[resumen.cl] En su casa falleció el día de hoy el exfiscal militar, Fernando Torres Silva, luego de que la semana pasada recibiera el beneficio carcelario de reclusión domiciliaria total, otorgada por el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Madrid, debido a la condición terminal de salud que padecía este despótico personaje de la dictadura. Es decir, el criminal debía cumplir el resto de la condena en su domicilio y Gendarmería debía encargarse de controlar esa sanción.

El exfiscal, cumplía condena de presidio en el penal Punta Peuco donde debía purgar 10 años y un día por su participación en el asesinato del también agente criminal de la dictadura Eugenio Berríos Sagredo; un químico mediocre que formó parte de la DINA-CNI, donde usaba el alias de "Hermes", integrando  la Brigada Quetrupillán, encabezada por el agente de origen estadounidense Michael Townley, y que se dedicaba a producir elementos para aniquilar prisioneros políticos.

Al término de la dictadura, el criminal Berríos Sagredo, dada su afición a las drogas y al alcohol, se tornó en un elemento peligroso y poco confiable para la red de asesinos y criminales que pretendían escabullirse de la acción de la tardía justicia chilena. Es así como sacan del país ilegal y clandestinamente a Berríos con destino a Uruguay. En ese país, aumentó el descontrol del agente y con ello el peligro que representaba Berríos para mantener en secreto la participación criminal de altos oficiales, por lo que la jerarquía pinochetista decide aplicar la "ley de la omertá" y lo asesinan. El crimen fue cometido y ocultado en un balneario uruguayo el año 1992.

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Por este crimen es que cumplía condena el ex fiscal de Pinochet, más tres años de presidio por el delito de asociación ilícita. A ello se le agrega otra condena que había recibido el año 2000 por su participación como cómplice en el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez cometido en febrero de 1982.

Ese tipo de persona era el exfiscal de la dictadura: un vulgar criminal. Durante su desempeño como fiscal se caracterizó por el odio y encono con que trataba a las prisioneras y prisioneros políticos de la dictadura que tenían la desgracia de ser "procesados" por este fanático fiscal militar.

Había ingresado a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en 1950. Recién egresó de la carrera en 1965, quince años después, y obtuvo su título nueve años más tarde, en 1974. Es decir, el abogadillo sólo pudo acceder a un título en medio de la euforia post golpe presentando como memoria una verdadera apología sobre el mando y la jerarquía militar. Su carrera la comenzó gracias a su servil vocación criminal pues fue designado como civil, bajo la denominación de "oficial de justicia", para integrar los llamados Consejos de Guerra con que la dictadura comenzó a realizar juicios sumarios y procesos ilegales para castigar a los presos del régimen. Luego de cumplida esa oscura labor, fue llevado a realizar servicios de apoyo legal en el edificio de gobierno que utilizaba la dictadura, el actual GAM.

En el año 1985 el abogado fue premiado por Pinochet y designado como Fiscal Militar y Auditor General del Ejército. Desde esa función se hizo conocido por la saña con que procesó a los miembros de la resistencia que caían prisioneros en la lucha contra el régimen tirano. Bajo la figura de "Fiscal Ad-Hoc", se hizo parte de los juicios contra integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) por el caso arsenales, por el secuestro del Coronel Carreño, por el atentado a Pinochet, entre otros, que dan cuenta de la crueldad de este abogadillo revestido de la capa gris de oficial civil del Ejército.

No sólo no respetaba la legalidad ni los derechos de las personas detenidas, sino que abusó de su potestad para amedrentar, castigar con arbitrarias y prolongadas incomunicaciones, dictar extensas prisiones preventivas, convertir su despacho es sala de interrogatorio hasta donde hacía ir a los agentes de la CNI a cumplir sus amenazas. Muchas de las personas detenidas no llegaban a distinguir si estaban siendo flagelados en un cuartel de tortura o en la oficina del fiscal. Cumplía también labores de encubridor legal de las operaciones criminales que ejecutaba la CNI otorgando órdenes truchas para justificar asesinatos ya cometidos, como en la dolosa Operación Albania, por ejemplo. Era un genuino representante de la esencia de odio y terror que encarnaba la dictadura.

Su aureola de poder empieza a apagarse cuando en octubre de 1998 es detenido Pinochet en Londres, Reino Unido. Ya en noviembre de 2000, Torres Silva es procesado por su participación en el crimen de Tucapel Jiménez. Los tribunales de justicia ordinaria nunca obstaculizaron la labor de la llamada justicia militar, en general, ni de este demencial personaje, en particular, ni las excesivas atribuciones que se arrogaba.

La muerte de este oscuro personaje no logra, en todo caso, ocultar la sucia maniobra del Gobierno chileno, que no conformes con el beneficio carcelario que le había concedido el ministro Alejandro Madrid, el día de ayer le había otorgado al criminal Torres Silva un indebido e ilegal indulto humanitario. El condescendiente ministro de Justicia Hernán Larraín, repite viejas prácticas de sus mejores tiempos de protector de criminales. Los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables ni indultables, pero esa norma, convenida y suscrita por Chile en compromisos internacionales en la materia, es pisoteada y deliberadamente ignorada por este gobierno. Este mismo ministro Larraín tiene un historial de protección y encubrimiento de los criminales de la ex Colonia Dignidad y sigue dando muestras de que esa conducta es vocacional y no casual.