Luego de aterrizar en Chile, el presidente Boric respaldó su gira que incluyó reuniones con el primer ministro de Canadá indicando la apertura de «muchísimas oportunidades» para Chile. Sin embargo, omisiones a las consecuencias que han arrastrado inversiones canadienses en la minería -como las de las empresas Kinross, Barrick Gold y Los Andes Copper- marcaron la agenda, y el abordaje político fue criticado por organizaciones que trabajan en la temática. Acá, presentamos tres ejemplos de inversiones mineras provenientes de Canadá que el presidente omitió ante capitales que, en el mismo país norteamericano, vulneran derechos.

Por Javier Arroyo Olea

Este sábado el presidente Gabriel Boric aterrizó en Chile tras el término de su segunda gira internacional, en la cual asistió a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos y visitó Canadá, reuniéndose con el primer ministro Justin Trudeau.

En este contexto fue que el presidente chileno fue emplazado tras sus dichos sobre las inversiones mineras de capitales canadienses, luego que este planteara que esperaba que dichos inversionistas se «comporten en Chile como si estuvieran en Canadá». Ante esto, la organización Mining Watch Canadá caracterizó como una «decepción» las palabras del mandatario chileno, apuntando a que son los mismos capitales los que han vulnerado derechos de pueblos originarios y protagonizado crímenes ambientales en el país norteamericano.

Kirsten Francescone, quien es representante de Mining Watch Canadá para Latinoamérica, señaló a Radio U de Chile «Chile no tiene que quedar al nivel de Canadá, porque ese nivel significa un retroceso. Chile tiene que ser líder con respecto a la protección social y a los derechos humanos para lograr tener un cierto equilibrio».

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Sin embargo, pese a las críticas, Boric reforzó su gira internacional este fin de semana, señalando que pretendió instalar a Chile como «un país atractivo porque está profundizando su democracia», ante lo cual «se le abren muchísimas oportunidades de cara a los desafíos del mundo», lo cual explayó en su visita con el primer ministro canadiense al referirse a la importancia de la minería para fomentar la electromovilidad y su relación para «incrementar los ingresos fiscales».

De esta forma, el mandatario chileno omitió los historiales cuestionados por comunidades que han afrontado al extractivismo minero, como también las críticas al proceso de transición energética corporativa que se ha estado impulsando durante los últimos años por los gobiernos chilenos, sin consulta a la población, ni cambio de matrices de producción, y mucho menos políticas públicas relacionadas a la defensa de los ecosistemas.

Considerando las inversiones, a continuación se sistematizan tres nudos de conflicto que son cruzados por capitales canadienses. Concretamente, por las empresas Kinross, Barrick Gold y Andes Copper.

La triada canadiense

Kinross Gold Corporation es una transnacional cuya sede se encuentra en Toronto, pero que sus límites de inversiones se expanden por diversos países como Estados Unidos, Rusia, Ghana y Chile. Abocados a la explotación de oro, en Chile la empresa cuenta con tres proyectos ubicados en la zona norte: todos en la región de Atacama.

La faena La Coipa, encabezada por la Compañía Minera Mantos de Oro, la mina a cielo abierto Maricunga y el proyecto Lobo Marte son los que conforman el portafolio de la transnacional, y que ha sido duramente cuestionada por las comunidades. Tal es el caso de Lobo Marte, que pretende ubicarse en la franja Maricunga a 160 km al este de Copiapó en las cercanías del Parque Nacional Nevado Tres Cruces -concretamente, próximo al corredor biológico de éste-, ecosistema cuya cuenca de la cual forma parte el Salar de Maricunga también se encuentra amenazado por la explotación de litio.

Asimismo, Kinross cuenta con historial de condena en términos ambientales, luego que en 2018 el Tribunal Ambiental de Santiago condenara a Minera Maricunga por daño ambiental a la vega Valle Ancho del mismo corredor biológico, el cual forma parte, al mismo tiempo, de un Sitio Ramsar. Por otro lado, las faenas de La Coipa han sido puntualizadas como contaminantes luego que  una investigación del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) de 2012 indicara que en 2008 la minera Mantos de Oro fue «el segundo emisor más gran de mercurio en Chile» en el marco de una filtración de tranques de relave de la faena.

Minera Maricunga | Fotografía: Kinross Chile

Ahora bien, cuando se habla sobre inversiones mineras canadienses, la memoria del norte de Chile y de los movimientos socioambientales resalta un nombre: Pascua Lama, proyecto encabezado por la transnacional Barrick Gold que pretendía explotar mediante una mina a cielo abierto oro, plata y diversos minerales desde la región de Atacama, apostando por la extracción de cerca de 20 millones de onzas de oro.

El cuestionado proyecto fue finalmente clausurado tras las presiones de la comunidad y diversas negligencias que fueron judicializadas mediante cargos contra la empresa. Fue en 2020 cuando el Primer Tribunal Ambiental señaló como incumplimientos ambientales aspectos relacionados al «monitoreo de los glaciares y glaciaretes; al monitoreo y descarga de aguas de contacto al río Estrecho; y la utilización de una metodología de cálculo de niveles de alerta de calidad de aguas no autorizada, que utiliza niveles más permisivos que los contemplados en la calificación ambiental».

Sin embargo, pese a su clausura, se ha denunciado el actuar ilegal de la transnacional en aspectos relacionados a, por ejemplo, la realización de sondajes que incumplían la orden de cierre. Asimismo, se ha emplazado a la empresa canadiense por realizar cuestionadas gestiones junto al Servicio de Impuestos Internos (SII) por ocultar información respecto a negociaciones respecto a un caso de colusión por devolución anticipada del IVA sin pagar.

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Sin embargo, estas no son las únicas empresas de capitales canadienses que encabezan criticados proyectos mineros. Los Andes Copper lidera el cuestionado proyecto Vizcachitas, el cual pretende instalar en la región de Valparaíso, específicamente en el territorio de Putaendo para la explotación de cobre y molibdeno perspectivando una producción de hasta 180 mil toneladas de cobre fino por más de 25 años.

El proyecto ha contando con el rechazo generalizado de la población, materializándose en protestas, acciones de organizaciones comunitarias para difundir la situación y de carácter judicial para frenar el avance del proyecto. Tal es el caso de lo ocurrido en marzo de este año, cuando el Tribunal Ambiental suspendió la realización de 350 sondajes mineros que se realizarían en el sector de Las Tejas luego que vecinas y vecinos apuntaron a daños irreversibles que generarían estas faenas.

Asimismo, se ha exigido la realización de una nueva evaluación ambiental como también el poner fin a la aprobación que permitiría la eventual realización de estos sondajes mineros. De igual forma, la propia empresa ha sido cuestionada por su actuar criminalizador, desde donde han ingresado una querella contra el alcalde de la comuna por intentar fiscalizar las obras de la empresa.

Fotografía: @elizabethchanell

La lista de inversiones canadienses sobre minería es aún más amplia, pero estas tres empresas dan cuenta de un modo de operar que, al menos, debiera haber sido cuestionado explícitamente tras la visita del presidente Boric. Por el contrario, la omisión y deficiente abordaje -generando una comparación criticada por las propias organizaciones canadienses- dan cuenta de una continuación en la lógica de profundizar el modelo extractivista y, por ende, sus nefastas consecuencias; sea mediante empresas transnacionales, como ha sido durante bastantes años, o ya sea amoldándose bajo empresas estatales. Pero sin abordar el trasfondo del modelo.