Una columna de humo se expande por la provincia de Concepción y, quienes vivimos aquí, sabemos de qué se trata, que por la tarde el cielo estará rojo, habrán corrientes inusuales de viento que acarrearán pulchén, como testigo de un desastre previsible y evitable.

El día de hoy, se expanden incendios desde la comuna de Quillón, Florida y Yumbel, pero desde hace algunos días el fuego ya ha arrasado predios en localidades contiguas, como Portezuelo y Ninhue, provocando pérdidas en la población campesina.

Cuando en octubre, el presidente Gabriel Boric anunció el Plan Nacional de Protección Contra Incendios Forestales 2022-2023, desde la región de Valparaíso, afirmó que en el país «más de 7 millones y medio de personas son susceptibles de verse afectadas por alguno de estos tipos de desastres», añadiendo que «tenemos que hacernos cargo de las emergencias y por eso el presupuesto del año 2023 para Conaf cuenta con un aumento del 22%, quedando, esperamos, en situación de anticipar y planificar la temporada de incendios y no actuar sólo de manera reactiva».

Gabriel Boric y ministro de agricultura en anuncio del Plan Nacional de Protección Contra Incendios Forestales 2022-2023

Sin embargo, lo único que podía evitar actuar "de manera reactiva» era una revisión y un plan de conversión de los usos de suelo que facilitan la ocurrencia y propagación de incendios forestales por actividades que permitan la subsistencia de comunidades aledañas de manera sostenible. Esto, evidentemente, no tuvo lugar. Menos, se ha intentado reparar la compleja trama de problemas asociados a estos siniestros, sobre todo, en su efecto empobrecedor que agudiza una situación ya crítica para quienes sufren de manera directa sus consecuencias.

Existe un cúmulo de antecedentes y experiencias demostrativas del peligro que comporta la extensión de plantaciones forestales, que en el país bordean las tres millones de hectáreas. Junto a ello, diversos estudios y hechos evidencian que los bosques, al conservar humedad, pueden proveer grados de seguridad entre quienes les habiten a su alrededor, además de representar un factor resiliente ante el cambio climático.

El Informe a las Naciones, Incendios forestales en Chile: causas, impactos y resiliencia del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), consignó que «según los tipos de uso de suelo, un 50% de la superficie quemada como consecuencia de megaincendios entre 1985 y 2018, estaba cubierta por plantaciones exóticas, principalmente de Pinus radiata y Eucalyptus spp.».

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La necesidad del restablecimiento de las condiciones ambientales degradadas en la zona centro-sur del país, implica la recuperación de su bosque, lo cual, junto con posibilitar a la población el acceso a servicios como la provisión de agua en cantidad y calidad adecuada a sus requerimientos, la recreación, la recolección de alimentos, también aminoraría la posibilidad de incendios. Así lo indica el informe, señalando que «el riesgo de incendios se concentra en mayor proporción en los paisajes dominados por plantaciones forestales y, en menor grado, en aquellos dominados por bosque nativo. Cuando la proporción de bosque nativo es menor a un 50% en el paisaje, se observa una mayor ocurrencia de incendios. Sin embargo, a mayor cobertura de bosque nativo el riesgo disminuye».

Finalmente, el actual Gobierno ha reproducido la política de los precedentes: anunciar y financiar toda clase de acciones, menos las que se orienten a regular el uso del suelo, asegurando la habitabilidad de los territorios y la subsistencia de sus comunidades. Su aparente inacción, es en realidad la manifestación más palmaria del propósito de proteger deliberadamente las ganancias del empresariado forestal. Cuando surja la pregunta acerca de cómo fue que este 2022 CMPC (Grupo Matte) registró un récord de ventas y utilidades, o, cómo es que Arauco (Grupo Angelini) ya echó a andar el proyecto MAPA, constituyéndose en una de las mayores productoras de pulpa de celulosa del mundo, sería sensato consultar también por quiénes obraron para que así fuera, cuáles fueron los costos de este enriquecimiento y si tal acumulación de capital sería posible en un país que garantiza condiciones básicas de vida para su población.