Juan Contreras Jara / resumen.cl

Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet se continuó con la política de entregar el usufructo de la extracción no sustentable de recursos naturales a empresas extranjeras o nacionales. Una clara expresión de ello fue el contrato celebrado el pasado 17 de enero entre la Corporación de Fomento de Producción (Corfo) y SQM. En esta ocasión, el organismo estatal le entregó una ampliación en los permisos de explotación de litio hasta 2030, con una cuota de extracción de 350 mil toneladas.

Para el otorgamiento de esta cesión no fue impedimento que a la empresa SQM, como persona jurídica, le haya sido adjudicado el delito de cohecho, en carácter de reiterado y consumado, entre enero de 2010 y el 22 de diciembre de 2011, sin que sus ejecutivos fuesen responsabilizados y sancionados por ello. Más aun, el día de ayer, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la resolución que aprobó una salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento, acordada entre el Ministerio Público y SQM S.A. Esto implica que el proceso judicial se ha terminado anticipadamente mediante el compromiso de SQM de entregar dinero a diversas instituciones de asistencia social, además de pagar una multa de $900.000.000 ante la Tesorería de General de la República, según informó el poder judicial.

En cuanto a la extracción del litio en territorio chileno, ésta la realizan la empresa estadounidense Rockwood-Albemarle, que lo explota desde 1980, y SQM, empresa de capitales nacionales y extranjeros, que lo explota desde 1993 hasta la fecha. Sobre la legalidad y su significado para la economía nacional, Resumen conversó con Julián Alcayaga, abogado, economista y presidente de la ONG Chile Cobre, quien ha comunicado un aumento exponencial del requerimiento de este mineral, sobre todo, por el avance de la electromovilidad del parque automotriz.

-Es ya conocido que el Estado, a través de Corfo, entregó un aumento de la extracción de litio metálico de 350 mil toneladas a SQM hasta 2030. ¿Cuál es tu evaluación de esta determinación, desde el ámbito legal y político?

Desde el ámbito legal, eso no es legal. Corfo no tiene esas facultades, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, no tiene facultades para entregar derecho de explotación en el litio; porque la Constitución establece que solo la o el Presidente de la República puede entregar dicho derecho mediante concesiones administrativas o contratos especiales de operación, por decreto supremo.

Ahora bien, quizás Eduardo Bitrán (vicepresidente del Consejo Corfo) está actuando bajo el patrocinio de la presidenta Bachelet, pero aquí no se trata de "sí, yo estoy autorizado". Aquí la Constitución establece un marco legal y normativo y dice que el presidente, mediante decreto supremo, puede otorgar derecho a explotación. Esto es ilegal e inconstitucional y se lo hicimos saber al Contralor General de la República para que rechazara la toma de razón del acuerdo entre Corfo y SQM.

-¿Cuál ha sido la trayectoria de Soquimich desde sus inicios hasta su cambio de nombre por SQM?

El cambio de nombre se hizo en el año 1994. Soquimich pasó a llamarse SQM, precisamente para poder efectuar el contrato con Corfo, contrato que también es ilegal e inconstitucional. Desde el año 80, la Constitución establece que solo el Presidente de la República puede entregar el derecho de explotación en el litio. Como SQM tira plata para allá y para acá [cohecho], por eso consiguieron que el acuerdo perdurara.

Si bien es muy difícil pedir la nulidad de un contrato que tiene más de 20 años, se puede pedir la nulidad de derecho público, en el contrato que se haga ahora, igualmente en el contrato entre Corfo y Rockwood-Albemarle. A esta empresa norteamericana Corfo le entregó una ampliación en la cuota de explotación de litio el año pasado.

-¿Qué pierde el Estado de Chile y la nación en su conjunto con la cesión de la explotación del Litio a empresas privadas?

Lo que pierde es la posibilidad de industrializar en Chile. Para que eso pase se debe fijar en el contrato… entre el Gobierno y las empresas extranjeras; donde se les puede obligar a industrializar una parte del litio en Chile. Si no lo hacen en este contrato, posteriormente el Estado chileno no puede obligar a ningún inversionista extranjero a efectuar una determinada operación en el país, porque el TLC con E.E.U.U impide que se le pongan condiciones a la inversión extranjera, a toda, no solo a la norteamericana. Si no se le ponen condiciones al establecer el contrato entre el estado y la empresa extranjera, no se le pueden poner posteriormente.

-En cuanto a la administración del cobre, ¿cuál es tu evaluación de las operaciones realizadas durante el gobierno de Bachelet y qué prevés que ocurra durante el mandato de Piñera?

Bueno, en el anterior mandato de Piñera, entre el 2010 y 2014 Codelco perdió varios miles de millones de dólares, porque hay subfacturación. Las ventas que debería tener Codelco no aparecen en los registros, porque vendieron a menos precio, no se sabe lo que hicieron; por eso pusimos una querella, aunque la Fiscalía no hace nada para que se investigue lo sucedido. El balance del tiempo de Piñera fue desastroso, pero el balance a este segundo periodo de Bachelet también lo es.

Codelco sigue con excedentes muy bajos, pero aun es más desastrosa la situación de las empresas privadas extranjeras en el cobre; que en el año 2016 tributaron 18 millones de dólares y Codelco, produciendo dos veces menos que estas empresas tributo 900 millones de dólares, es decir 50 veces menos tributaron en su conjunto las empresas privadas que Codelco. Esta situación es inaceptable.

Ni en Servicio de Impuestos Internos (SII), ni nadie del Gobierno hace nada sobre ésto; el Ministro Valdés, cuando presentó estos resultado podrían haberle preguntado ¿cómo era posible que las empresas privadas pagaran menos que Codelco? Pero nada, es algo normal, esta gente destruye y entrega el país y no toman conciencia de aquello.

-¿Qué medidas urgentes debieran tomar quienes administran el Estado para resguardar la extracción de minerales en función del interés nacional?

Una de las medidas seria cambiar la tributación de las empresas mineras, volver a la tributación que existía antes del 90, que consiste en que la tributación se pague en base a la renta presunta; tributación que sigue existiendo, pero que solo se aplica a la pequeña minería. ¿Qué significa renta presunta? Que el impuesto a la renta se paga en base a lo que se vende, entonces nadie puede decir "yo no tengo utilidades"; porque las utilidades sobre la cual se determina el impuesto a la renta, están determinadas por lo que uno vende.

Esto lo cambió el gobierno de Aylwin en junio de 1990 y de ahí para adelante, las empresas privadas no han pagado impuestos, porque estos quedaron en base a la renta efectiva, pero quedó la [renta] presunta para la pequeña minería. En la actualidad, se puede hacer un cambio muy fácil; volver a la renta presunta para todas las empresas. Esto podría reducir el nivel de evasión, porque igual lo hacen... Naturalmente van a evadir, pero sería muy inferior a lo que ocurre en la actualidad. Una medida eficaz para evitar el robo que se hace por parte de las empresas extranjeras al litio y al cobre, es que el impuesto se pague en base a la venta.

Foto: Eduardo Bitrán de Corfo, el árbitro Héctor Humeres y Patricio De Solminihac de SQM. Extraída de La Tercera