Iniciativa Popular de Norma| Por el Derecho a la Alimentación, un derecho fundamental e inalienable de los pueblos
[resumen.cl] Derecho a la alimentación, un derecho fundamental e inalienable de los pueblos, se denomina la Iniciativa Popular de Norma presentada por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, (ANAMURI) ante la Convención Constitucional hace algunos días y que contempla el posicionamiento de la soberanía alimentaria como concepto que lo garantice.
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La posibilidad de poner en la discusión constitucional estas Iniciativas representa un evento democrático inédito en el país en los marcos de la constitución vigente, pues su ordenamiento jurídico no contempla la posibilidad de que la ciudadanía pueda presentar este tipo de propuestas. El plazo para recibir adhesiones finaliza el 1 de febrero y para que pueda ser considerada en las discusiones de la Convención se estableció el mínimo de 15 mil.
La situación alimentaria del país es problemática. El pasado año, el Director del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile (INTA), Francisco Pérez Bravo, reportó un aumento de sobrepeso, de la obesidad y la aparición de casos de desnutrición en la población infantil. Entonces afirmó a La Tercera: «El diagnóstico lo hizo recientemente la Junaeb, que midió a los niños a un año de la pandemia y los datos son impactantes. La obesidad se incrementó y muy sustantivamente en alumnos de 5° Básico, que alcanzaron 64% de obesidad y sobrepeso. Otro dato importante es que empiezan a aparecer pequeños focos de desnutrición, «es marginal, de 0,3 puntos. Todavía la magnitud es menor, pero están apareciendo focos de desnutrición en grupos vulnerables y nosotros teníamos erradicado ese problema».
Trabajadoras de la agricultura industrial. Cedida por Anamuri. Por el Derecho a la Alimentación, un derecho fundamental e inalienable de los pueblos
Las causas de situaciones como estas son complejas y requieren de políticas multisectoriales para su corrección y reparación. De este modo, se hace relevante la Iniciativa respecto al Derecho a la alimentación, para lo cual conversamos representantes de ANAMURI, quienes respondieron a las consultas de Resumen.
-En la propuesta de articulado de su iniciativa plantean que «La alimentación es un derecho fundamental e inalienable de los pueblos de Chile, indisolublemente ligado a la Soberanía Alimentaria…» ¿Cuál es la relevancia de este concepto y qué lo diferencia del de Seguridad Alimentaria que actualmente es empleado por la institucionalidad nacional?
La Soberanía Alimentaria incorpora a los criterios para tomar decisiones el conjunto del sistema agroalimentario. Es decir, no sólo es importante producir y acceder a alimentos, sino que también importa cómo se producen, distribuyen y procesan esos alimentos. Es necesario producir sin dañar el suelo, sin contaminar el agua o el aire. Es necesario producir sin explotar la mano de obra, pagando salarios dignos, garantizando que el trabajo agrícola sea seguro. Es necesario asegurar que quienes producen reciban precios justos que les permitan vivir tranquilos y dignamente, sin estar sujetos a intermediarios abusivos. Es necesario que comamos alimentos frescos, producidos lo más cercanamente posible a los lugares de consumo, porque el comercio de alimentos actual nos entrega alimentos poco sanos y contribuye de manera significativa al cambio climático.
La soberanía alimentaria integra todos esos elementos. La seguridad alimentaria sólo considera que haya producción, sin considerar el costo ambiental, el costo social y el costo sobre la salud. Desde el punto de vista de la soberanía alimentaria, no da lo mismo que la carne la produzcan grandes conglomerados destruyendo y contaminando los ecosistemas de Paraguay y Brasil, o que se produzca en Chile en pequeñas y medianas propiedades, asegurando así un mejor pasar a familias productoras, campesinas e indígenas del país y una carne más sana para todas y todos nosotros.
El enfoque de seguridad alimentaria ha ido provocando el daño progresivo a la tierra, el agua, la naturaleza. La crisis climática tiene una de sus causas más importantes en el enfoque de seguridad alimentaria. La crisis alimentaria que muy probablemente sufriremos este año se debe a lo mismo. Y todo ese daño se ha hecho en nombre de la productividad, pero no han logrado solucionar el problema del hambre. La soberanía alimentaria nos permite producir y cuidar la naturaleza, que es la base material para seguir produciendo alimentos, incluso podemos restaurar y recuperar los procesos naturales, asegurando comida para hoy y para las generaciones futuras.
-«El Estado velará por que todas y todos los habitantes del país tengan en todo momento acceso físico y económico a una alimentación saludable, diversa, sin contaminantes, suficiente y culturalmente adecuada, que garantice una vida libre de hambre y permita un desarrollo mental, físico y espiritual digno y satisfactorio», constituye otro elemento propio de su propuesta de articulado. Ahora bien, surge la pregunta de qué manera esta iniciativa también depende de que se garanticen otros derechos, que hasta ahora han sido vulnerados o no están explicitados, como los de vivir en un ambiente saludable o el derecho humano al agua.
Sin lugar a dudas todos estos derechos están ligados y son interdependientes. También está ligado al derecho a un ingreso digno, a un trabajo digno, a la salud, a la seguridad social, etc. Igualmente, necesitamos que nuestro país sea efectivamente soberano, con un Estado que no sólo reconozca derechos, sino que tenga el deber de garantizarlos. Necesitamos que todos esos derechos y condiciones estén consagrados en la nueva Constitución, y ANAMURI, como muchísimas otras organizaciones sociales y populares, estamos trabajando en eso.
IALA 2015. Cedida por Anamuri. Por el Derecho a la Alimentación, un derecho fundamental e inalienable de los pueblos
-También en su articulado propuesto se asevera: «Será deber del Estado proteger, fomentar y apoyar la agricultura campesina e indígena, la pesca artesanal y la recolección artesanal, las que son fundamentales para garantizar el derecho a la alimentación…» Explícanos por qué el derecho a la alimentación está determinado por estas actividades y no por las operaciones de la gran industria alimentaria o extractiva.
Hay varias razones:
-Las grandes empresas están interesadas en el agronegocio, no en producir alimentos. Las grandes empresas en Chile no producen alimentos, producen postres, licores y vinos para exportar. La agricultura campesina e indígena de Chile tiene menos del 10% de la tierra, pero produce alrededor del 40% de los alimentos. Hay estudios en todo el mundo que muestran que la agricultura campesina es más productiva que la gran agricultura
-Las grandes empresas necesitan producir bajo sistemas de monocultivo (para maximizar sus ganancias) y dependen por lo tanto del uso de agroquímicos. La producción a gran escala es inevitablemente contaminante. Sólo la agricultura a pequeña y mediana escala puede producir de manera diversa y con métodos agroecológicos, asegurando la diversidad de alimentos que necesitamos, sin contaminar e incluso permitiendo recuperar los ecosistemas productivos que hoy están tan dañados
-Los efectos de la pesca industrial y la acuicultura industrial hoy están a la vista: de ser un país con una riqueza marítima inmensa 50 años atrás, hoy la mayor parte de las especies de peces y mariscos están en peligro de desaparecer. Antiguamente el pescado era un alimento popular, hoy es un lujo. Para recuperar la riqueza del mar y las costas tenemos que volver a poner en el centro la pesca artesanal y la recolección artesanal
-Finalmente, de ser incorporada esta iniciativa, ¿cuáles son las medidas de primer orden que se debieran implementar, destinadas a corregir o reparar situaciones y colocar en vigor estas garantías?
Una primera medida debiera ser establecer un programa nacional de apoyo a la agricultura campesina e indígena y a la pesca y recolección artesanales, centrado en la producción de alimentos para el consumo interno. Un programa así debe considerar apoyo financiero, técnico y reglamentario. Entre otras cosas, debe asegurar el acceso al agua de riego para la agricultura campesina e indígena, permitir la comercialización directa, reorientar la compras públicas hacia la producción campesina e indígena, regular a los poderes compradores para impedir abusos, establecer apoyos técnicos y financieros para transitar hacia procesos agroecolóigicos, etc. Al mismo tiempo, es necesario acabar con la pesca de arrastre y ampliar progresivamente los permisos de pesca y recolección artesanal
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