Tres gremios que forman parte de la Federación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública acusan al seremi de Salud del Biobío, Eduardo Barra, de falta de probidad y uso indebido de recursos públicos, señalando irregularidades en contrataciones, beneficios laborales y manejo de denuncias de acoso. Estas demandas apuntan a la precarización del clima laboral y la afectación de derechos, mientras desde la Seremi desestiman las acusaciones asegurando apego a la normativa vigente.
Por J. Arroyo Olea
Cinco exigencias levantó la Asociación de Funcionarios de la Salud (AFAS) Concepción, la Asociación Gremial Autoridad Sanitaria (AGASAR) Arauco y la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Salud (AFUSES) Biobío, todos gremios de la Federación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública (FENFUSSAP), ante lo que han denominado como molestias con el seremi de Salud del Biobío, Eduardo Barra Jofré.
A través de cuatro puntos, los gremios señalaron en una declaración pública (que puedes leer acá) una serie de cuestionamientos a la gestión del seremi basada en elementos como la falta de transparencia y probidad, planteando que Barra habría abusado y excedido los límites de discrecionalidad pública al no considerar los procedimientos de reclutamiento y selección de cargos a contrata.
Asimismo, los gremios señalaron que las transgresiones «han sido pasadas por alto por la autoridad, afectando el clima laboral y la carrera funcionaria de nuestros asociados, debido a que estas contrataciones se han ejecutado sin consideraciones técnicas ni respeto a los procedimientos (…). Ejemplo de lo anterior es la contratación de funcionarios en cargos de jefaturas, que posteriormente han sido candidatos a cargos públicos en las elecciones comunales y regionales del 2024″.
En este sentido, desde los gremios enfatizan en que el desconocimiento de normas internas y reglamentarias sobre la contratación ha significado el que estas personas sean «favorecidas con importantes incrementos en sus remuneraciones, mediante la mejora de sus grados, afectando al resto de funcionarios de carrera que llevan casi 20 años en la institución, sin haber recibido ningún tipo de mejoramiento».
En contacto con RESUMEN, el presidente de AFAS Concepción, Cristián Bustos, explicó que «se han solicitado reuniones de trabajo para abordar estos temas, nos hemos reunido un par de veces, pero cada vez que contamos la necesidad de llegar a acuerdos o generar mesas de trabajo, se nos ha reiterado que las decisiones las toma el SEREMI y que están dentro de sus facultades y bajo el principio de discrecionalidad de la autoridad».
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Entre los puntos tratados por los gremios, se emplazó al seremi debido a la «sistemática negación de entrega de información (…) a las peticiones realizadas por las asociaciones gremiales, entorpeciendo la función gremial y afectando los derechos de nuestros socios».
En esta línea, Bustos señaló que «hemos pedido mediante diferentes medios e incluso invocando la Ley de Transparencia, en relación a las nuevas contrataciones y a las mejoras de grado realizadas y siempre solo nos entregan información parcial, correspondiente solo a la información de nuestros socios. Sin entregarnos la información de todas las contracciones y mejoras de grado realizadas por esta administración».
Por otro lado, los tres gremios señalaron en su declaración que el seremi de Salud del Biobío «no ha dado a conocer los plazos impuestos a las investigaciones sumarias por denuncias de acoso sexual y laboral bajo ley Karin», como tampoco se habrían esclarecido las medidas de mitigación para protección de víctimas.
Entre los emplazamientos de los gremios de la salud se ha planteado que la actual administración no habría resguardado «el uso eficiente de los recursos públicos», cuestionándose lo que han planteado como el desvío de labores habituales de funcionarios en reuniones a escala regional y provincial.
Entre los hechos cuestionados, los gremios que forman parte de FENFUSSAP plantean la entrega de una gift card para la compra de uniformes y zapatos de funcionarios en los años 2023 y 2024, cuya entrega «se realizó con criterios poco claros en la determinación de quienes reciben o no dicho beneficio donde, en algunos casos, luego de su entrega, se les ordena sin fundamento claro, hacer la devolución de dichas gift card, con amenazas que aquel funcionario que no ejecutara la devolución de los dineros serían sometidos a una investigación sumaria».
Ante esta situación, se ha solicitado a la Seremi de Salud del Biobío revisar la pertinencia técnica de la contratación y mejoras de grado realizadas desde el año 2022, como también crear una mesa permanente de movilidad para abordar las mejoras de grado, transparentar las instrucciones y consideraciones establecidas para la entrega de gift card de uniformes, entre otras exigencias.
Por su parte, el dirigente destacó que «después de más de un año de trabajo conjunto de nuestros gremios, el único acuerdo que hemos llegado con la autoridad, es la realización, cada 2 meses (plazos con los que tampoco se ha cumplido), de una reunión para ver temas de interés. Lamentablemente de estas reuniones, no existen actas y cada vez que se le consulta por los elementos técnicos que justifiquen dichas contrataciones y aumentos de grado, se nos reitera que esas son decisiones que son parte de las facultades discrecionales del SEREMI».
RESUMEN consultó a la Seremi de Salud del Biobío por la declaración emanada desde los tres gremios. En su respuesta, señalaron que «desde la Autoridad Sanitaria del Biobío ratificamos siempre nuestra disposición al diálogo y el respeto al trabajo gremial, pero respecto a las denuncias desestimamos cada uno de los puntos establecidos en la Declaración, debido a que todos los procesos de contratación, uso de recursos públicos y procesos administrativos se han ajustado estrictamente a la normativa legal vigente».
Desde la cartera de salud enfatizaron en que «respecto a denuncias relacionadas con la Ley Karin, esta institución inició sumarios administrativos en los tiempos que establece la normativa, sin que el desarrollo del proceso investigativo dependa del Seremi, sino que de fiscales que desarrollan dichos procesos con autonomía, velando por la protección a los denunciantes, como previamente se ha comunicado a la prensa».
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Fotografía principal: Seremi de Salud del Biobío, Eduardo Barra