Pese a una pausada discusión que en septiembre cumplirá seis años, el miércoles Piñera envió un veto a la Cámara de Diputadas y Diputados para cambiar siete artículos a través de vetos aditivos y supresivos relacionados con el derecho de los padres o tutores al resguardo de intimidad e imagen de los hijos, y con los procedimientos judiciales para asistir al sistema de garantías. 

Por Kathia Cancino Rojas

El proyecto presentado en 2015 durante el segundo periodo de Michelle Bachelet se ha visto cruzado por numerosas trabas legislativas. De hecho, previo al veto enviado a la Cámara Baja por Sebastián Piñera, la semana pasada el Tribunal Constitucional acogió dos recursos presentados por Chile Vamos a finales de junio. 

Estos hacen referencia tanto a la "existencia de un choque entre la 'autonomía progresiva de los niños' y el derecho preferente de los padres a educarlos según lo establecido en la Constitución", como a la "obligación de que la educación sexual integral a recibir por niños, niñas y adolescentes debe ser 'laica y no sexista', lo que a juicio del bloque excluiría la posibilidad de una 'educación sexual religiosa", según lo consigna LA TERCERA. 

Al respecto, el veto ingresado por el mandatario seguiría la misma línea que la de sus contemporáneos de Chile Vamos, manifestando que el deber preferente de los padres de educar a sus hijos podría verse debilitado por algunos cambios introducidos por el Congreso, ya que "no consagran la responsabilidad real y el rol protector primordial que los padres y/o madres debe cumplir respecto a la protección de los sus hijos".

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A raíz de ello desde la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz explicó que esta situación se constituye en "una manifestación más de que en definitiva aquel slogan que dice relación con que los niños son primero no encuentra un correlato en las acciones efectivas, porque esta ley no solo es urgente sino profundamente necesaria para que el Estado de Chile asuma las obligaciones que hace más de treinta años tiene respecto de NNA que nacen o viven en nuestro país". 

Bajo esta misma línea, lo que resultaría sumamente preocupante es que existe una priorización de posturas conservadoras por sobre las necesidades legítimas de los NNA. Sobre ello, Muñoz apunta a que tras estas decisiones también se encontrarían "aquellos grupos que pretenden por vía de mitos y de falacias instalar en nuestra conciencia social que esta Ley de Garantías lo que hace es perjudicar o impedir el ejercicio de los deberes y derechos de las familias". 

Sin embargo, tales suposiciones serían falsas según lo argumentado por la Defensoría de la Niñez, debido a que el proyecto consiste en un trabajo no solo enfocado a favorecer, promover y difundir los derechos de NNA con ellos y ellas, sino también entregar más y mejores herramientas a la familias para que se encuentren en mejores condiciones de criar proteger, cuidar y amar a sus hijos e hijas. 

Si bien por el momento el veto se encuentra en espera de aprobación o rechazo en la Cámara de Diputadas y Diputados, desde la Defensoría lamentan que aún en el año 2021 "nos encontremos con una situación que siguen trabando estos grupos interesados en generar un lobby muy potente a nivel parlamentario y ejecutivo", y que como organismo "confiamos y esperamos que el parlamento rechace este veto y que cuando antes NNA que viven en Chile puedan tener, a través de la Ley de Garantías, no solo un reconocimiento como sujetos de derecho sino también un trato acorde a dicho reconocimiento", concluyó Muñoz. 

A continuación revisa las declaraciones desde la Defensoría de la Niñez: