[resumen.cl] Mientras en Chile las y los viñateros se ven enfrentados a la imposición de precios de venta de su uva inferiores al costo de producción, sin que el Estado implemente normas regulativas y garantice la sustentabilidad de la actividad, sus pares de la provincia argentina de Mendoza han logrado que el Gobierno provincial establezca precios mínimos que los agentes compradores deben respetar y, en el caso en que sus cosechas no puedan ser vendidas, ha comprometido el financiamiento para su vinificación, evitando la pérdida.

Específicamente, se estableció la base de $20 (argentinos) por kilo para la variedad criolla (o País, como la conocemos en Chile), de $40 por kilo para la Malbec y otras variedades en la zona noroeste de la provincia de Mendoza. En la zona central se fijó el precio en $50 por kilo y en el Valle de Uco quedó en $65 el kilo. Además, se ha comprometido la entrega de $400 por quintal de uva (45.3 kilos) para cosecha y acarreo, y a las bodegas se le financiará $250 por quintal elaborado de uva Malbec, mediante créditos, según ha informado Infobae.

Estos precios representan el promedio del valor histórico de la uva y están por encima de lo que la gran industria vínica trasandina había cancelado durante los años más recientes, en tanto había rondado en los «$13 [por kilo] en las regiones donde se paga poco y en $24 donde recibe una mejor cotización», según detalló el mismo medio. Por su parte, el medio Los Andes enfatizó que los pagos serán semanales, lo cual es muy relevante para la solvencia de quienes deban cobrar.

Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza (APROEM)

Gabriela Lizana, presidenta de la Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza (APROEM), en conversación con Resumen, se refirió a la situación productiva de su gremio, del significado de este logro y también respecto a cómo el vino chileno, con agua añadida, constituye una amenaza para quienes representa.

"Desde nuestra entidad, hemos luchado mucho siempre por evidenciar la creciente concentración que existe en la industria respecto a los pocos poderosos que son formadores de precio y el abuso de su posición dominante. La falta de rentabilidad sostenida en el tiempo ha llevado a más de dos mil viñedos a su desaparición y a la consiguiente modificación cultural en Mendoza, de fuerte tradición vitivinícola.

Hace tiempo pedimos un precio de referencia para las uvas para colocar un límite a los abusos. Pedimos la intervención del Gobierno en nuestra defensa para mitigar la fuerte posición de los grandes. Estudios realizados por nosotros, en asociación con otras entidades, nos dicen que los precios que se le paga al productor, representan el 5% del valor total de la botella", indicó la presidenta de APROEM.

A este contexto, se sumó la introducción de vino chileno, «un vino que infringía nuestra ley, que en su momento no permitía en absoluto la incorporación de agua exógena a la elaboración, provocando sobrestocks y respaldando a agentes compradores para pagar bajo los costos de producción", afirmó.

La representante explicó que este año establecieron un precio mínimo de referencia para la compra de la uva, el cual fue considerado por el Gobierno provincial. «Ellos establecieron costos y nosotros sumamos una rentabilidad que nos permita trabajar […] Fue una actitud que de alguna manera comenzó a mostrar los precios necesarios para continuar. Ahora, en plena cosecha, existen pujas todavía porque los grandes no quieren acotar el precio [...] Nuestra lucha continúa, en el estudio de la cadena de valor, entender cuál es la causa por la que no hay justa distribución, qué podemos hacer con la presión tributaria que tenemos y cómo generar más ventas en el mercado o interno y externo», finaliza.

Paralelamente, en nuestro país los gremios viñateros ya han iniciado sus vendimias y han vuelto a enfrentarse a recurrentes prácticas dañinas con la absoluta anuencia del Ministerio de Agricultura. Yenny Llanos, vocera de la Coalición Nacional Viñateros de Chile, denuncia que esta institución no ha informado de forma oportuna ni veraz los precios que las grandes viñas y otras entidades compradoras están imponiendo para la compra de su uva, pues recién en la cuarta semana de vendimias publicó valores que responden a compras no representativas (mínimas) que algunas empresas realizan para calificarse dentro de sellos de sustentabilidad y comercio justo, y así dotarse de elementos publicitarios favorables.

Valores de compra de kilo de uva Moscatel

Valores de compra de kilo de uva Moscatel

Valores de compra de kilo de uva Moscatel

Actualmente, informa la vocera, los precios siguen siendo inferiores al costo de su producción. Las imágenes de anuncios de compra de uva indican precios que vuelven a evidenciar la ausencia de normas destinadas a proteger a quienes producen la materia prima de la industria vínica nacional. Para el caso de uva Moscatel se ha impuesto en el valle del Itata el precio de $120 el kilo, mientras que en el caso de la País denuncian un hecho que profundiza su desconfianza en la institucionalidad: con fecha 10 de marzo de 2021, el gremio viñatero ha capturado la imagen del sitio web de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) informando el precio de $160 el kilo por parte de la empresa Patacon en la región del Maule, sin embargo luego de un productor de Itata llamase este viernes 12 de marzo a esta e iniciar una tratativa por este valor como base, la compradora lo habría negado. Instantes después de este intercambio, ODEPA informó, con fecha 10 de marzo, que la uva País era comprada a $120 el kilo, cuarenta pesos menos que antes, cuando el costo actual de su producción es de unos $300, según informa el gremio.

Fuente: ODEPA

Fuente: ODEPA

La situación en la que perviven los gremios viñateros en Chile constituye, por sí misma, una denuncia contra autoridades públicas que de forma deliberada renuncian a su deber de implementar normas y políticas destinadas a resguardar las condiciones de trabajo de miles personas, en abierta complicidad con sujetos que acumulan ingentes ganancias a cuenta del despojo de una multitud. La normativa establecida en la provincia argentina de Mendoza, deja en evidencia que su implementación es posible y absolutamente coherente con la sustentabilidad de la propia producción vitivinícola y de quienes laboran en ella.