«Aunque los medios de comunicación ofrecen a simple vista una cierta diversidad, en realidad pertenecen mayoritariamente a los mismos grupos económicos. Los principales periódicos son El Mercurio y La Tercera; las cadenas de televisión más vistas son TVN, Mega, ChileVisión y T13, y las emisoras de radio con mayor audiencia, Bío Bío, Cooperativa y ADN. La población demanda cada vez más un mayor pluralismo informativo, lo que impulsa el desarrollo de medios alternativos, que aún carecen de profesionalidad y de fuentes de financiación estables». Este es el panorama mediático chileno según la ONG Reporteros Sin Fronteras que recientemente ha difundido su vigésima edición de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa.

Aniceto Hevia / resumen.cl

Esta Clasificación evalúa las condiciones en las que se hace periodismo en 180 países y territorios del mundo, a través del recuento de los ataques cometidos contra profesionales en el ejercicio de su labor, así como contra los propios medios; además de un análisis de la situación de cada país, evaluado a través de un cuestionario a personas vinculadas al oficio que contempla el contexto político, marco legal, contexto económico, contexto sociocultural y seguridad.

Chile fue clasificado en el lugar 82 de 180 con una puntuación de 60.61, es decir, en una «situación problemática» en cuanto al ejercicio periodístico. El pasado año, el país fue puesto en el lugar 54 por la misma entidad, lo cual representa un descenso en 28 puestos.

Los indicadores utilizados por Reporteros Sin Fronteras para esta medición son: contexto político, marco legal, contexto económico, contexto sociocultural y seguridad. De estos cinco, Chile registra la evaluación más baja en el el indicador Económico (42.86) con el cual se busca medir entre otras situaciones «las trabas económicas relativas a políticas gubernamentales (dificultad para crear un medio de comunicación, favoritismo en las subvenciones públicas, corrupción...)». En este sentido, el reclamo por igualdad de acceso a la distribución del avisaje estatal ha sido una exigencia levantada desde los primeros años de los gobiernos civiles. Manuel Cabieses, director de la extinta revista Punto Final, insistió en la consecución de este derecho sin que pudiera evitar el cierre de la publicación, principalmente por falta de financiamiento.

Sobre el problema del "favoritismo en subvenciones públicas" respecto a medios de prensa, recientemente el Consejo para la Transparencia (CPLT) estableció que el gasto en avisaje y publicidad por parte de organismos de la Administración del Estado, entre 2019 y 2020, aumentó en un 13%, pasando de $34 mil millones a casi 39 mil millones de pesos, y totalizando en ambos años sobre $ 70 mil millones de pesos. Al tiempo que la institución reconoció lo incompleto del registro debido a «la falta de transparencia en la forma de informar sobre este tipo de gastos» e informó que «en el caso de contrataciones vía Convenio Marco, una concentración de adquisiciones efectuadas a las Empresas El Mercurio S.A.P., junto a la Sociedad Periodística Araucanía, Empresa Periodística el Norte S.A. y El Mercurio de Valparaíso, que en suma concentran órdenes de compras que bordean los 8 mil millones entre 2019 y 2020, todas pertenecientes al mismo grupo empresarial». Junto a ello, «otro hallazgo observado por el Consejo es la existencia de proveedores que se repiten, en 2019 y 2020, en el top ten de las empresas con mayores montos de adjudicación de licitaciones. Lidera este ranking la Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión y la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), caso en el que se identificó una licitación adjudicada en el año 2019 por un total de $ 613.137.284 (25,35% del monto total del período), que corresponde al servicio de "Publicidad en Radio" licitado por la Subsecretaría General de Gobierno…».

Anteriormente, en septiembre de 2021, Diario El Mostrador, informó que ante una consulta al SERVEL, vía Transparencia, el organismo contestó que desde enero hasta el 30 de junio de ese año había gastado $6.246.034.956 en pagos relativos a difusión y publicidad de información referida a elecciones anteriores. En este contexto, la empresa El Mercurio había sido contratada cuatro veces en condición de «proveedor único», sin mediar licitación, traspasándole una cantidad total de $556.429.860. Sus filiales regionales: El Mercurio de Valparaíso, había obtenido catorce contratos por un total de $332.237.425; Empresa Periodística El Norte S.A. se adjudicó quince contratos por un total de $151.886.036; Diario El Sur S.A., ha obtenido seis contratos por $80.618.777, y la Sociedad Periodística Araucanía S.A., 38 contratos por $266.508.285. Por otra parte, el conglomerado de medios, Copesa, tiene 2 contratos, por un total de $41.026.440, informó.

Junto a la bajísima puntuación en cuanto al indicador económico, también lo es para el de Seguridad (55.15), consignando que «El recrudecimiento de las manifestaciones y protestas, y el cuestionamiento del modelo político actual han dejado al descubierto las violencias perpetradas contra los periodistas por la policía y los organismos de inteligencia militar. Las leyes existentes son poco eficaces para proteger a los profesionales de la información y, a pesar de algunos avances, los ataques contra los periodistas y los medios siguen quedando mayoritariamente impunes». En efecto, han sido múltiples los ataques contra comunicadores/as por parte de agentes del Estado o bien con su evidente anuencia, siendo representativo de ello diversos casos ocurridos, sobre todo, desde el Estallido Social hasta ahora.

– La periodista penquista Matina Polanco, quien sufrió daño ocular luego de recibir el disparo en uno de sus ojos del carabinero Mario Lincoyán Vera Garrido, recientemente formalizado y dejado con las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a ella. El hecho ocurrió en noviembre de 2019 cuando se desarrollaban protestas sociales en Concepción.

– El 24 de octubre, un conjunto de trabajadoras/es de medios con sede en Concepción, entregó una carta a Carlos Huber, entonces jefe de la Defensa Nacional para la Provincia de Concepción, en el contexto del estado excepción constitucional decretado por Sebastían Piñera, en la cual expresaban su rechazo de las agresiones y vejaciones sufridas por sus pares, detallando que:

«Repudiamos la violencia desmedida de la que fueron víctimas nuestros colegas: La reportera gráfica del sitio Sabes.cl, Jasna Núñez, quien el 21 de octubre fue arremetida por la caballería de carabineros causándole varias lesiones y la pérdida de su equipo; el reportero gráfico Lukas Jara de Diario Concepción, quien fue herido el día 21 de octubre con perdigones en sus manos; el camarógrafo de canal nacional Mega, Alejandro Torres, quien el día 22 de octubre resultó afectado por un perdigón en uno de sus ojos durante una cobertura en la comuna de Chiguayante; el reportero gráfico Juan González, quien cubría las manifestaciones en el centro de Concepción, donde fue herido con un perdigón en su espalda; y el periodista y subdirector de comunicaciones de la U. de Concepción, Fernando Venegas, quien el 23 de octubre recibió el impacto de un balín de goma directo en su pecho, el que fue realizado por un efectivo policial apostado frente al inmueble y reconocido por la víctima».

-La noche de inicio del 2020 en la ciudad de Santiago, la fotógrafa Nicole Kramm recibió un proyectil en uno de sus ojos, «íbamos caminando por Alameda con amigos hacia la Plaza de la Dignidad y cuando pasando por el monumento de Carabineros de Chile al frente del GAM, divisamos a varios piquetes de policías, inmediatamente aceleramos el paso cuando de pronto siento un golpe muy fuerte en mi ojo. El golpe fue tan fuerte que me derribó y me descompensó por completo. Me sangraba un montón. Fue traumático y desesperante. Los y las voluntarias de salud me vendaron los dos ojos y la cabeza, me subieron a la camilla y como Carabineros siguió disparando el paramédico puso un escudo para sacarme del lugar», declaró a El Siglo.

-En julio de 2020, un camarógrafo de Ufromedios, dependiente de la Universidad de La Frontera en Temuco, que cubría una manifestación de repudio a los abusos sexuales y violación que se le imputan a Martín Pradenas, en en el frontis de la casa de su familia en la capital de la Región de la Araucanía, fue golpeado y detenido por carabineros.

– Hace algunas semanas, cuando un periodista de Chilevisión consultaba a camioneros por los motivos de la paralización recibió agresiones de parte de choferes adheridos al paro sin que los efectivos policiales ahí presentes detuvieran tales actos si tampoco aplicaran una sanción ante su flagrancia.

-La situación de mayor gravedad radica en el disparo recibido por la reportera del canal de televisión Señal 3 de La Victoria, Francisca Sandoval en las manifestaciones del 1 de mayo reciente. Hasta ahora, el Centro de Investigación Periodística (CIPER), ha reconocido a once hombres que hicieron uso de armas contra manifestantes y quienes estuvieran ahí, reuniendo los registros de diversos medios y también de cámaras de seguridad del lugar. En ellos se puede ver que algunos de estos sujetos interactúan con carabineros, sin recibir contención alguna por parte del contingente policial que estaba en lugar. Este jueves, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, justificó el ataque de estos sujetos contra manifestantes y, tácitamente, contra la reportera, afirmando: «Aquí no estamos hablando de manifestantes. Estamos hablando de un enfrentamiento entre quienes querían proteger sus locales comerciales y quienes quería destruir lo que había ahí».

En el marco del indicador de Seguridad, también se incluye el «sufrimiento psicológico o emocional» causado a periodistas por el ejercicio profesional, producto de una eventual vigilancia sobra sí. Respecto a ello, cabe señalar que en Chile se ha ejercido vigilancia y espionaje contra periodistas por parte de autoridades del Ejército. El pasado año quedó al descubierto las solicitudes de información personal al Registro Civil, por parte de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), respecto del periodista Mauricio Weibel, quien reveló el millonario desfalco al fisco conocido como "Milicogate", Pascale Bonnefoy (corresponsal en Chile de The New York Times y autora de investigaciones sobre violaciones de Derechos Humanos); Juan Cristóbal Peña (autor de libros sobre el FPMR); Santiago Pavlovic (periodista de Informe Especial, de TVN); Danae Fuster (ex periodista de Informe Especial) y Javier Rebolledo (autor de libros sobre crímenes militares durante la dictadura), según informó CIPER.

En cuanto al Marco Legal que regula el ejercicio periodístico, Reporteros sin Fronteras señala: «La Constitución vigente en Chile fue impuesta por la dictadura cívico militar en 1980, y sufrió algunas modificaciones durante el tercer gobierno de la Concertación (200-2006). La Ley sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, promulgada en mayo de 2001, se engloba en ese marco jurídico. La nueva Constitución, que debe redactarse este 2022, prevé una revisión de las normativas de prensa, para dejar atrás las reminiscencias de la dictadura y garantizar el derecho a la información». De este modo, se infiere la expectativa en la nueva Carta Magna existente por quienes observan el desempeño comunicacional al interior del país.

Actualmente, el trabajo periodístico también adolece de la ausencia de derechos laborales para quienes lo ejercen, la tasa de quienes carecen de garantías contractuales y de salarios adecuados a los requerimientos actuales se incrementa permanentemente. Los equipos de prensa son cada vez más pequeños, normalizándose la polifuncionalidad y, en los casos en que las y los trabajadores alcanzan a organizarse y bregar por mejorar sus condiciones laborales, reciben ataques por parte de sus empleadores, como ha sido corroborado por la justicia en el caso del Sindicado de Radio Biobío, que condenó en primera instancia a la empresa a reconocer al aire sus prácticas antisindicales de reemplazar a trabajadores mientras estaban en huelga el año 2019.

Sin duda, el reciente reporte internacional induce a la sociedad chilena en su conjunto a exigir que el periodismo sea ejercido en el marco de un Estado democrático, en el cual se asume que la información veraz y oportuna constituye un derecho inalienable y es condición necesaria para el ejercicio del resto de garantías constitucionales.