"No es difícil ser revolucionario cuando la revolución ha estallado ya y se halla en su apogeo, cuando todos se suman a ella simplemente por entusiasmo, por moda y, a veces, incluso por arribismo. (...) Es infinitamente más difícil -y mucho más meritorio- saber ser revolucionario cuando todavía no se dan las condiciones para la lucha directa, abierta, verdaderamente de masas". (V. I. Lenin)

Por Danilo Billiard*

Lograr un acuerdo en materia de pensiones era una de las prioridades del gobierno para enfrentar el último año de su administración, pero lo acordado difícilmente se ajuste a su expectativa de poner fin al sistema de capitalización individual, que sin lugar a duda es la principal causa de las bajas pensiones, considerando la incidencia de los bajos salarios en el ahorro previsional. Es que, a estas alturas, definitivamente el programa de reformas comprometido durante la campaña del presidente Gabriel Boric ha entrado en franco declive.

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Una de las explicaciones que se atribuyen a esta especie de capitulación por parte del gobierno, es la desfavorable correlación de fuerzas a nivel parlamentario. En la medida que no se cuenta con mayoría en el Congreso, el gobierno se vería obligado a ceder a las presiones y los chantajes de la derecha política, endosándole toda la responsabilidad de que (como lo señalara el expresidente de la CPC, Juan Sutil), las AFP se validen y perfeccionen fruto de esta reforma.

Sin embargo, la responsabilidad de un mal acuerdo también reside en la estrategia que han puesto en práctica los sectores de gobierno, consecuencia de una visión gestionaria, y burocrática, de la política que se ha vuelto hegemónica en la nueva izquierda (fuertemente influida por la socialdemocracia neoliberal), y que tiende a reducir la función de los actores sociales a los procesos eleccionarios, desestimando así el papel decisivo que desempeña la movilización de masas en la lucha por nuestros derechos.

El problema de fondo es que la parlamentarización de la política debilita toda la capacidad de impulsar incluso reformas tenues al modelo neoliberal, provocando una parálisis en la acción colectiva que luego se traduce en decepción frente a las promesas de cambios sustantivos que los gobiernos progresistas no pudieron realizar. En ese contexto, el gobierno de Boric es otra experiencia fallida (otra más) en la historia reciente del campo heterogéneo del progresismo latinoamericano, y es poco creíble pensar que en un próximo gobierno se pueda enmendar el rumbo.

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Todas las conquistas de la clase obrera a lo largo del siglo XX no fueron producto de concesiones legislativas de la derecha ni de gestos altruistas por parte de los grupos empresariales, sino que resultado de luchas encarnizadas que incluso les costaron la vida a miles de trabajadores. El poder de las centrales sindicales y de las organizaciones populares fue una pieza clave en construir una correlación de fuerzas favorable a las reformas, de manera que, si en la actualidad nos encontramos frente a un escenario de desmovilización, es también porque la nueva izquierda abandonó completamente la política de masas, reemplazándola por las redes sociales.

Esta y no otra es la razón de fondo de que las AFP prevalezcan pese a décadas de lucha en contra del sistema de capitalización individual, pero la carencia de una política de masas se enmarca en una crisis de la alternativa al capitalismo que, tras el desmoronamiento de los "socialismos reales", no ha podido ser reinventada, imponiéndose como única posibilidad la administración corregida de lo existente. Y esta tendencia a la adaptación por parte de la nueva izquierda frente al "realismo capitalista" provoca la impotencia de la base social de apoyo y favorece el auge de la extrema derecha.

Por eso resulta paradojal que, para responder a esta amenaza, se nos sugiera forjar una alianza con los mismos sectores que le hicieron el juego a la extrema derecha, a riesgo de convertirnos en vagón de cola de la socialdemocracia neoliberal, como si construir una alternativa y una coalición de izquierda, recuperando la vigencia del socialismo frente al imperio de la propiedad privada, fuera imposible sin el respaldo de las fuerzas del orden.

De no haber inducido desde el poder ejecutivo la desmovilización (por privilegiar la política de los consensos), el gobierno podría haberse beneficiado de la presión que en las calles ejerciera el movimiento popular sobre la negociación con la derecha, logrando una reforma de pensiones que realmente afectara el negocio de las AFP y mejorara las pensiones. Y pese a que Boric cuenta con un respaldo que se ha mantenido estable en torno a un 30%, se trata de un apoyo pasivo y subordinado a la institucionalidad.

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Esta cooptación de la fuerza social responde a una estrategia que, si bien releva el protagonismo de la lucha de masas en la conquista de reformas parciales, limita su iniciativa y rechaza que se constituya como un poder dual autónomo, ya que considera al Estado como un espacio en disputa que puede ser puesto al servicio de las transformaciones sociales. Para este enfoque sociocéntrico (que fuera formulado por Nicos Poulantzas y puesto en práctica por el eurocomunismo), el Estado carecería de agencia, al ser una condensación de las relaciones de fuerza entre las clases.

Pero el Estado es también una de las formas de reproducción de las relaciones capitalistas, por lo que puede socavar la iniciativa del movimiento popular y burocratizar a las propias organizaciones de izquierda. De ahí la importancia, por un lado, de la autonomía del movimiento popular en cuanto a su condición irreductible al poder estatal-corporativo, y por el otro, de no confundir la dualidad de poderes con una versión caricaturesca de la vía insurreccional.

Dicho de otro modo, el poder popular como poder dual, autónomo del Estado, no consiste en un anti-institucionalismo, ya que esa condición irreductible es la que le garantiza la posibilidad de construir, en determinados momentos de la lucha, una alianza con las instituciones sin correr el riesgo de ser cooptado por estas. En definitiva, el desafío actual consiste en reinventar una política revolucionaria para el siglo XXI, asumiendo que transformar la sociedad es una tarea de largo plazo que requiere de un debate sobre las estrategias más apropiadas para enfrentar la situación de reflujo por la que estamos atravesando.

*Licenciado en Comunicación Social, Magíster en Comunicación Política