Ex consejeros se oponen a minera de Tierras Raras y cuestionan viabilidad social y ambiental del plan de reconversión tras cierre de CAP

Tras el cierre de la siderúrgica CAP de Talcahuano, se han dado a conocer diversos proyectos que pretenden ayudar económicamente a la región del Biobío. Uno de ellos es el de Tierras Raras por la empresa minera Aclara que propone el trabajo intensivo del uso de minerales. Se ubicaría en la comuna de Penco y generaría alrededor de dos mil empleos que beneficiaría a los trabajadores afectados por el cierre de la siderúrgica, según mencionan. Sin embargo, las opiniones han sido mayoritariamente negativas respecto a la ubicación geográfica, el compromiso sobre el medio ambiente que implicaría y otros factores.

En la siguiente entrevista Camila Arriagada y Javier Sandoval, -consejera y exconsejero regional respectivamente- opositores a este tipo de proyectos, dan su punto de vista  respecto de la situación económica actual y los proyectos apoyados por el gobierno.

Por Sofía Pavez Osses

El Proyecto de Tierras Raras en Penco, propuesto por la minera Aclara, promete generar miles de empleos, pero ha sido rechazado repetidamente por la comunidad. Camila Arriagada y Javier Sandoval, exconsejero regional, cuestionan la viabilidad ambiental y social del proyecto, argumentando que el gobierno no ofrece garantías mínimas para proteger a la comunidad frente a los impactos negativos que este tipo de explotación podría generar en la zona.

-¿Qué opinan sobre el Plan de Reconversión impulsado por el gobierno tras el cierre de la siderúrgica Huachipato?¿Es apropiado respecto a las necesidades que ha generado?

El mal llamado Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío no es en ningún caso un plan de reconversión, sino una maniobra para profundizar la explotación de los recursos naturales y humanos de la región y aumentar el control de las grandes empresas en la política y economía regional. Es inapropiado por la enorme carga extractivista que propone, con proyectos que la ciudadanía ya ha rechazado, como nos toca en nuestro territorio; Penco, Lirquén y Tomé, por los proyectos Octopus GNL y Aclara de Tierras Raras, proyecto ya rechazado cinco veces por la comunidad; además de la iniciativa de aumentar, mediante subsidios y regalías estatales, la explotación forestal sin que nadie se haya hecho aún responsable por las muertes y pérdidas materiales de los incendios forestales de los últimos dos años. Además de una nueva intervención al Río Biobío con la Central Rucalhue, 11 nuevas centrales eólicas y la construcción de la Ruta Pie de Monte que destruiría diversas microcuencas y humedales en Coronel y San Pedro de la Paz.

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Más allá de esos graves problemas medioambientales, el Plan es absolutamente insuficiente desde el punto de vista laboral, porque las cifras de desempleo que provoca el cierre de Huachipato han sido estimadas en 22 mil trabajadores, más seis mil en riesgo en las PYMES proveedoras y el plan del gobierno busca proteger a siete mil. Esta protección consiste en diversos subsidios, algunos que durarían cuatro meses, mientras el Grupo CAP rechaza hacerse responsable por la suerte de los trabajadores contratistas y subcontratados.

-Según su criterio ¿El plan de Reconversión y el proyecto de Tierras Raras aborda todas las necesidades que han surgido tras el cierre de la siderúrgica?¿Creen que el gobierno está tomando una decisión correcta al apoyarlos?

El Plan de Reconversión como lo llaman, desde nuestro punto de vista no aborda ninguna necesidad, solo se trata de un plan que viene a la región a repartir las riquezas que se disputan los grandes grupos económicos, que se ve reflejado en esta alianza entre el grupo empresarial de CAP y el consorcio minero Larraín Vial. En este sentido este gobierno al respaldar una nueva inversión riesgosa e incierta en la minería de tierras raras no da garantía de restablecer un sector productivo que podría haber sido salvaguardado. Por lo tanto, no asegura que el proyecto minero sea el reemplazo o la salida alternativa a la crisis que generó el cierre de la siderúrgica.

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-¿Cómo evalúan el proceso de tramitación ambiental del proyecto de la empresa minera en el año 2023?

El proceso de tramitación anterior en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental adoleció a nuestro juicio de severas falencias, tanto en aspectos de participación social y validación de actores locales como en los méritos de la evaluación, que nos parece, no consideró adecuadamente los impactos al medio humano en materia de congestión, paisaje, riesgo, ni los impactos de la extracción de la minería y relaves a las micro cuencas y ecosistemas de la cordillera de la Costa en Penco. Pese a ello fue rechazado por falencias objetivas, ahora cuestionadas por el empresariado y sus voceros gremiales y políticos. El reingreso de este proyecto ahora por sexta vez luego de un rechazo democrático contundente de la comunidad y del propio SEIA sólo evidencia que ese sistema está ya obsoleto y carece de legitimidad.

-¿Qué acciones se están llevando a cabo tras las decisiones está tomando el gobierno y el Plan de Fortalecimiento Industrial ya impulsado?

Lo primero que hemos notado, es que desde las organizaciones que luchamos contra estos proyectos extractivistas, se ha dado la voz de alerta y ya comienza a configurarse una reactivación de sus procesos de organización y discusión, buscando interiorizarse más del Plan y particularmente del afán depredatorio de este. En particular el Proyecto de Tierras Raras, con el auspicio del gobierno repuso consultas a la ciudadanía, se articuló allí rápidamente una respuesta, que volvió a interponer una serie de preguntas al proyecto, con el afán de volver a detener su desarrollo.  De estos encuentros, y en estado de alerta, surgirán los siguientes pasos. Y en el ejercicio del cargo, como Consejera Regional solicité desde la comisión de medio ambiente, que se oficiara al seremi de Economía para que exponga las implicancias de reactivar proyectos extractivistas como los mencionados anteriormente y lograr abrir espacios de discusión y análisis en estos espacios de representación política.

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-¿Qué se debería realizar para asegurar que la comunidad esté informada sobre los proyectos que se están llevando a cabo en la región, como el de Tierras Raras?

En un contexto de control mediático por grandes corporaciones el rol de los medios independientes y comunitarios es una parte esencial en comunicar las graves consecuencias de la globalización capitalista. Por otra parte, las organizaciones sociales y grupos genuinamente populares tienen un papel clave en informar y empoderar a la comunidad, para detener la ofensiva empresarial y hacer avanzar un nuevo proyecto social y económico. Por otra parte la institucionalidad ambiental y pública no realiza el trabajo de garantizar el derecho a la información de manera adecuada, ni en un lenguaje donde la ciudadanía pueda comprender cómo se ejecutan este tipo de iniciativas, ya que el nivel de tecnicismos con los que se presentan los Estudios ambientales están elaborados por académicos y expertos, para lo que el común de la población no cuenta con las herramientas para comprenderlo en su totalidad y poder participar al mismo nivel en la evaluación ambiental. Es importante mencionar que demandas como estas del acceso efectivo a la información está considerando en la implementación del tratado de Escazú, porque actualmente en Chile no existe.

-¿Qué mensaje enviaría a la comunidad que podría ser afectada si la empresa minera finalmente se estableciera en la comuna?

No nos queremos poner en esa disyuntiva, ya que este es un momento de lucha y de reconstruir, al calor de las luchas reales del presente (por más difíciles e ingratas que sean), un proyecto político, económico y cultural que auténticamente represente los intereses de mejoramiento y emancipación de las grandes mayorías sociales frente a las elites. Además, como se menciona anteriormente esta empresa lleva años queriendo aprobar su proyecto en la evaluación ambiental en lo que ha fracasado varias veces y aunque llegue a tener RCA, tampoco garantiza que se instale inmediatamente como sucedió con el proyecto GNL Penco que, a pesar de todos los intentos por concretarse, hasta el día de hoy no se ha instalado. Esto gracias a las organizaciones territoriales de nuestra comuna que a través de muchas estrategias hemos logrado generar que se respete la autonomía en las decisiones de cómo queremos que se desarrolle nuestra comunidad y lograr tener más incidencia en la planificación y la ejecución de planes por el buen vivir.

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