Una compleja investigación por cohecho y violación de secreto sacude al sistema judicial del Biobío, involucrando a fiscales, una jueza, funcionarios públicos y dos abogadas ligadas a causas por narcotráfico.

El caso, liderado por la fiscal regional de 'uble, Nayalet Mansilla, motivó el inédito allanamiento al Juzgado de Garantía de Los Ángeles. La magistrada Cherie Palomera se sumó a la lista de imputados tras sobreseer a un cliente de las abogadas investigadas, quienes representan incluso a presuntos sicarios.

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Una de las investigaciones más delicadas de los últimos años en la Región del Biobío sigue creciendo. Lo que comenzó con el envío de costosos regalos desde un estudio jurídico a oficinas de la Fiscalía, hoy se ha transformado en una causa que amenaza con revelar una red de vínculos entre abogadas defensoras de imputados por narcotráfico y funcionarios clave del sistema de justicia.

La fiscal regional de 'uble, Nayalet Mansilla, encabeza la indagatoria que ya suma a su lista de imputados a dos fiscales --Rodrigo Durán y María Gemita Rojas--, al jefe de la Defensoría Penal Pública de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez, a funcionarios del Ministerio Público y ahora, a la jueza de Garantía de Los Ángeles, Cherie Palomera.

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La acción más reciente fue el allanamiento al tribunal angelino, autorizado por la jueza Alicia Bravo, lo que marcó un hecho inédito. En la diligencia, se requisaron dispositivos electrónicos y documentos tanto desde la oficina de Palomera como desde la del encargado de sala, Nelson Sáez. La intervención judicial ocurrió luego de que la magistrada dictara el sobreseimiento de un imputado por narcotráfico, defendido por las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero, sospechosamente en una audiencia agendada por Sáez.

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Ambas abogadas están casadas con los fiscales Durán y Gutiérrez, lo que ha despertado sospechas de tráfico de influencias. Su clientela incluye a sujetos vinculados al crimen organizado, como Moisés Bastardo Bastardo, presunto sicario de la banda "Los Corbata", imputado por múltiples homicidios, entre ellos el de un escolar asesinado por error de identidad.

A pesar de la gravedad del caso, la jueza Palomera sigue en funciones, aunque bajo sumario administrativo. Los fiscales involucrados, en cambio, se encuentran suspendidos.