Este miércoles la empresa minera Aclara Resources -propietaria de REE UNO SpA, quien posee miles de concesiones mineras en la Región del Biobío- informó mediante un comunicado en la bolsa de valores de Toronto que recibió el respaldo del gobierno de Estados Unidos a su proyecto de separación de tierras raras.

Acorde a la información publicada por la empresa, esta se encontraría trabajando con la administración de Comercio Internacional del Departamento de Comercio de EE.UU. mediante el programa SelectUSA, el cual promueve la inversión empresarial en territorio estadounidense.

Punto clave para minera de tierras raras

En concreto, Aclara señaló que el trabajo entre ambas entidades busca «llevar a cabo un estudio destinado a identificar el emplazamiento óptimo para la instalación de separación prevista por Aclara en los Estados Unidos».

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El proyecto en cuestión forma parte de la llamada «cadena de valor» que la empresa minera ha planificado y anunciado con anterioridad, presentándose una secuencia donde la explotación de tierras raras pretende realizarla en Chile y Brasil, mientras que la separación de tierras raras en EE.UU., y la creación de materiales en Chile tras una alianza con la empresa CAP, relación que se ha visto fortalecida tras el cierre de la siderúrgica Huachipato.

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François Motte, director financiero de la empresa de tierras raras, señaló que «estamos muy satisfechos de recibir el apoyo del Gobierno estadounidense para encontrar la ubicación de nuestra planta de separación de tierras raras en Estados Unidos», situación que debiera considerarse también desde el plano geopolítico considerando que la mayor cantidad de tierras raras hoy son provenientes de China, generándose un tablero político cuya tensión se agudiza tras el reciente triunfo de Donald Trump.

Así las cosas, la empresa propietaria del proyecto minero que busca instalarse en Penco, cuyo proceso de evaluación ambiental aún no ha terminado, ha entrado explícitamente a jugar un rol clave para el gobierno estadounidense, situación que se cruza con el amplio historial de conflictividad y cuestionamientos que tanto la comunidad como también organizaciones sociales han levantado; más aún, luego que el proyecto fuera respaldado por el gobierno chileno.