra el verdadero problema, la verdadera causa de las tales vulneraciones. El problema es la impunidad con que actúan las empresas, ejerciendo chantaje sobre la masa trabajadora, y burlando las normativas que se supone están destinadas a ser respetadas por todos; esto se traduce en que la permanencia de la actividad laboral a todo evento se ha convertido en el verdadero y principal propagador de la epidemia. Mientras no se ponga atajo a esta dinámica perversa, lo demás es humo. Las cifras ya nos sitúan como el país de peor desempeño comparativo del planeta. Pero lo que tiene real significación es que ese desempeño desastroso del gobierno tiene como víctimas de su infame gestión a las personas vulnerables de nuestro país. Los pobres, los ancianos, las trabajadoras y trabajadores son los que resultan afectados por el contagio del virus y son quienes resultan muertos por la ineficiente respuesta de un sistema público de salud colapsado y saturado; esto es especialmente brutal pues los pobres, la clase trabajadora, los humildes, son pacientes del sistema público que, a su vez, ha sido objeto del despojo y desvalijamiento por parte de un modelo depredador y utilitario.
Así lo muestran también las cifras comparativas de víctimas fatales entre los centros públicos y los centros privados, particularmente en la Región Metropolitana en dónde la diferencia de resultados es ilustrativa pero alarmante porque no se ve una actitud gubernamental dispuesta a revertir esta dinámica. Eso no habla de una mala respuesta del sistema público sino de una grotesca y miserable segregación de los servicios que se traduce en seres humanos muertos, en personas fallecidas, en víctimas fatales. El sistema público de salud ha sido precarizado, reducido, esquilmado, depredado por una política económica basada en la privatización de la salud, en la salud como negocio, en la salud como mercado; del mismo modo que convirtieron la educación y la previsión de los chilenos en un lucrativo negocio, así también han hecho con la salud, llevando al sistema público a una situación calamitosa, con límites y restricciones para cualquier ámbito del servicio, con escasez de medios, recursos, insumos, materiales, equipos y personal en todos los estamentos. Aún así, en esta pandemia el sector público de salud ha estado a la altura de las circunstancias, la atención hospitalaria ha estado garantizada por el desempeño y compromiso del personal sanitario en su conjunto mostrando eficiencia y velando por la salud y dignidad de los pacientes. Pero eso no alcanza ni es suficiente para contener la alta demanda, la saturación de pacientes, el colapso de los medios técnicos y de capacidades materiales.
El sector de la salud privada, en cambio, tiene la ventaja de contar con condiciones y medios suficientes para brindar un servicio oportuno a sus clientes,. Nunca van a sufrir problemas de saturación o colapso pues privilegian las condiciones de hotelería de los clientes por sobre las necesidades sanitarias de otros pacientes, más aún si éstos vienen derivados del sector público, eventualmente. Por lo demás, este gobierno ha estado atento a resolver cualquier demanda del sistema privado, lo mismo que le niega al sector público, y acomodar sus pedidos de ayuda ante la pandemia a la voluntad de los dueños del negocio de las clínicas y hospitales privados. En este mismo tratamiento especial y delicado, este gobierno incluye a los centros médicos y sanitarios de las fuerzas armadas y policiales. Sobran los signos de segregación, discriminación y abuso.
En este contexto no es una mera casualidad que en el funeral de un tío suyo, el mandatario haya tenido una actitud de desprecio y ofensa hacia las más de 7.500 víctimas fatales que ha provocado su macabra gestión de la pandemia, y se burle de las familias de los fallecidos, arrogándose derechos draconianos de estar por sobre la ley y la igualdad de derechos, al violentar los protocolos impuestos por la necesidad sanitaria y dictados por su propio gobierno respecto de los funerales. Fiel a su costumbre, Piñera actúa según sus caprichos y arbitrios personales, se puso a la altura de los funerales narcos y vulnera las responsabilidades que le caben como presidente de un país, por más que este país no sea el oasis que él veía, merece un presidente que actúe con un mínimo de respeto hacia sus ciudadanos.
Es hora que alguien le informe al presidente Piñera que con su desastre de gestión hace rato ya superó a Italia, como se lo recordó hasta el Washington Post. Pero también alguien que le avise que ya superó a España en contagiados y a China en personas fallecidas; que despierte de su sueño, salga de su espejismo, y deje que los expertos traten de solucionar el gran descalabro que ha provocado con su amigo Mañalich y sus mandantes empresarios.
Resumen
