La historia demuestra que las sociedades avanzan cuando son capaces de aprender de sus errores. Los derechos humanos, las conquistas laborales, el voto femenino y la protección del patrimonio natural no fueron concesiones espontáneas del poder, sino el resultado de décadas de lucha de miles de personas que comprendieron que el bienestar colectivo debía estar por sobre los intereses particulares.

Hoy pareciera que transitamos por el camino inverso. El ascenso de la ultraderecha en distintas partes del mundo, y también en Chile, ha normalizado discursos que cuestionan consensos científicos, relativizan la crisis climática y desacreditan a quienes defienden el patrimonio natural. Se caricaturiza a las organizaciones ambientales como "extremistas", se descalifican leyes de protección ambiental y se instala la idea de que conservar los ecosistemas es un obstáculo para el desarrollo cuando la evidencia demuestra exactamente lo contrario.

Los recientes temporales que afectaron al país, con al menos 13 personas fallecidas, más de 3.500 de damnificados y cuantiosas pérdidas económicas, vuelven a recordarnos que la crisis climática no pertenece al futuro: ocurre aquí y ahora. Cada inundación, cada incendio forestal y cada desastre que golpea a nuestras comunidades evidencia el costo de décadas de decisiones territoriales que ignoraron el valor de los humedales, bosques y demás ecosistemas que mitigan estos eventos.

Resulta, entonces, contradictorio que en este escenario el Ministerio del Medio Ambiente continúe siendo una de las carteras con menor presupuesto del Estado y que, además, deba enfrentar nuevas reducciones. Chile ha suscrito tratados internacionales, ha desarrollado políticas para la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres; sin embargo, esos compromisos pierden sentido cuando quienes deben ejecutarlos disponen de menos recursos y menor capacidad de acción.

No deja de ser paradójico que el mismo Estado que reduce la inversión en prevención sea el que luego deba destinar miles de millones para reconstruir ciudades, reparar infraestructura, entregar ayudas de emergencia y enfrentar las consecuencias sociales y económicas de desastres cada vez más frecuentes. La naturaleza siempre presenta la cuenta, y cuando decidimos ignorarla, el costo termina recayendo sobre toda la ciudadanía.

Proteger el patrimonio natural no es una posición ideológica ni un capricho ambientalista. Es una decisión basada en evidencia científica, en responsabilidad intergeneracional y en el deber del Estado de resguardar la vida de las personas. El verdadero extremismo no consiste en defender humedales, bosques o ríos; consiste en persistir en un modelo que, pese a las señales inequívocas de la crisis climática, continúa debilitando las instituciones ambientales y subordinado el interés público a beneficios de corto plazo.

La pregunta, entonces, no es cuánto cuesta proteger nuestro patrimonio natural. La verdadera pregunta es cuánto más estamos dispuestos a pagar —en recursos públicos, en calidad de vida y en vidas humanas— por seguir postergando esa decisión.
Jocelin Varela M. Presidenta Corporación, Red de Humedales del Biobío