El 21 de junio pasado, el juez del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, Fernando Guzmán Fuenzalida realizó una visita no anunciada al Complejo Penitenciario Santiago 1. Esto debido a casos denunciados por torturas y extorsiones a reos primerizos que se encuentran en prisión preventiva, los que fueron constatados en terreno por el magistrado.

Por: Macarena Montes

El juez indicó en una nota de prensa que registraron "gran cantidad de personas privadas de libertad en espacios limitados, en condiciones sanitarias precarias. Al ingresar los imputados al módulo no se les asigna un dormitorio, el que deben encontrar por su cuenta, no obstante la situación de hacinamiento. No existe agua caliente. Cada cama debía ser compartida por tres o cuatro imputados. A dicha hora los internos se encontraban en los patios exteriores comunes. Personal de Gendarmería informó que dichas dependencias están destinadas para ser ocupados por personas que no registran condenas anteriores, lo que explica que cerca de 50/60% sean extranjeros".

En su reporte agregó que "Se observaron cámaras de seguridad con visión al patio, comedor y pasillos, pero sin perspectiva a dormitorios y sector de duchas. Solo a modo de ejemplo, en el módulo 33 el funcionario (...) señaló tener capacidad para 84 imputados y que en dicho momento se encontraban 226 personas privadas de libertad, con el 60% siendo extranjeros; y en el módulo 34, 196 presos en circunstancias que tiene capacidad para 84 imputados. Se observa escaso personal para controlar el comportamiento de los internos, especialmente durante las noches".

Entre las situaciones más crudas, se reveló que «hay reconocimiento que la extorsión de extranjeros organizados hacia los imputados primerizos chilenos es una realidad que se extendió durante este año, existiendo denuncias concretas con antecedentes verificables".

Se reveló el dramático caso de un imputado al cual "funcionarios de Gendarmería lo llevaron a una celda de aislado con tres personas más. Luego fue trasladado al módulo 88, lugar en que indica haber sido nuevamente amenazado, pero por un grupo de chilenos. Lo empujaron hasta el fondo del recinto, procediendo a sacarle sus ropas (lo dejaron en calzoncillos y toalla) para fotografiarlo, exigiéndole los números telefónicos de sus familiares para enviarles, vía WhatsApp, audios y fotos, y pedirles dinero a cambio de no agredirlo. Empezaron pidiendo entre $30.000 y $50.000 al día".

El juez indicó que los problemas más graves son «el hacinamiento del recinto, escasez de personal, puntos ciegos de cámaras de seguridad al interior de los módulos del recinto carcelario, deficientes criterios de clasificación para segregar a los imputados extranjeros, no obstante la gravedad de los delitos y crímenes atribuidos, por desconocer los antecedentes de éstos en sus países de origen; falta de coordinación con países vecinos para acceder a antecedentes penales de inmigrantes, la gran cantidad de teléfonos móviles y droga que son arrojados al establecimiento desde el exterior por terceros, y carencia de tecnología para inhibir señal para teléfonos móviles".

Imagen principal: Contexto visita del INDH a cárcel Santiago 1 en marzo de 2020