Jacqueline van Rysselberghe y el Servicio Médico Legal de Concepción están en el ojo del huracán luego que se revelara que la militante UDI realizó un peritaje que podría permitir a José Otárola, condenado por la Matanza de Laja-San Rosendo, zafar de su condena. El SML indicó que pese a estar contratada para trabajar en la institución, dichos peritajes no corresponden a sus funciones.

Por J. Arroyo Olea

A inicios de esta semana RESUMEN publicó los motivos que el Servicio Médico Legal (SML) de Concepción contrató a la exsenadora por el Biobío y militante de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe. El organismo indicó, entre otras cosas, que su contratación abarca los meses de abril, mayo y junio de este año, luego de no existir «interés de profesionales de áreas» para ser parte del programa Brecha Psiquiátrica y que su proceso de contratación consideró la recomendación de médicos, evaluación de currículum y entrevista personal (más información acá).

El plan de trabajo para la militante UDI está estipulado para que de cobertura «para cubrir la brecha de psiquiatría del 2018-2022 para casos criminales», donde recibiría honorarios de $350.000 por cada informe de pericia psiquiátrica realizada y entregada. Es sobre estas mismas pericias que últimamente se ha cuestionado el actuar de la actual prestadora de servicios del SML.

En este contexto, el sitio de memoria Londres 38 denunció que van Rysselberghe declaró enajenado mental al criminal de lesa humanidad, José Otárola Sanhueza, condenado por la Matanza de Laja-San Rosendo cometida durante dictadura. Concretamente, se denunció que tras un peritaje de la militante UDI el criminal podría zafar de una condena de 15 años y un día por su responsabilidad en el homicidio calificado de 19 personas (más información acá).

Te puede interesar| Investigación por corrupción, déficit en municipio y los peritajes que dejarían sin condena a criminal de lesa humanidad: Parte del historial de Van Rysselberghe

El caso ha hecho cuestionar el actuar tanto de van Rysselberghe como también del propio organismo dependiente del Ministerio de Justicia. Ante esto, el Servicio Médico Legal emitió un comunicado en donde hace ver que el peritaje de la militante UDI no está dentro de las funciones para las cuales fue contratada.

En el escrito, el SML acredita que «la profesional fue contratada con el fin de realizar solamente peritajes considerados como ‘brechas’ de entre 2018 y 2022 para casos criminales. Los vinculados a violaciones de DD.HH. en dictadura no corresponden a dicho Plan de Brechas».

Ante esta situación, la Dirección Nacional del SML ordenó la realización de un sumario para «esclarecer las arzones por la que fue asignado este peritaje a la mencionada profesional».

Como respuesta tardía, el SML determinó que «todas las causas de violaciones a los Derechos Humanos, y los peritajes solicitados, sean coordinados desde el nivel central de la institución, a través de la Subdirección Médica».

Comunicado de prensa

El abogado querellante del caso Laja-San Rosendo, Patricio Robles, indicó que el comunicado del SML «va en línea con lo que reclamaba esta parte querellante. Sin embargo, resulta ser insuficiente». En este punto, Robles explicó que existe » un aspecto ético donde la doctora van Rysselberghe debió haberse inhabilitado considerando sus opiniones en torno a esta clase de casos», dejando ver un funcionamiento al debe del Servicio Médico Legal.