"La tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en que vivimos es la regla". Walter Benjamin.

La obsesión por el legado ha estado presente desde el primer año del gobierno de Boric. Pero las transformaciones que ya no fueron, tras la claudicación del programa de reformas sociales comprometidas durante su campaña, han dado paso a un legado distinto, tal vez vergonzoso y ciertamente imborrable que lucirá como una mancha para este progresismo decadente que devino reaccionario: haber convertido el estado de excepción en la Macrozona Sur en una técnica de gobierno.

Por Danilo Billiard B.

Arrastrado por la agenda de seguridad que la derecha hegemonizó desde sus distintas posiciones, tanto en el Estado como en el poder mediático, el gobierno ambivalente, el de las volteretas, el que lidera un presidente lábil e ideológicamente genuflexo, solo puede justificar los mil días de estado de excepción (el que fuera decretado en mayo de 2022, cuando la otrora exministra Izkia Siches lo anunciara como una medida "provisoria") en su apoyo irrestricto a las tareas de mantenimiento del orden que el bloque neoliberal exige a las fuerzas políticas afines al statu quo para combatir a los grupos insurgentes que no se subordinan al consenso que emana de la reactualización del pacto oligárquico.

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De vacaciones por estos días, la palabra confusa del presidente Boric es reemplazada por la de una mujer, la ministra Carolina Tohá, quien presa de un oportunismo miserable y ansiosa por adquirir mayor notoriedad en la carrera para convertirse en candidata presidencial, atribuyó (sin pruebas que la respalden) a las reivindicaciones territoriales del movimiento mapuche la causa de los incendios en el sur. Intentar un mejor desempeño en las encuestas sometiendo al pueblo mapuche al escarnio de una sociedad punitiva, nos habla de un racismo arraigado en sus más profundas convicciones.

Tránsito de la plurinacionalidad al colonialismo racista, de un gobierno que ha cerrado filas en favor de las empresas forestales, y que ha hecho de la ecología una retórica que en la práctica contrasta con su firme compromiso respecto a las actividades económicas extractivistas. Por eso es completamente ridícula la tesis de que por culpa de la derecha el gobierno no ha podido avanzar en los cambios sustantivos que prometió, pues un argumento tan precario como ese solo puede hacerle sentido a sus más sectarios adherentes que se comportan de una manera no tan distinta a esos electores que con desprecio y aires de superioridad moral llaman "fachos pobres".

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Es que tal vez la única diferencia entre los "fachos pobres" que votan por la derecha y los "fachos de clase media" que votan por el progresismo, es que los primeros apoyan a líderes groseros que logran interpretar su rabia, mientras que los segundos prefieren a figuras tiernas y amables como Boric, pero igual de inescrupulosas cuando se trata de llevar a cabo las estrategias de seguridad. En efecto, los mil días de estado de excepción en la Región de La Araucanía confirman una tendencia planetaria que el progresismo, en vez de frenar, ha acelerado, reduciendo la política democrática a un régimen, es decir, a una pura gubernamentalidad orientada al control de los comportamientos.

Lo que esta medida excepcional que se ha vuelto permanente pone en juego, es el dominio de la razón económica en el ámbito de la acción política. Esto implica que el objeto de la protección es fundamentalmente la propiedad privada, cuyos intereses financieros, hegemonía mediante, se defienden en nombre de la nación. En ese contexto, la autonomía en cuanto estrategia aparece como la principal amenaza ya que, para el caso del movimiento mapuche, dicha estrategia se ha tramado sobre una visión de mundo inasimilable para el sistema político.

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Como lo señala Giorgio Agamben, el estado de excepción permanente no supone un debilitamiento de la democracia frente al avance autoritario, sino más bien un umbral de indeterminación entre democracia y absolutismo. Dicho de otro modo, este mismo paradigma que se ha vuelto dominante en la política contemporánea, es el que rige tanto a gobiernos socialdemócratas como de derecha, y el gobierno de Boric ha sido una evidencia de aquello ya que, en materia de seguridad, su política frente a las comunidades mapuche en resistencia ha sido igual de agresiva que la de Piñera.

Se trata de la continuidad histórica de un paradigma que la nueva ley antiterrorista, promulgada por el presidente Boric, viene a reforzar mediante una modernización de esta normativa, lo cual significa, en primer lugar, dotarla de legitimidad democrática, aunque su aplicación terminará afectando todavía más de lo que ocurría con la legislación anterior, algunas garantías constitucionales. Los criterios para la aplicación de la ley, en un contexto en que no existe claridad sobre la definición de la conducta terrorista, terminarán por convertir en blanco privilegiado de su persecución a la disidencia política.

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Se ha dicho que la legislación en algunos de sus pasajes es contraria al principio de legalidad (especialmente en aquellos casos concernientes al "terrorismo individual", tanto conexo como inconexo), lo cual coincide con el estatuto jurídico y político del estado de excepción, ubicado en el límite entre legalidad e ilegalidad. En ese sentido, cuando la nueva ley sanciona un delito como terrorista por la sola adherencia de quien lo realiza a las finalidades de una organización de esa naturaleza (y terrorista puede ser una organización con aspiraciones emancipatorias), se está negando, en el caso de las comunidades mapuche en resistencia, el carácter político de un conflicto originado por la usurpación estatal, lo cual ha desencadenado durante décadas acciones enmarcadas en reivindicaciones territoriales.

Esta negación pone al descubierto que la estrategia del estado de excepción solo busca neutralizar a las fuerzas insurgentes, aplastar toda disidencia y, en último término, proteger la propiedad privada de las empresas forestales, de modo que lo único cierto es que al endurecer las sanciones y modernizar los mecanismos persecutorios para delitos tipificados como terroristas, en vez de contribuir a resolver el conflicto, lo que hará el Estado será exacerbarlo.

En definitiva, más que dejar un legado al país, el gobierno de Boric será recordado por haber sido el activo promotor y reproductor de una vieja herencia: la dominación colonial, el racismo de Estado y la defensa a ultranza del orden neoliberal.