[resumen.cl] En un documento firmado por las ministras de Interior y de Justicia, señalaron la tarde de ayer jueves que el nuevo gobierno retirará 139 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado contra manifestantes del Estallido Social y reparación a pymes. La agrupación de familiares de presas y presos políticos de la Revuelta valoró el gesto y la disposición de encontrar solución, aunque fueron enfáticos en señalar que lo fundamental es que se apruebe el proyecto de indulto que duerme en el Congreso.

El texto dado a conocer durante la tarde de ayer jueves 10 marzo indica que «luego de un trabajo conjunto, las ministras entrantes Izkia Siches y Marcela Ríos anunciaron como una de las primeras medidas del Gobierno el retiro inmediato de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE), presentadas en el marco del estallido social».

Agregando que «esta medida fue una promesa plasmada en el programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric y busca que la LSE no sea utilizada para la persecución injusta y desproporcionada».

Asimismo, el comunicado señala que «Por otra parte, desde el Ministerio de Economía se apoyará a micro, pequeños y medianos comerciantes de sectores afectados en el contexto de las manifestaciones del estallido social, quienes sufrieron de forma directa daños severos en sus fuentes de trabajo. Como parte de la agenda de recuperación inclusiva, se destinarán recursos para reactivar los barrios y espacios afectados, asegurando así que vuelvan a estar disponibles para emprender», aludiendo también a las pymes que fueron víctimas del desinterés del gobierno de Piñera para encontrar una solución a la crisis social.

Por su parte Osvaldo Durán, vocero de la Asamblea Nacional de Presos Políticos, comentó que «significa un paso, vemos que existe la voluntad de resolver el problema», no obstante, fue enfático en señalar que no resuelve el conflicto de fondo, que es la libertad de todas y todos los presos políticos del Estallido, y para ello indicó que «se debe seguir trabajando en el proyecto de ley de indulto y reponer todo lo que cercenó la derecha».

Cabe recordar que el proyecto de indulto general está siendo discutido en el Senado desde diciembre de 2020. Pasó ya por las comisiones de DD.HH., Seguridad Pública y dos veces ya por la de Constitución, instancia en la que se encuentra actualmente.

El proyecto busca, concretamente, promover un indulto a quienes cuenten con «calidad de autores, cómplices o encubridores, en cualquiera de los grados de desarrollo del delito, hayan incurrido o se encuentren imputados en el contexto de la protesta social en Chile».

Además delimita el rango temporal de consideración para el indulto, entre el 7 de octubre de 2019 el 9 de diciembre de 2020, día de la presentación del proyecto de ley que da origen a la presente norma.

Su aprobación busca poner fin a la persecución política realizada por el Estado chileno y sus tribunales de justicia, contra las personas que protestaron durante el Estallido Social.