La organización Nutricionistas por la Soberanía Alimentaria, conformada por profesionales independientes de distintas zonas de nuestro país como la Región de Antofagasta, Maule, Biobío y  Araucanía. Su objetivo es posicionar la soberanía alimentaria y nutricional de los pueblos a nivel nacional y latinoamericano, reconociendo la pluriculturalidad y biodiversidad de los sistemas agroalimentarios, además de potenciar las economías locales. En función de esta lógica, la organización publicó la Iniciativa Popular de Norma N° 10.686: Derecho a una alimentación y nutrición adecuada y soberana.

Por Nutricionistas por la Soberanía Alimentaria

La Iniciativa Popular de Norma N° 10.686 Derecho a una alimentación y nutrición adecuada y soberana, presente en la Plataforma Digital de Participación Popular de la Convención Constitucional, aborda distintas temáticas que van en pro de la soberanía alimentaria y nutricional, fomentando sistemas alimentarios agroecológicos y detener la dominación de las grandes industrias agroalimentarias que hoy en día controlan nuestra alimentación y son los principales culpables de la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes y la hipertensión.

Garantizar el derecho a la alimentación y promover la agricultura tradicional y campesina, y con ello obtener alimentos naturales, nutritivos, sabrosos y libres de agrotóxicos es el principal objetivo de estos profesionales de la salud y nutrición.

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Con la iniciativa se busca lograr un Estado de bienestar, con entornos alimentarios y comunidades agroecológicas donde todas las personas tienen aseguradas dietas saludables de manera permanente, sin distinción de sexo, edad, clase, etnia, nacionalidad, etc. Enmarcados en un Estado plurinacional y descentralizado, capaz de asegurar las condiciones necesarias para la nutrición óptima de los pueblos, a partir de la producción autónoma, local y comerciada soberanamente con otras regiones.

Los sistemas alimentarios deben ser potenciados con sólidas políticas económicas y educacionales, donde productores y consumidores se encuentran capacitados y conscientes de la salud nutricional y ecosistémica, la cultura y la economía de las comunidades. Las decisiones sobre las políticas agroalimentarias, de salud y nutrición deben ser debatidas periódicamente en los distintos territorios, prestando especial atención a las personas mayores, mujeres y trabajadores rurales, siendo estas decisiones vinculantes para las políticas nacionales.

Se debe implementar una nueva institucionalidad de agricultura, educación y salud, orientada específicamente a dar cumplimiento y protección del derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria, cuidado nutricional y el hambre.

Los sistemas de producción deben transitar desde el agro extractivismo hacia la agroecología, a través de políticas concretas de formación y circuitos de comercio que consideran amplias redes de abastecimiento en base a la soberanía alimentaria, mitigando de forma considerable los efectos adversos de la crisis climática.

Debemos encaminarnos a una amplia cultura culinaria y de cuidados nutricionales desde la primera infancia y a lo largo de todo el ciclo vital; centrado en la lactancia materna, niñas y niños alimentados de manera óptima, que no sufran ningún tipo de malnutrición, y que la población en general cuente con acceso a la educación y atención alimentaria-nutricional.

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