[resumen.cl] El día de hoy, familiares de los siete miristas asesinados el 23 y 24 de agosto de 1984 por la CNI en la Operación Alfa Carbón, desatada en las ciudades de Concepción, Los Ángeles y Valdivia, se reunieron en Santiago con la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados. El hecho fue conocido públicamente como Matanza Vega Monumental y fue uno de los tantos falsos enfrentamientos que caracterizaron la represión dictatorial durante los años ochenta.

En la cita, Javiera Herrera Zalaquett (hija de Nelson Herrera) y Tamara Lagos Castro (hija de Mario Lagos), expusieron ante los parlamentarios las demandas y quejas que les asisten luego de conocer la sentencia en la causa judicial que investigaba los hechos. Como informamos oportunamente, el pasado viernes 4 el ministro Carlos Aldana, de la Corte de Apelaciones de Concepción, dictó sentencia contra 17 agentes de la CNI como responsables de los crímenes.

Puedes leer Condena contra 17 agentes CNI por los crímenes de la operación Alfa Carbón cometidos el 23 y 24 de agosto de 1984

Los parlamentarios escucharon las demandas de los familiares y se comprometieron a realizar acciones tendientes a atender las quejas formuladas por las familias.

Luego de relatar pormenorizadamente los hechos, de señalar los procesados y los agentes que fueron dejados en total impunidad por la investigación judicial, los familiares expusieron el lento y trabado desarrollo que ha tenido la causa judicial hasta ahora. Al respecto, Javiera Herrera señaló:

"En 1991 (cuando yo tenía once años), el informe Rettig estableció que los ejecutados habían sido ejecutados y los desaparecidos, hechos desaparecer. Sobre quiénes hicieron estas cosas, no decía nada. En 1998 (cuando yo tenía dieciocho), el fiscal Pedro Marisio sobreseyó la causa por los crímenes del 23 de agosto bajo el argumento de que era imposible identificar a los responsables. El abogado que representaba a los familiares apeló, pero la Corte Marcial confirmó el sobreseimiento. Entonces presentó un recurso de casación a la Corte Suprema, que ordenó proseguir con la investigación. Ante una nueva tentativa de sobreseimiento, en 2003 (cuando yo tenía veintitrés), el fiscal Fernando Grandón solicitó que se oficiara al Departamento Quinto de la PDI y fueron sus detectives quienes dieron con los primeros dos nombres: Hugo Hechenleitner Hechenleitner y Víctor Muñoz Orellana.

Recién en 2007 (yo tenía veintisiete), el caso pasó a la justicia civil y solo en 2009 (yo tenía 29) tuvo un ministro en visita: Carlos Aldana, que, en 2012 (yo ya tenía 32), sometió a proceso a quince agentes y, en julio de 2016, dictó acusación en contra de dieciocho. Dos años después, el 4 de mayo de 2018, dictó sentencia en primera instancia y condenó a diecisiete agentes de la CNI, dejando a otros dieciséis, cuya responsabilidad había quedado plenamente acreditada en los expedientes, en la más absoluta impunidad. De estos, tres merecían condenas por los delitos de homicidio calificado de todas las víctimas y asociación ilícita (veinticinco años): Hugo Salas Wenzel (vicedirector de la CNI), Jorge Andrade Gómez (subjefe de la División Antisubversiva y segundo de Corbalán) y Aquiles González Cortés (jefe de la Brigada Azul, encargada de exterminar al MIR).

Dieciséis personas fueron detenidas en el marco de la Operación Alfa Carbón, entre ellas, dos mujeres embarazadas y una niña de cuatro años, que fue secuestrada y trasladada a un hogar de menores, donde permaneció durante cuatro días. Varios de los detenidos pasaron por centros de tortura y cumplieron condenas en las cárceles de El Manzano y Coronel. Recién en 2007, fueron absueltas de todos los cargos y recuperaron sus derechos ciudadanos.

En 1984 yo tenía cuatro años. Hoy tengo treinta y siete. No puedo menos que pensar que en Chile el hecho de que un crimen califique como una violación a los derechos humanos constituye un atenuante".

Por su parte, Tamara Lagos se extendió sobre demandas específicas ante la Comisión:

"Hemos pedido esta audiencia para compartir con ustedes nuestra preocupación respecto del devenir de las causas de derechos humanos en general y la que llevamos nosotros en particular.

Les pedimos enérgicamente trabajar en generar las condiciones idóneas para que el poder judicial pueda hacer lo que le corresponde, es decir, hacer justicia, lograr condenas acordes a los crímenes cometidos, sin otorgar beneficios a los criminales. Nos parece imperativo para la sociedad en su conjunto eliminar cualquier resquicio legal y político que siga favoreciendo la institucionalización de la impunidad.

Hemos vivido en carne propia, hemos visto con nuestros ojos los modos en que opera la justicia en Chile, hemos pasado nuestra vida visitando abogados, ministros; haciendo marchas, leyendo expedientes, esperando por justicia para nuestros muertos.

Esta sentencia, insuficiente, ha demorado 34 años en llegar desde ocurridos los hechos. El ministro Aldana demoró 10 años en dictar su fallo, 2 años desde las acusaciones. Observamos con cansancio y frustración como nuestra presencia, la de los familiares, en la suma de procesos que se siguen, ha sido primordial para que estos avancen.

En nuestro caso particular, hemos tenido que aceptar que queden en la más absoluta impunidad, al menos la mitad de los implicados en los crímenes de nuestros familiares.

En las instancias que siguen, no podemos tolerar resultados desfavorables y con esto nos referimos, particularmente, a cuatro situaciones en las que el fallo recientemente dictado erra y que nos gustaría que conocieran para que alcanzaran a dimensionar el nivel de injusticia al que asistimos:

1) La ausencia de ejecutores condenados en el caso de Mario Lagos Rodríguez en la Vega Monumental de Concepción. Mi padre fue asesinado con los brazos en alto, en presencia de decenas de vecinos, la bala que lo mató entró por su axila. Actualmente, nadie está siendo condenado por ese hecho.

2) La inconsistencia en la condena de Moraga Tresckow, jefe de la CNI de Valdivia y ejecutor de dos personas en el Puente Estancilla, a quien se condena a 5 años y 1 día con derecho a libertad vigilada, siendo que su participación es equivalente al de Gerardo Meza Acuña y Luis Torres Méndez, condenados a 15 años y 1 día por los homicidios calificados de Rogelio Tapia de la Puente y Raúl Barrientos Matamala en Puente Estancilla. No logramos comprender esta diferencia de criterio.

3) La no aplicación de condena por asociación ilícita a Mandiola Arredondo, jefe de la CNI de Concepción, partícipe desde labores de mando de todo el proceso de organización, planificación y ejecución de la operación represiva.

4) Y, por último, el rechazo a la demanda civil interpuesta por dos hijos y parejas de los compañeros asesinados, desconociéndoles su vinculo y su calidad de víctimas. El argumento usado es no constituirse en «titulares legítimos del perjuicio» («por no haber acreditado la legitimación activa y por consiguiente como titular del perjuicio ocasionado por los hechos criminales en que funda su acción de indemnización»). Luciano y yo somos hijos póstumos, es evidente entonces, que nuestros padres asesinados no tuvieron la oportunidad de reconocernos legalmente. Esta nueva negación de nuestra filiación y de nuestra historia es inaceptable.

En este escenario, lo que suceda en las próximas instancias resulta vital:

• Apelaremos a la Corte de Apelaciones de Concepción para que se corrijan los errores que contiene el fallo. Sin duda, los condenados también lo harán, buscando rebajar sus condenas, solicitando la media prescripción e incluso la casación del fallo.

• Lo mismo ocurrirá en la Corte Suprema, particularmente en la segunda sala, cuya composición cambia en junio. Necesitamos, todo Chile necesita, que quienes integren estas instancias sean ministros probados en su compromiso con la búsqueda de verdad y justicia.

• Sabemos de la importancia que el poder político puede tener en estas designaciones. Les pedimos que actúen con fuerza y convicción para erradicar de los tribunales de justicia modos de operar, valoraciones y lógicas, instaladas en la misma dictadura.

• Por esto mismo, es necesario insistir en la ratificación de los convenios internacionales además de identificar y censurar cualquier camino que permita la impunidad, abierta o encubierta. Vemos con preocupación el uso que se está haciendo del Tribunal Constitucional como un resquicio para la impunidad, una cuarta instancia donde bloquear o impedir que las condenas se cumplan, es insostenible.

Les pedimos poner atención a todos estos puntos, además de esto, nos ponemos a disposición como familiares de los compañeros caídos el 23 y 24 de agosto para aportar a cualquiera de los procesos mencionados".