[resumen.cl] Apropiaciones y adopciones irregulares son los conceptos que se utilizan, principalmente, para referirse a los cientos de casos donde instituciones del Estado chileno han mentido para la entrega de niñas y niños a otros países. Recientemente, el caso de Tyler forma parte de una práctica normalizada y profundizada durante dictadura y los primeros años de postdictadura.

En 1983 Hilda asistió al Hospital Regional de Temuco por una urgencia, lugar en donde funcionarios del recinto informaron que se trataba de síntomas de pérdida de su embarazo. Luego de ello, le realizaron una cesárea e ingresaron a una incubadora a su hijo, por su condición prematura. Posteriormente, le informaron que el recién nacido había fallecido, pero no podían entregar su cuerpo debido a que era muy pequeño, según relató la familia afectada.

Así comienza el relato de Claudia, hija de Hilda, sostenido con RESUMEN. El caso se difundió hace algunos días por LUN, poniendo en evidencia que la información entregada por el hospital temuquense era totalmente falsa. Su hijo estaba vivo y a miles de kilómetros de su familia biológica.

El bebé, hoy un hombre de 37 años, se llama Tyler y vive en Estados Unidos. Se intentó comunicar con su familia a través de la ONG Hijos y Madres del Silencio con la intención, comenta Claudia -su hermana biológica- de conocer el historial de salud familiar, además de explicitar que "no habrían rencores" por lo sucedido. Esto último, debido a que se le habría informado que fue entregado en adopción al nacer porque su familia no contaba con los recursos suficientes para mantenerlo.

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La mentira se destapó luego del contacto que sostuvo Tyler a través de dicha organización, con Claudia, quien enfatizó en que este negligente proceso contempla un entramado de irregularidades en las que participaron "enfermeras, asistentes sociales, jueces, abogados de toda gama y los servicios públicos en general".

El impacto fue múltiple y repercutió en las familias de Tyler en Chile y Estados Unidos. Claudia hizo hincapié en el tortuoso proceso de comentarle a su madre que luego de 37 años, su hijo que fue notificado como muerto en realidad fue apropiado, entregado y adoptado irregularmente en la década de los ochenta, en plena dictadura militar.

Tras lo ocurrido, han sido un cúmulo de emociones e interrogantes las que cruzan a las familias involucradas. Lo cierto y concreto es que, además de querer reunirse para reencontrarse, existen una serie de responsabilidades pendientes que saldar con el Estado chileno.

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Lejos de ser una práctica poco común, los antecedentes datan de que este tipo de procesos -catalogados como apropiaciones y adopciones irregulares- han sido procesos sistemáticos desde mediados del Siglo XX en Chile.

Así lo acredita la vocera de Hijos y Madres del Silencio, Marisol Rodríguez, quien explicó a RESUMEN que el trabajo de la organización contempla el seguimiento de casos en más de 20 países, acotando que "tenemos [casos] desde los años cincuenta hasta 2002, tomamos todas las búsquedas de mayores de edad, y la mayor cantidad de niños que salieron de Chile al extranjero aumentó en el tiempo de dictadura, pero no así dejó de suceder después".

Este proceso es investigado también por la historiadora Karen Alfaro, quien en uno de sus artículos apuntó que estos procesos de apropiación «se configuran como un trauma a partir de la ruptura histórica que significó la separación forzada madre-hijo, sustentados en el abuso del poder otorgado por la condición de operar desde la institucionalidad durante la dictadura cívico-militar, que finalmente permitió suplantar la voz y deseos de la madre a través de ejercer la mediación profesional".

En este contexto, Marisol Rodríguez puntualizó que son más de 20.000 los casos de niños y niñas que se encuentran bajo tuición de esta índole y que podrían ser afectados por el entramado estatal, donde "para la ley es una adopción legal y las madres pierden todo derecho a buscar".

De igual forma, la vocera de Hijos y Madres del Silencio enfatiza en la existencia de una "red de sustracción de menores" de la cual el caso de Tyler forma parte, y que acredita su funcionamiento hasta, por lo menos, inicios de los años 2000.

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Los Hospitales y la causa abierta

Tanto la familia de Tyler como el trabajo de Hijos y Madres del Silencio y el trabajo de Karen Alfaro apuntan al entramado de instituciones involucradas en estos casos, siendo uno de los centrales el rol de los hospitales.

Pese a que el caso de Tyler ocurrió en el Hospital de Temuco, Rodríguez expresó que son diversos los casos a nivel nacional. Entre estos, nombró a la extinta clínica Carolina Freire -sobre la cual Ciper publicó antecedentes en 2014-, al Hospital Barros Luco, Hospital José Aguirre, Hospital Salvador, Hospital de Talca, Hospital Enrique Deformes, Hospital Herminda Martin y Hospital San Borja.

Asimismo, la vocera fustigó sobre la existencia de casos -que conoce la organización- que involucran a hospitales del Gran Concepción. Entre estos, 12 pertenecen al Hospital Las Higueras y 29 al Hospital Guillermo Grant Benavente.
En total, son 96 los hospitales involucrados en el listado de Hijos y Madres del Silencio. En este marco, la PDI ha recibido más de 400 denuncias de las que Roberto Gaete, comisario de la Brigada de Derechos Humanos de la institución policial, indicó a CHV que «muchas de las personas que se vieron involucradas en esta temática lamentablemente han fallecido».

Respecto a las investigaciones judiciales, estas han sido canalizadas a través de una causa liderada por el juez Jaime Balmaceda, la que aún se encuentra abierta y a la que también se incluyó el caso de Tyler.

En Temuco, en los antecedentes aportados por Claudia figura el rol de la jueza Tatiana Román como parte del proceso denunciado.

Sin embargo, más allá del rol de Román -el que ya cuenta con investigaciones previas-, el fenómeno se extendería a nivel nacional, principalmente, indicó Rodríguez, a las regiones del Biobío, Araucanía, Los Lagos y hacia el sur.

A modo de cierre, de parte de familiares enfatizan en la importancia de visibilizar estas situaciones que, lejos de estar fuera de lo común, fueron prácticamente normalizadas por un entramado de instituciones del Estado chileno que perjudicaron a miles de familias actuando no solo en el contexto dictatorial, sino que durante la historia reciente en general.

RESUMEN intentó comunicarse con el Hospital de Temuco para conversar acerca de esta situación, pero no logró establecer un contacto directo.