Durante los años setenta y ochenta, el régimen de terror imperante era conocido y nombrado como "la dictadura de Pinochet", así se asumía el rol protagonista de los militares y policías en la administración del Gobierno y, si bien se reconocían a civiles en este afán, todo el mundo sabía que el poder político era resorte de uniformados, por lo menos eso se pensaba entre los sectores populares y la ciudadanía en general.

Por Robinson Silva Hidalgo | Universidad Austral de Chile

Una vez fuera de La Moneda, los tímidos esfuerzos por verdad y justicia se centraron en esos militares, cómo se pudo y no sin dificultades, se persiguió penalmente a los grandes personajes de la represión chilena, encabezados por Manuel Contreras como rostro del crimen político dictatorial y Augusto Pinochet, el líder de ese entramado delictual que, subrayo, se centró en los crímenes contra la vida: ejecuciones y desapariciones fundamentalmente.

Avanzados los años noventa y llegando a los dos mil, se publicitaron los delitos económicos de Pinochet y sus cómplices, incluyendo a militares y civiles.

Así se fue instalando el concepto de dictadura cívico-militar para referirse al entramado de políticos de derecha y militares como los constructores del proyecto ideológico que llevó a cabo el régimen represor. De esta forma aparecen personeros como Cristián Labbé, Hernán Larraín y Sergio Onofre Jarpa, entre otros. Si bien esto fue un importante avance, es decir, reconocer el papel de colaboradores del gobierno autoritario y, a pesar de instalarse en las instituciones de la débil democracia transicional, no se avanzó suficientemente en la responsabilidad civil o penal de este tipo de líderes.

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Pero queda un último eslabón oculto en este entramado de agentes desarrolladores de la máquina neoliberal: el empresariado, y tal vez sea obvio, pues es el actor triunfante de todo el proceso. Mediante la complicidad, muchos de ellos "recuperaron" su sitio preminente en la economía chilena, participando en puestos de gobierno o beneficiándose de las políticas subsidiarias, a cambio de participar activamente en el apoyo político al régimen.

Es una asignatura pendiente indagar en la responsabilidad de los agentes económicos durante la dictadura, en esta línea es primero y principal conocer cuánto y cómo aportaron a las delaciones y detenciones que derivaron en ejecuciones, desapariciones, torturas y múltiples violaciones a los derechos fundamentales de miles de trabajadoras y trabajadores chilenos, los principales afectados por la política represiva dictatorial, cuestión que no debemos olvidar cada 1ro de mayo.

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En algunas investigaciones de abogados e historiadores, se ha definido casos que demuestran la responsabilidad empresarial. Solo para graficar:  los eventos de Liquiñe y Chihuío en el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (Los Ríos), Laja-San Rosendo (BioBio) o Pesquera Arauco (Valparaíso), muestran la colaboración empresarial para destruir sindicatos y con ello la vida de los trabajadores, sin embargo las penas -cuando existen- son mínimos y en algunas situaciones ha actuado la impunidad biológica debida a la tardanza en el avance de estos procesos.

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Hoy, es menester poner el ojo en estos actores civiles, empresarios cómplices en la muerte y afectación de familias y comunidades trabajadores, nuestros últimos mártires de Chicago, de las masacres salitreras, son los miles de trabajadores asesinados por la alianza de militares, políticos de derecha y empresarios, estos últimos también deben quedar registrados en la historia como represores, además de agentes políticos que terminan beneficiándose del patrimonio fiscal, por ejemplo, apropiándose de empresas públicas en extrañas privatizaciones que nunca se investigaron, como es el caso de Julio Ponce Lerou, a la sazón yerno de Pinochet.

Nuestro homenaje a las y los trabajadores de la imponente generación de los setenta es conocer, investigar y denunciar al empresariado chileno de ese mismo tiempo.