El abismal crecimiento se refleja en el aumento de más de un 600% de los ingresos al Estado por los contratos de explotación de litio, donde el Consejo Fiscal Autónomo ingresó un oficio a la Dirección de Presupuestos para conocer antecedentes y proyecciones en un contexto donde la explotación de litio se encuentra a manos de capitales privados nacionales y transnacionales afectando gravemente a comunidades y salares del país.

Por J. Arroyo Olea

Esta semana se publicaron balances referidos a las ganancias que se han obtenido a costa de la explotación de litio en Chile, metal que es esencial, entre otras cosas, para la industria de la electromovilidad y cuyos yacimientos son explotados por empresas privadas nacionales y transnacionales en el norte del país.

Acorde a información publicada por El Mercurio, la Dirección de Presupuestos (Dipres) señaló que «los ingresos por rentas de la propiedad del Estado en octubre se incrementaron en 2.234,2% real a $1.063.122 millones (US$ 1.230 millones), debido a los ingresos percibidos por Corfo, originados por los contratos de explotación suscritos con SQM y Albemarle».

En este sentido, es importante considerar que dichas empresas privadas cuentan con contratos de explotación como mecanismo legal que ha establecido el Estado chileno para facilitar la explotación del metal. A través de esto, el medio indica que «los recursos fiscales por esta vía suman $ 3.384.627 millones (US$ 3.917 millones), es decir, registran un alza de 634%».

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En esta línea, la Dipres dio cuenta de un «incremento porcentual de casi el doble de lo estimado». Ante esto, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) envió un documento en agosto de este año a la Dirección anunciando que «para los consejeros de la entidad no pasaban desapercibidos los ingresos extraordinarios obtenidos por el fisco vía los contratos de explotación de litio».

El oficio solicitaba expresamente «antecedentes sobre los ingresos del Gobierno Central provenientes de la explotación del litio, para los últimos 5 años o, en su defecto, para el mayor plazo disponible, incluyendo --de ser posible-- los ingresos del primer semestre 2022», además de "una proyección de los ingresos que se estima recibirá el Gobierno Central provenientes de la explotación del litio en el período 2022-2026 y, de ser posible, para un período más largo; así como una proyección de los montos que las empresas respectivas deben, por contrato con el Estado, aportar a las comunidades y de forma directa a iniciativas de investigación y desarrollo, pero que no se contabilizan como ingresos del Gobierno Central".

Entrega a privados: sin Política Nacional y sin Empresa Nacional

Estos antecedentes se publican en un contexto donde aún la legislación acerca del litio es bajísima en Chile. Ejemplo de aquello es que el país aún no cuenta con una Política Nacional del Litio, la cual fue anunciada por el segundo Gobierno de Sebastián Piñera pero nunca publicada como tal.

En dicha ocasión, RESUMEN consultó por la existencia del plan, ante lo cual se comunicó que solo se cuenta con la Política del Litio y la Gobernanza de los Salares publicada en 2016 como una orientación respecto a su exploración y explotación, la cual prioriza la alianza público-privada como pilar para la intervención.

Asimismo, las enormes ganancias se dan en un contexto donde el rol esencial es manejado por empresas privadas nacionales y transnacionales, lo cual se mantiene en el marco del anuncio de la creación de la Empresa Nacional de Litio proyectada para 2023, proceso en el cual se ha informado que la colaboración privada será un pilar.

Vale agregar que hace seis meses la Corte Suprema dejó sin efecto la contundente licitación de exploración y explotación de litio que fue adjudicada por el Gobierno de Piñera a las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A., dando cuenta de un proceso irregular que no contó ni con la participación de la población ni con la delimitación de lugares en los cuales se desarrollarían los proyectos.

La discusión respecto al litio vuelve a estar en la palestra en un escenario de aumento de interés por su explotación, denuncias de comunidades por las afectaciones que ha arrastrado la intervención de los salares y la mantención de un modelo manejado por entes privados sin limitaciones en términos de producción y afectaciones tanto a la población como a los ecosistemas.

Para profundizar en un caso ejemplificador, puedes ver a continuación el documental «Maricunga: Ecosistema amenazado por la megaminería del litio» que aborda el conflicto que se vive por proyectos de explotación y exploración de litio que pretenden instalarse en el salar más austral de Chile: